Por: Camilo Enciso *
En octubre de 2017 una corte francesa condenó al vicepresidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Nguema Obiang Mangue, Teodorín, por el blanqueo de capitales originados en sobornos recibidos durante su gestión como ministro de Agricultura. Con el dinero obtenido, Teodorín compró en Francia 18 autos de lujo, docenas de obras de arte, joyas de todo tipo y múltiples bienes raíces, incluyendo una mansión valorada en cien millones de euros, ubicada en la Avenida Foch, en la que se encuentran las legendarias mansiones de las familias Onassis y Rothschild.
En los Estados Unidos, el Departamento de Justicia descubrió que Teodorín había comprado objetos de colección de Michael Jackson por 1,8 millones de dólares, un avión Gulfstream G-V de 38,5 millones de dólares, una mansión en Malibú de 30 millones de dólares y muchos activos más. En 2016, autoridades suizas confirmaron la confiscación de 11 carros de lujo en Ginebra del mismo personaje y autoridades holandesas le incautaron un yate de 76 metros de longitud, de 120 millones de dólares.
El caso de Teodorín no es único. Valiéndose del control que tienen sobre la rama judicial, los órganos de investigación penal, los medios de comunicación, o simplemente aprovechando el poder que tienen sobre el aparato militar y de policía de sus países, algunos políticos y funcionarios de los más variados lugares del planeta usan su poder para enriquecerse a expensas de los más humildes y en violación de la confianza depositada en ellos por sus conciudadanos.
De otra parte, Transparencia Internacional afirmó en 2004 que el presidente Suharto, quien lideró los destinos de Indonesia entre 1967 y 1998, cuando su régimen fue derrocado, robó al menos cerca de 15 mil millones de dólares del erario público. Isabel dos Santos, hija de quien fuera por treinta años presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, tiene una fortuna de dos mil millones de dólares, cuyo origen aún sigue siendo objeto de fuertes cuestionamientos en su país e Inglaterra. Peor aún, cálculos conservadores estiman que el régimen megacorrupto de Nicolás Maduro ha extraído ilegalmente de Venezuela más de 150 mil millones de dólares.
En Latinoamérica, cada nueva noticia que se publica relacionada con el escándalo de corrupción de Odebrecht-Braskem, que ha tocado a congresistas, diputados, presidentes y empresarios encumbrados, no deja de causar asombro. Odebrecht y Braskem pagaron más de 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 12 países durante cerca de una década. En 2016, autoridades brasileras, estadounidenses y suizas anunciaron que habían llegado a un acuerdo con ambas empresas, por el cual se comprometían a pagar 3.500 millones dólares a los tres países. De los 12 países en los que Odebrecht y Braskem pagaron sobornos, sólo Brasil recibió parte del dinero.
Lo cierto es que en ocasiones políticos corruptos de la peor ralea logran gobernar en sus países con absoluta impunidad, en detrimento de sus pueblos. Solo excepcionalmente las cortes de otros países logran juzgarlos y hacer efectivas las penas en su contra, cuando la conducta corrupta se ha consumado afectando una ley o bien jurídico protegido en su territorio, o cuando los corruptos se han valido de bancos, correos, empresas u otros vehículos de inversión, ubicados en él, para consumar sus delitos.
Pero la regla es que logran reinar con el mayor descaro hasta su muerte o caída. Los sistemas judiciales de los países gobernados por esos cleptócratas les dan esa patente de corzo; y la falta de voluntad o la incapacidad de coordinación efectiva de otros países para combatir la corrupción transnacional y el lavado de activos, del cual muchas veces se benefician, aseguran que nunca les pase nada.
El daño que los cleptócratas ocasionan sobre sus países y sobre sus áreas de influencia es demoledor. Su corrupción desaforada conduce a la violación de los derechos humanos, despedaza las instituciones, ahuyenta la inversión extranjera, ralentiza el desarrollo económico, y mina la democracia y la credibilidad en el Estado de Derecho.
Por todo lo anterior, hace un par de años ya, más exactamente el 19 de abril de 2017, Colombia realizó un pronunciamiento oficial en el cual expresó su respaldo a la creación de una Corte Internacional Anticorrupción, convirtiéndose así en el primer país en hacerlo. Ese día, el presidente Santos afirmó:
“Ahí (en la Cumbre Global Anticorrupción de Londres de 2016) se habló de la Iniciativa de Integridad Internacional del juez Mark Wolf para crear una Corte Internacional contra la Corrupción, a imagen y semejanza de la Corte Penal Internacional. He tomado la decisión de apoyar esa iniciativa, y Colombia se convertirá en una de sus promotoras (…)”.
Tiempo después, en noviembre de 2018, el nuevo gobierno de Colombia impulsó –en el marco de una reunión de la Organización de las Naciones Unidas– la adopción de una resolución que invita a los países a sostener una sesión especial en el marco de la Asamblea General para discutir los desafíos y medidas que podrían adoptarse para prevenir y combatir la corrupción y para fortalecer la cooperación internacional. Días después, el canciller de Colombia expresó que abogará por la creación de la Corte Internacional Anticorrupción en la cumbre del año 2021.
Varios países de América Latina están en una posición privilegiada para liderar ese esfuerzo. Después de todo, han sufrido la corrupción con inclemencia y sus nuevos gobiernos han llegado al poder enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción. El mandato que han recibido del pueblo que votó por ellos les exige mostrar avances concretos en sus esfuerzos por combatir ese flagelo. Esperamos que todos se sumen a la difícil –pero importante– tarea de crear la Corte. En próximos escritos desarrollaré algunas ideas concretas sobre el alcance, competencia y demás reglas de juego que podrían regir a dicho tribunal.
Baste decir por ahora que con las investigaciones, decisiones y sanciones que podría imponer esa Corte sería más fácil recuperar activos para las víctimas; los gobernantes tendrían mayor consciencia de que no pueden robar a sus pueblos con impunidad; que no pueden comprar apartamentos, yates y aviones y disfrutarlos con tranquilidad; que no pueden viajar por el mundo como si nada; que la violencia o corrupción con que controlan a los fiscales y cortes de sus países poco les sirve en un nuevo orden global comprometido con derrotar el flagelo de la corrupción; y que ni siquiera ellos, con el poder que tienen, pueden escapar a la luz de la justicia.
* Director del Instituto Anticorrupción y Ex Secretario de Transparencia de Colombia
@camiloencisov