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El planteamiento sobre presencia económica significativa (PES) se contradice con lo relevante que es promover la digitalización del país, y cómo justamente a partir de este fenómeno pueden impulsarse esos cambios deseados en las dinámicas económicas, relacionadas con la efectiva inclusión de todos los colombianos a las mismas.
En principio parece razonable que, si existen compañías extranjeras que generan rentas de fuente nacional, se contribuya al Estado por su causación. Además, dado que los modelos propios de la economía digital, que implican la prestación de servicios de forma global y que no necesitan que los proveedores se establezcan en las jurisdicciones donde desarrollan su actividad. Resulta, a simple vista, lógico que se planteen alternativas para lograr capturar impuestos por esta vía.
Esta no es una problemática que se haya identificado por Colombia, sino que se viene discutiendo de forma multilateral hace años en el seno de la OCDE, en búsqueda de una solución para evitar la doble imposición y que pueda ser globalmente implementada. El enfoque unilateral planteado en la reforma podría perjudicar aún más la economía colombiana. Estaríamos compitiendo de forma desigual por la inversión, al tener una situación fiscal menos atractiva para el desarrollo de las iniciativas digitales. Además, estas cargas generan desincentivos y costos transaccionales adicionales que pueden terminar incrementando precios para los consumidores.
Las MiPymes y la economía popular, por ejemplo, se verían afectadas en el uso de servicios tecnológicos que, dada su poca flexibilidad, se encarecerían obstaculizando así su acceso a los beneficios que la digitalización genera en su crecimiento e inserción en un mercado interconectado.
Suponiendo que la previsión que hoy contiene el artículo en términos de condicionar su vigencia a la adopción de un acuerdo multilateral aparezca como una salida salomónica, no debe perderse de vista que, incuestionablemente, esto implica un freno para el despliegue de la digitalización. Debemos valorar si el eventual recaudo que pueda obtenerse con esta medida, se compadece con los beneficios que la consolidación de esta industria puede traerle a la economía; no perdamos de vista que el crecimiento que hemos observado en los últimos años es incipiente e impulsado por la pandemia; el reto es hacerlo sostenible.
El traslado a ambientes digitales permite hacer trazables los intercambios, volviendo transparentes las puntas de la operación económica, llevando a luz actividades que tradicionalmente se han mantenido en la sombra y que no contribuyen en términos de fiscalización al desarrollo económico.
Lo lamentable es que el apetito fiscal, determinado por los apuros que siempre tiene el país en esta materia, desestime las ventajas que podría entregar una visión prospectiva de la contribución que puede aportar la economía digital, si no se inhibe su crecimiento y se le mantiene en un ambiente competitivo. Si viéramos la fiscalización de la economía digital desde una perspectiva de mediano y largo plazo, resulta lógico evidenciar que promoverla tiene necesariamente como consecuencia lograr el objetivo de ampliar la base de la población y de las actividades que tributan.
* Presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico