Lo inadecuado de la respuesta de la Iglesia Católica al abuso sexual de menores

Por: Kieran Tapsell*

En 2012, el Gobierno australiano estableció una Comisión Real para examinar las respuestas institucionales al abuso sexual de menores. La Comisión Real ha realizado más de 50 estudios de casos, de los cuales muchos están relacionados con la Iglesia Católica. En febrero de 2017, durante tres semanas, se celebró una audiencia sobre la Iglesia en la que dieron testimonio tres miembros de la Comisión Pontificia del papa Francisco para la Protección de Menores.

El presidente de la Comisión Real, el juez McClellan, les comunicó que su trabajo era de fundamental importancia para el mundo porque la Comisión Real cree fervientemente que un cambio real en la cultura y las prácticas de la Iglesia sobre el abuso sexual de menores, solo se puede producir si proviene del Vaticano.

Sin embargo, después de varias horas de interrogar a los miembros de la Comisión Pontificia, los cuales comentaron sobre la oposición y la falta de recursos a su trabajo en Roma, el juez observó: “La imagen que ustedes describen... es la de una organización mundial que le cuesta aceptar su responsabilidad de salvaguardar la seguridad de los menores”.

Una característica sorprendente del testimonio de los miembros de la Comisión Pontificia fue la falta de mención sobre la reforma del derecho canónico en relación a la estructura y sistema disciplinario de la Iglesia y a la obligación de denunciar a las autoridades civiles. No hay ningún abogado canónico entre los 16 miembros de la Comisión Pontificia.

Desde 1996, las Conferencias de los Obispos Católicos de Irlanda, Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia han querido establecer la obligación canónica de denuncia de abusos a las autoridades civiles, pero el Vaticano, una a una, ha rechazado las solicitudes. En septiembre de 2014, el papa Francisco rechazó la solicitud por parte de dos Comités de las Naciones Unidas del Derecho del Menor y contra la Tortura de imponer denuncias obligatorias con la excusa casuística de que interferiría con la independencia de los Estados soberanos. La excusa es absurda. El derecho canónico interfiere con la soberanía de las naciones independientes tanto como las reglas del golf. La denuncia obligatoria en virtud del derecho canónico sólo interferiría con esa soberanía si un país prohibiera la denuncia de abuso sexual de menores a la policía. No existe tal país.

En febrero de 2016, el presidente de la Comisión Pontificia, cardenal O’Malley, afirmó que “aparte de estos requisitos civiles, todos tenemos la responsabilidad moral y ética de denunciar las sospechas de abuso a las autoridades civiles”. Esta declaración fue muy bien aceptada al sugerir que la comisión podría convencer al papa Francisco de cambiar de opinión acerca de las denuncias obligatorias. Sin embargo, el 6 de diciembre de 2016 la Comisión Pontificia publicó sus directrices sobre los protocolos nacionales del abuso sexual de menores. La declaración del cardenal O’Malley no fue incluida en las directrices.

Existen serios problemas con el sistema disciplinario canónico. El papa Francisco sigue afirmando que tanto él como el papa Benedicto XVI han adoptado una política de “tolerancia cero” al abuso sexual de menores por la Iglesia. Pero tal como afirmó un influyente miembro de los Hermanos De La Salle a la Comisión Real, el derecho canónico lo hace imposible. La declaración del papa Francisco tampoco se apoya en las cifras que presentó a las Naciones Unidas. La tolerancia cero en un contexto profesional casi invariablemente significa despido, pero sólo una cuarta parte de los sacerdotes que han abusado sexualmente de menores han sido despedidos. La tolerancia del Vaticano es un 75%, no cero.

Marie Collins, sobreviviente de abuso y miembro de la Comisión Pontificia, ha renunciado porque “lo que ocurría a puertas cerradas estaba en conflicto con lo que se decía en público”. La falta de coherencia entre la retórica del papa Francisco y su renuencia a reformar la ley canónica sobre el abuso sexual de menores puede llegar a ser la mancha principal de su papado.

Cuando Kathleen McCormack describió su trabajo en la Comisión Pontificia como “verter agua en una roca, tenemos que seguir insistiendo”, no dejó mucha esperanza para el optimismo.

*Autor de Potiphar’s Wife: The Vatican’s Secret and Child Sexual Abuse (ATF Press, 2014). Traducción por Lidia Bilbatua.

Por: Kieran Tapsell*

En 2012, el Gobierno australiano estableció una Comisión Real para examinar las respuestas institucionales al abuso sexual de menores. La Comisión Real ha realizado más de 50 estudios de casos, de los cuales muchos están relacionados con la Iglesia Católica. En febrero de 2017, durante tres semanas, se celebró una audiencia sobre la Iglesia en la que dieron testimonio tres miembros de la Comisión Pontificia del papa Francisco para la Protección de Menores.

El presidente de la Comisión Real, el juez McClellan, les comunicó que su trabajo era de fundamental importancia para el mundo porque la Comisión Real cree fervientemente que un cambio real en la cultura y las prácticas de la Iglesia sobre el abuso sexual de menores, solo se puede producir si proviene del Vaticano.

Sin embargo, después de varias horas de interrogar a los miembros de la Comisión Pontificia, los cuales comentaron sobre la oposición y la falta de recursos a su trabajo en Roma, el juez observó: “La imagen que ustedes describen... es la de una organización mundial que le cuesta aceptar su responsabilidad de salvaguardar la seguridad de los menores”.

Una característica sorprendente del testimonio de los miembros de la Comisión Pontificia fue la falta de mención sobre la reforma del derecho canónico en relación a la estructura y sistema disciplinario de la Iglesia y a la obligación de denunciar a las autoridades civiles. No hay ningún abogado canónico entre los 16 miembros de la Comisión Pontificia.

Desde 1996, las Conferencias de los Obispos Católicos de Irlanda, Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia han querido establecer la obligación canónica de denuncia de abusos a las autoridades civiles, pero el Vaticano, una a una, ha rechazado las solicitudes. En septiembre de 2014, el papa Francisco rechazó la solicitud por parte de dos Comités de las Naciones Unidas del Derecho del Menor y contra la Tortura de imponer denuncias obligatorias con la excusa casuística de que interferiría con la independencia de los Estados soberanos. La excusa es absurda. El derecho canónico interfiere con la soberanía de las naciones independientes tanto como las reglas del golf. La denuncia obligatoria en virtud del derecho canónico sólo interferiría con esa soberanía si un país prohibiera la denuncia de abuso sexual de menores a la policía. No existe tal país.

En febrero de 2016, el presidente de la Comisión Pontificia, cardenal O’Malley, afirmó que “aparte de estos requisitos civiles, todos tenemos la responsabilidad moral y ética de denunciar las sospechas de abuso a las autoridades civiles”. Esta declaración fue muy bien aceptada al sugerir que la comisión podría convencer al papa Francisco de cambiar de opinión acerca de las denuncias obligatorias. Sin embargo, el 6 de diciembre de 2016 la Comisión Pontificia publicó sus directrices sobre los protocolos nacionales del abuso sexual de menores. La declaración del cardenal O’Malley no fue incluida en las directrices.

Existen serios problemas con el sistema disciplinario canónico. El papa Francisco sigue afirmando que tanto él como el papa Benedicto XVI han adoptado una política de “tolerancia cero” al abuso sexual de menores por la Iglesia. Pero tal como afirmó un influyente miembro de los Hermanos De La Salle a la Comisión Real, el derecho canónico lo hace imposible. La declaración del papa Francisco tampoco se apoya en las cifras que presentó a las Naciones Unidas. La tolerancia cero en un contexto profesional casi invariablemente significa despido, pero sólo una cuarta parte de los sacerdotes que han abusado sexualmente de menores han sido despedidos. La tolerancia del Vaticano es un 75%, no cero.

Marie Collins, sobreviviente de abuso y miembro de la Comisión Pontificia, ha renunciado porque “lo que ocurría a puertas cerradas estaba en conflicto con lo que se decía en público”. La falta de coherencia entre la retórica del papa Francisco y su renuencia a reformar la ley canónica sobre el abuso sexual de menores puede llegar a ser la mancha principal de su papado.

Cuando Kathleen McCormack describió su trabajo en la Comisión Pontificia como “verter agua en una roca, tenemos que seguir insistiendo”, no dejó mucha esperanza para el optimismo.

*Autor de Potiphar’s Wife: The Vatican’s Secret and Child Sexual Abuse (ATF Press, 2014). Traducción por Lidia Bilbatua.