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En editorial del 9 de julio, El Espectador se refirió a recientes declaraciones del exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo que condujeron a su retiro del gabinete.
Esas declaraciones muestran las diferencias con el presidente Petro sobre la política de paz: la falta de un marco jurídico para adelantar las negociaciones y el reconocimiento de estatus político a los grupos disidentes de las FARC que, según afirma el editorial, demuestran que “el fracaso fue rotundo”.
El exministro Cuervo formuló varios reparos a la política de paz. Extraña y extemporánea actuación, pues durante seis meses guardó silencio sobre ellos y manifestó su compromiso para tramitar el marco jurídico para lograrla. Eso no ocurrió. Tampoco le pareció improcedente la mesa de diálogo con una de las disidencias de las FARC que es, precisamente, la que se encuentra bajo nuestra responsabilidad.
El editorial guarda silencio sobre algunas preguntas que han debido formularse: ¿por qué no advirtió la inviabilidad de las negociaciones sin el marco jurídico? ¿Cuando aceptó el cargo, no conocía esa situación? ¿Por qué no señaló el supuesto error de “darles estatus de negociación política a las disidencias de las FARC”? ¿Advirtió el error de “no haber impuesto límites claros en las negociaciones…”? Esta última afirmación no corresponde a la verdad, pues esos límites si existieron. Pero, de ser así, habría que recordar que los ministros no están solo para criticar. Deben guardar un mínimo de lealtad, además de recomendar y contribuir sinceramente a corregir las políticas que consideran erráticas, sobre todo cuando involucran a su propia cartera. En este caso, eso no ocurrió.
El exministro Cuervo tiene razón en un aspecto que omite el editorial: el balance de la política de paz total debe adelantarse “caso por caso”, y no con generalizaciones peligrosas. Sería un grave error levantar en forma intempestiva e indiscriminada todas las mesas de negociación.
No compartimos la afirmación de que cualquier negociación de paz empieza “con el lastre” de estos cuatro años de gobierno. En la mesa de negociaciones con la Coordinadora Nacional–Ejército Bolivariano tuvimos avances significativos: destrucción de cerca de 15 toneladas de explosivos –en Irlanda durante más de diez años de negociación solo se destruyó una tonelada–; la tasa de homicidios en Nariño y Putumayo disminuyó en un 50 %; se erradicaron cerca de 7.000 hectáreas en forma voluntaria, según estudio de UNODC; e ingresaron 99 integrantes de Comandos de Frontera a una Zona de Ubicación Temporal, sin armas para transitar a la ciudadanía.
Un reciente estudio de Amazon Underworld señala: “Con las negociaciones de paz con los CDF en una etapa avanzada, una ruptura conllevaría un alto costo: escalada de violencia, disputas territoriales entre actores armados y una reconfiguración y desplazamiento de las economías ilícitas…un enfoque más inteligente significaría una continuación …condicional del proceso, con los ajustes necesarios y presión sobre el actor armado”.
Invitamos a considerar estos aspectos al momento de los balances.
* Jefe Delegación de Paz-Gobierno Nacional
Por Armando Novoa García
