Las manifestaciones evidencian un clamor de las nuevas generaciones por ser reconocidas como actores sociales y políticos autónomos y con capacidad para incidir en la definición de políticas que mejoren su calidad de vida, en un ejercicio de dignidad. El Gobierno Nacional ha demostrado su incapacidad para comprender las motivaciones juveniles que sustentan el estallido social y desconoce su responsabilidad sobre las causas que hoy impulsan a la juventud a mantenerse en las calles exigiendo mejores condiciones de vida.
Resulta paradójico que el actual Gobierno deslegitime las movilizaciones de los jóvenes y que no se haya ocupado de poner en funcionamiento el Sistema Nacional de las Juventudes, creado por la Ley 1622 de 2013, que, con la sanción de la Ley 1885 de 2018, eliminó todas las restricciones para implementar los mecanismos de participación y concertación de la juventud, como son el Consejo Nacional de las Juventudes, la Plataforma Nacional de las Juventudes y la Comisión de Concertación y Decisión del orden nacional. A la fecha ninguno está funcionando.
La administración de Iván Duque se limita a hacer anuncios de políticas para la juventud que no se reflejan en una mejora de las condiciones de vida de gran parte de esta población, que ya suma 12,6 millones de personas, como lo muestran las cifras oficiales del DANE, con un desempleo juvenil del 23,9 % entre enero y marzo del 2021, con una afectación mayor en las mujeres (31,3 %), mientras la estimación de los jóvenes que no estudian ni trabajan asciende a 3,3 millones.
Según Medicina Legal, en 2020 fueron víctimas de homicidios 5.409 jóvenes entre los 15 y 29 años, lo que representa el 49 % del total de los homicidios del país, a lo que se suman las denuncias de excesos y abusos cometidos por la Fuerza Pública en la represión de la protesta social, que al 25 de mayo han dejado un saldo de 17 personas muertas y siete más están en verificación, 90 desaparecidos, 1.040 civiles y 1.049 policías lesionados, 23 agresiones sexuales y dos violaciones.
Se equivoca el Gobierno al calificar a los que protestan como vándalos, delincuentes o que están manipulados por líderes políticos de la oposición o gobiernos extranjeros. Es posible que diferentes actores criminales busquen sacar provecho de la actual crisis por medio de infiltraciones en las manifestaciones, pero no se debe caer en el lugar común de presentar estos fenómenos como la causa que motiva y sostiene la protesta.
La mayoría de los jóvenes que están en las calles no están organizados ni tienen relación entre un punto de resistencia y otro, su movilización obedece a sentimientos de frustración, desesperanza e indignación generalizada, pero sin una organización que los agrupe, lo que dificulta un diálogo para dar respuesta efectiva a sus demandas.
El Gobierno tiene que poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Juventud, motivarlos a reunirse en las asambleas municipales de juventud para consolidar la diversidad de reclamaciones y propuestas de solución en agendas concretas que faciliten la concertación. Mientras se eligen los Consejos de Juventud, se debe conformar y registrar la Plataforma Nacional de las Juventudes y poner en funcionamiento la Comisión de Concertación y Decisión, para concertar las políticas públicas con los jóvenes y brindarles todas las garantías legales.
La cacareada “voluntad política del presidente joven” debe estar respaldada por acciones claras que faciliten la participación y concertación de las políticas públicas con la juventud, aplicar las leyes citadas, que al parecer no se han tomado el trabajo de leer y poner en práctica. Es hora de que el Gobierno reconozca a la juventud como un nuevo actor social y político del país y la empodere a través de las herramientas legales disponibles, porque los jóvenes tienen su propia voz y no son títeres de nadie.
Por Juan Carlos Reyes Cañón
