En State Action and Laisser-Faire, Pigou —quien estableció las bases del análisis convencional de las fallas de mercado— sostiene que estas solo generan, a primera vista, un caso para la acción estatal. Lejos de recomendar que el Estado actúe en todo momento y lugar, Pigou plantea que no puede darse por sentado que los funcionarios públicos elijan correctamente el cómo, el dónde y el grado de la intervención, que esta se implemente de manera adecuada, que las instituciones públicas cuenten con las capacidades necesarias y que el interés propio de los funcionarios no influya en las decisiones adoptadas.
El 23 de diciembre de 2025, Colfuturo anunció que, a partir de 2026, su esquema de crédito-beca dejará de recibir recursos del Gobierno Nacional. En respuesta, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación afirmó que su ministerio abrirá nuevas convocatorias —con enfoque regional, de género y étnico— que sustituirían estos créditos-becas. Este anuncio abre varias de las preguntas prácticas planteadas por Pigou.
La primera pregunta es: ¿por qué debe hacerlo el Estado y no Colfuturo? La evaluación de impacto del programa muestra que genera un beneficio privado del 15 % y un beneficio social del 18 %. Para que el Gobierno se haga cargo de este esquema, debería, en primer lugar, mostrar que su alternativa generará beneficios iguales o mayores.
La segunda pregunta es si el Estado colombiano cuenta con las capacidades para hacerlo. Sustituir el crédito-beca de Colfuturo por becas administradas directamente por el MinCIT necesitaría un marco claro que defina beneficios, obligaciones y criterios de asignación; más capacidad fiscal, dado que el Estado financiaba aproximadamente el 47 % de cada crédito-beca y no su totalidad; capacidad administrativa para seleccionar y hacer seguimiento a becarios en el exterior, y capacidad de planeación y evaluación para ajustar periódicamente los parámetros del programa. Sin estas capacidades, no hay garantía de que el nuevo esquema pueda implementarse y, al mismo tiempo, sea igual o mejor que el existente.
La tercera pregunta es: ¿la única opción es terminar el convenio y no hacer ajustes? Aunque es cierto que el programa ha beneficiado de manera desproporcionada al segmento más rico (67 %), la población en su conjunto se beneficia del aumento de la educación universitaria, porque eleva la productividad y permite la creación de más y mejores empleos. Además, desde el CONPES 3835, el crédito-beca tiene condiciones para que esto ocurra: hay condonaciones por trabajar en el sector público o como docente o investigador en una entidad educativa, así como fuera de Bogotá.
Si aun así se considera insuficiente, el Gobierno podría cofinanciar únicamente a quienes más requieren los recursos, como se hizo en el programa Ser Pilo Paga. Para ello, la focalización debería basarse en las condiciones socioeconómicas de origen de los beneficiarios (por ejemplo, las del hogar en la infancia) y no únicamente en su situación al momento de aspirar al posgrado. Asimismo, si se busca tener un enfoque diferencial, el Gobierno podría cofinanciar únicamente a estos grupos.
En este contexto, la discusión no debería centrarse en si el Estado debe intervenir, sino frente a qué alternativa existente y cómo. La existencia de una falla de mercado —asociada a la desigualdad de acceso— no es suficiente para justificar cualquier forma de intervención. Cuando ya existe un esquema con retornos privados y sociales positivos, la sustitución por uno nuevo exige mostrar no solo intenciones, sino los resultados esperados y las capacidades para llevarlo a cabo. De lo contrario, los últimos seguirán siendo los últimos, porque la intervención no ampliará el acceso de los grupos de menores recursos ni de aquellos históricamente excluidos.
* Economista de la Universidad Nacional de Colombia.
Por Martín Sánchez
