17 Jun 2021 - 5:05 p. m.

Ni raja ni presta el hacha

Miguel Samper Strouss*

Por: Miguel Samper Strouss*

No es tan claro, o por lo menos no lo es para mí, cómo una senadora que representa ampliamente los intereses del sector agropecuario y agroindustrial del país, y que a su vez tiene la fortuna de contar con un extenso patrimonio rural con su marido, se opone a un proyecto de ley a todas luces necesario para dirimir conflictos rurales en Colombia a través de los jueces agrarios.

Y no es por desconocimiento del sector o por falta de interés en la Colombia rural. Eso está muy claro. La pareja conformada por el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, es dueña de 33 inmuebles rurales (o con un origen rural, pues varios pasaron a ser urbanos antes de que culminara el siglo pasado) en Valledupar y Codazzi.

La empresa Lafaurie Cabal S. en C. es titular de tres predios rurales en San Diego y Codazzi, y de otro más en Villanueva que hoy es urbano, pero que arrancó siendo rural pues proviene de una prescripción de un predio baldío del año 90.

La empresa Inversiones Lafaurie Cabal S.A.S., constituida en el 2016 y representada legalmente por los hijos de la dupla, hoy es propietaria de cuatro predios en Cerrito, Valle del Cauca, Valledupar y Codazzi.

No se entiende pues cómo, con 41 predios rurales o de origen rural, la senadora se opone a una iniciativa de su propio gobierno que no solo está pensada para implementar procesos diáfanos y eficientes para los campesinos y pequeños propietarios, sino para brindar seguridad jurídica a los grandes inversionistas que tanto la requieren para desarrollar sus proyectos en territorio colombiano.

La senadora, que se ha movido con la bancada de Gobierno para que ni siquiera se discuta el texto, no tiene que estar de acuerdo con toda iniciativa de la administración del presidente Iván Duque, pero sí ponderar las ventajas de la especialidad agraria. Por ejemplo, en la actualidad cursan 37.041 procesos agrarios en la Agencia Nacional de Tierras, de los cuales 30.196, el 81,5 %, se encuentra apenas en la etapa de inicio. Hay procesos agrarios que, incluso, llevan casi medio siglo en trámite sin una decisión de fondo. Es inaceptable que una persona deba esperar 50 años para que le resuelvan un conflicto sobre la tierra.

Senadora Cabal, usted conoce la situación: la informalidad en la propiedad de la tierra, que en promedio en Colombia asciende a un alarmante 60 % de los predios del país, facilita el despojo ilegal, incrementa los cultivos de uso ilícito, fomenta los conflictos rurales, impide el acceso a créditos, a subsidios, al desarrollo rural, condena al campesino a la miseria y todo ello se traduce en más inequidad y violencia en los territorios, incluyendo los aledaños a sus propiedades.

Los jueces agrarios se necesitan. Ellos serán los encargados de solucionar esa conflictividad. Serán los responsables de impartir justicia sobre las tierras, como lo demanda el campo colombiano. Después de casi un siglo de intentos fallidos para crear esta figura, el país no puede darse el lujo de mantenerse indiferente ante esa ausencia de justicia que tanto ha aquejado a los empresarios y a las comunidades rurales.

Mantener el statu quo de informalidad en la propiedad de la tierra, de abandono del campo, de falta de desarrollo rural, conduce ineludiblemente a perpetuar espirales de violencia en los que los conflictos los sufren miles de familias afuera de su portón.

* Exdirector general de la Agencia Nacional de Tierras y ex viceministro de Justicia

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