Colombia tiene un problema gravísimo con el mercurio y no está haciendo lo suficiente para resolverlo. No es una afirmación exagerada ni alarmista; es la conclusión a la que llegan, por separado y con datos, la Procuraduría General de la Nación, la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Constitucional colombiana y los grupos de investigación científica que llevan años desarrollando herramientas para detectar este metal en el agua de nuestros ríos.
En diciembre de 2024, la Procuraduría publicó su informe nacional sobre minería ilegal y contaminación por mercurio y sus conclusiones son demoledoras; en los últimos diez años, la minería ilegal ha sido reportada en 29 de los 32 departamentos del país, la minería de oro de aluvión afecta más de 94.000 hectáreas del territorio nacional y la mitad de los municipios colombianos presentan ya rastros de contaminación por mercurio en sus fuentes de agua. Este no es el problema de una región apartada ni de una comunidad particular, es el problema de todo el país, y está creciendo.
Para entender la magnitud real de la crisis hay que comenzar por los datos. Colombia se ha convertido en uno de los quince mayores productores de oro del mundo. En 2023, las exportaciones oficiales del metal alcanzaron las 72 toneladas, pero se estima que entre el 69 y el 85 por ciento del oro que sale del país proviene de minería no regulada. Eso significa que una parte mayoritaria de las exportaciones auríferas nacionales no puede ser rastreada, verificada ni controlada. Y detrás de ese oro hay mercurio.
En Colombia se usan cerca de 352 toneladas de mercurio al año en la extracción aurífera, de las cuales más de 255 se liberan de manera incontrolada en la atmósfera, en el agua y en el suelo. En contextos de minería informal, el consumo puede alcanzar entre 20 y 25 gramos de mercurio por cada gramo de oro obtenido, una cifra que convierte al país en uno de los mayores emisores per cápita de este metal en el mundo, mientras que el 60 por ciento del mercurio utilizado se volatiliza directamente al aire durante la quema de la amalgama, contaminando no solo el agua sino la atmósfera que respiran los mineros y sus familias.
El marco legal colombiano para enfrentar este problema existe y, sobre el papel, es robusto. La Ley 1658 de 2013 estableció un plazo de cinco años para erradicar el uso del mercurio en la minería, con fecha límite en julio de 2018. En 2018, mediante la Ley 1892, Colombia ratificó el Convenio de Minamata de la ONU, el tratado internacional más importante en la materia. En 2016, la Sentencia T-622 de la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derechos. En 2025, la Sentencia T-106 ordenó la protección de 30 pueblos indígenas amazónicos cuyos ríos están contaminados con mercurio y cuya identidad cultural está en riesgo de desaparecer.
Toda esta arquitectura normativa es impresionante. Y toda ella, en la práctica, ha resultado letra muerta. Solo el cuatro por ciento de los comercializadores de mercurio se han inscrito en el Registro Único Nacional creado por la Ley 1658. El plazo de erradicación venció hace más de siete años y el uso del metal no ha disminuido, sino que ha aumentado. Esta es la brecha más alarmante de la historia ambiental colombiana reciente, la que existe entre el país formal, el de las leyes y las sentencias y el país real, el de los ríos envenenados y los niños expuestos.
Los departamentos más afectados son Antioquia, Bolívar, Chocó, Santander, Caldas, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Amazonas, Putumayo y Guainía. En el río Atrato, los sedimentos muestran hasta 15 partes por millón de mercurio total, niveles que superan ampliamente los límites permisibles para la vida acuática. En la región de La Mojana, más de dos mil personas requieren tratamientos periódicos de diálisis por daños renales atribuibles directamente a esta contaminación. En la Amazonía, el mercurio ha devastado la vida silvestre, incluyendo delfines de río y especies de peces y ha contaminado las fuentes de alimento de comunidades indígenas en condición de aislamiento voluntario.
Durante los últimos meses, el departamento del Tolima viene mostrando signos significativos en el deterioro ambiental, en especial los ríos Saldaña, Atá y Amoyá, donde se presenta una de las crisis mineras más agudas del departamento. El río Saldaña, que representa el 49,5 por ciento del recurso hídrico del Tolima y del cual dependen catorce poblaciones para el abastecimiento de agua y el riego de miles de hectáreas agrícolas, está siendo devastado por una explotación que opera al margen de toda norma. Imágenes aéreas han documentado más de cincuenta puntos críticos en su cuenca, destrucción masiva de vegetación, desviación de cauces y vertimiento directo de mercurio a las corrientes.
En el norte del departamento, los municipios de Fresno, Herveo y Casabianca enfrentan una presión similar sobre sus fuentes hídricas, influencia antrópica que transforma en cuestión de semanas lo que tardó siglos en formarse. Lo que durante generaciones fue una minería ancestral con batea, sostenida por familias campesinas que conocían el río y dependían de su salud, se ha convertido en una explotación depredadora que no reconoce territorio, ley ni comunidad.
En octubre de 2025, tres relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU enviaron una carta formal al gobierno colombiano señalando que la situación del río Atrato constituye una grave y continua crisis de derechos humanos. El gobierno no respondió esa carta en el plazo establecido por los protocolos de las Naciones Unidas. El silencio también es una política.
El mercurio que entra a nuestros ríos no permanece inerte. Bacterias que viven en el lodo del fondo lo transforman en metilmercurio, su forma orgánica más tóxica, que se incorpora a los peces y se acumula en su tejido muscular en concentraciones miles de veces superiores a las del agua circundante. En Colombia, el noventa por ciento de la proteína animal que consumen las comunidades ribereñas proviene del pescado. Eso significa que el ciclo de la contaminación llega directamente a la mesa de las familias que habitan en todo el territorio nacional, sin que ellas lo sepan, sin que nadie les haya advertido del riesgo y sin que exista un programa sistemático de monitoreo.
Los efectos del metilmercurio sobre la salud son neurológicos, renales y reproductivos, expresados en temblores, pérdida de la visión periférica, ataxia, deterioro cognitivo progresivo, daño renal y en los niños expuestos en el vientre materno, afectaciones permanentes del desarrollo cerebral. La Organización Mundial de la Salud estima que, en comunidades de pesca de subsistencia, entre 1,5 y 17 de cada 1.000 niños presentan efectos cognitivos relacionados con la exposición crónica al metilmercurio. En nuestro país, este daño silencioso no está siendo medido ni diagnosticado, y es urgente iniciar un seguimiento y campañas de salud que permitan identificar la población afectada y el grado de toxicidad.
El problema de fondo no es tecnológico. Es político y moral. Colombia tiene leyes, sentencias judiciales, tratados internacionales y científicos que han desarrollado herramientas de detección e identificación. Lo que no tiene es la voluntad institucional coordinada para usar todo eso de manera efectiva y sostenida.
La minería sin control prospera porque es rentable, porque infiltra cadenas de comercialización del oro que terminan en mercados internacionales que no preguntan por el origen del metal. También, porque el Estado colombiano ha optado, en la práctica, por una respuesta fragmentada de operativos que son necesarios, pero absolutamente insuficientes, si no van acompañados de una estrategia de formalización real, de programas de transferencia tecnológica hacia métodos limpios sin mercurio, de vigilancia epidemiológica activa en las comunidades expuestas y de una reforma del modelo de licenciamiento que distinga claramente al minero legal del operador ilegal a gran escala.
La pregunta que Colombia debe responderse no es si existe el problema. La ciencia ya lo ha demostrado con datos, con mapas, con sentencias judiciales y con informes internacionales. La pregunta es si este país está dispuesto a anteponer la salud de sus comunidades ribereñas, de sus pueblos indígenas, de sus niños y de sus ríos por encima de la rentabilidad de un negocio que destruye la vida. Porque cada gramo de oro que sale de Colombia con mercurio descontrolado es un gramo de veneno que queda en un río. Y ese río, tarde o temprano, llega al cuerpo de alguien que no tiene la culpa de nada.
* Director del Co-Laboratorio de Investigación en bioeconomía regional. Facultad de Ciencias, Ingeniería e Innovación, Universidad de Ibagué.
Por Olimpo García Beltrán*
