En otra mirada a la polémica decisión, el presidente de ACORE asegura en este texto que “los soldados en la calle, con sus fusiles y su tradicional parquedad, son un alivio para nuestros fatigados policías, una voz de esperanza para la gran mayoría ciudadana y una seria preocupación para los vándalos y terroristas”.
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El levantamiento general del pueblo no se dio. Después de un mes de destrucción y desastre, el paro nacional no solo ha perdido momento sino que está generado un rechazo creciente con delicados episodios de reacción violenta, tal como lo advertimos en análisis anteriores. También han aumentado las críticas al gobierno por su eventual debilidad frente a un comprobado asedio violento para caotizar a Colombia.
Sin embargo, parece que la tal “debilidad” obedece a una buena comprensión de la estrategia en desarrollo que busca desestabilizar al país. Una reacción presurosa o a destiempo facilitaría los protervos objetivos contra la “joya de la corona”. Nada mejor para los estrategas del desastre que un “golpe militar” para justificar sus desafueros pasados y legitimar una nueva lucha por el poder. En este ajedrez, merece observarse con atención el más reciente movimiento de decretar la Asistencia Militar, temporal, en concordancia con el numeral 170 de la ley 1801 de 2016.
Durante este duro mes, toda la carga mediática y de redes sociales se enfocó en la Policía. Hay una explicación para eso pues la ciudad es el escenario natural de la intentona y, como decía una depredadora chilena presente por estos días en Colombia, “No podemos soltar la calle”. Es necesario, entonces, sacar a la policía de su ambiente propio y enseñorearse en la urbe con las consecuencias de poder fáctico que esto conllevaría sobre la ciudadanía. En Cali ya tuvimos un ejemplo.
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Mientras la Policía ha cargado con la peor parte en este ataque equívoco e inicuo, el Ejército Nacional, los militares, hasta el momento han resultado indemnes. Ahora con los soldados en las calles, en apoyo de la Policía, podemos esperar un cambio en la situación. Valen la pena algunos comentarios generales de tipo técnico.
Sacar los militares a las ciudades conlleva una responsabilidad política inmediata e inequívoca de los gobernantes de turno a nivel nacional, departamental y municipal. El Ejército está legítima y legalmente equipado y entrenado para portar y utilizar la fuerza y, en caso de tener que utilizarla, lo harán bajo la guía del Manual de Funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, de la ONU, y de lo señalado en el Manuel de Derecho Operacional vigente. En caso de protesta civil, los soldados se pueden asimilar al Esmad, de acuerdo con las normas internacionales.
El cuándo y el cómo para los militares
En cualquier escalamiento en el desarrollo de sus actuaciones, los militares deberán utilizar la fuerza dentro de los parámetros del marco del Derecho Internacional de los DD. HH., previendo la fuerza letal como último recurso. En el mismo momento que se decida utilizar esta fuerza letal, la responsabilidad administrativa se transfiere automáticamente a la autoridad que ordenó el despliegue.
Dicha fuerza letal deberá utilizarse también bajo los presupuestos de la Legítima Defensa, es decir, frente a una amenaza actual e inminente contra la vida del militar, su unidad o contra la de terceros, criterio avalado por la Corte Constitucional colombiana, en sentencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz, el mismo que opinó que asesinar en beneficio del bien común es legítimo y quien promulgó el inalienable derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Según el Derecho Internacional y teniendo como referencia el derecho comparado, antes de abrir fuego, el militar deberá dar voces de alerta advirtiendo, y si la amenaza no se detiene, deberá hacer un disparo al aire de nueva advertencia y si, sin embargo, la amenaza continúa, se disparará buscando en lo posible causar el menor daño posible.
Se deberá usar la “fuerza necesaria” para doblegar la fuerza y voluntad de la amenaza y no la “fuerza mínima” como proclama Vivanco, el gran Torquemada de los DD. HH.. El uso de la “fuerza necesaria” es una decisión del comandante táctico, sobre el terreno, en el momento de los acontecimientos, y es este comandante táctico quien asume los costos de tal acción.
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Coincidente con el decreto de asistencia militar, el alcalde de Cali, en uno de sus escasos momentos de lucidez política, nombró como secretario de Seguridad y Justicia al coronel retirado del Ejército Carlos Soler Parra, experto en DIH, lo que garantizaría una voz fuerte pero conocedora, frente a una situación desbordada y ligada al narcotráfico en el suroccidente del país.
Lo que sigue
En la cotidianidad, los soldados en la calle, con sus fusiles y su tradicional parquedad, son un alivio para nuestros fatigados policías, una voz de esperanza para la gran mayoría ciudadana y una seria preocupación para los vándalos y terroristas. Los resultados ya se empiezan a ver con el levantamiento de gran cantidad de bloqueos, aunque no existe garantía de que las cosas no puedan sufrir un cambio. Este es un juego decisivo y de largo aliento, al que hay que seguirle minuto a minuto su dinámica, correlacionada con lo que sucede en el contexto regional. Los resultados electorales en el Perú, por ejemplo, tendrán influencia en lo nuestro.
Es claro que este mal titulado paro nacional ha llamado la atención al gobierno sobre serios problemas sociales de siempre, agravados por una pandemia no pedida ni provocada, al menos eso creemos. Cualquier persona racional entiende que estos problemas no se arreglarán destruyendo lo existente, con excepción de muchos jóvenes alienados o alquilados, que cacarean gritos de guerra sin sentido.
Con o sin militares en la calle, a estas alturas los desafueros apoyados con su silencio por el comité de paro han generado una antipatía generalizada y un creciente rechazo que pasará una dura cuenta de cobro electoral a la izquierda colombiana. Aunque siempre queda la eventualidad de una acción violenta de mayores proporciones que lleve al gobierno al paso extremo de decretar una Conmoción Interior, para deleite de los enemigos de la débil democracia colombiana.
* Coronel retirado, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro (ACORE).