Minas antipersonal: un riesgo latente en el país

La presencia de las minas antipersonal sigue siendo una de las manifestaciones más complejas y silenciosas del conflicto armado. A pesar de los avances institucionales y del compromiso del país con su erradicación, los hechos recientes demuestran que esta problemática continúa afectando de manera directa a comunidades enteras, especialmente en zonas rurales.

De acuerdo con la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA), al cierre de 2025 se registraron 136 víctimas por estos artefactos, representando un incremento cercano al 23 % frente a 2024 e interrumpiendo la tendencia decreciente que se había consolidado en años recientes. Además, los primeros datos de 2026 confirman que la amenaza sigue activa en diferentes regiones del país: en los primeros meses del año ya se han registrado al menos 14 víctimas.

Estas tragedias se concentran en algunos municipios. De las 136 víctimas registradas en 2025, municipios como Anorí (Antioquia) concentraron 13 casos, mientras que Morales y Santa Rosa del Sur (Bolívar) documentaron 7 cada uno y Los Andes (Nariño), Valdivia (Antioquia) y Argelia (Cauca) reportaron 6 respectivamente, según cifras oficiales de la AICMA.

Más allá de los números, la presencia de minas continúa limitando el desarrollo territorial. Estos artefactos restringen la movilidad, afectan el acceso a servicios básicos y condicionan las actividades productivas, principalmente en comunidades campesinas. Asimismo, su impacto es desproporcionado sobre la población civil, en particular niños, niñas.

En este contexto, sucesos recientes como el ocurrido en Olaya Herrera, Nariño, donde cuatro menores de edad resultaron heridos mientras jugaban fútbol, reflejan con claridad la dimensión del desafío. Este tipo de situaciones no son aisladas, sino manifestaciones de una problemática estructural que persiste en distintos territorios del país.

Colombia ha desarrollado esfuerzos sostenidos en acción contra minas desde los años noventa, intensificados posteriormente con distintos hitos institucionales y en el marco del Acuerdo de Paz. Sin embargo, la continuidad de dinámicas como la acción de grupos armados no estatales, las disputas por el control territorial y el dinero ilícito han incidido en la instalación de estos artefactos en distintos municipios, revirtiendo la tendencia de los años anteriores y aumentando la amenaza para las comunidades.

Este escenario plantea la necesidad de mantener y fortalecer una respuesta integral. El desminado humanitario ha sido una herramienta fundamental para la reducción del riesgo, pero requiere complementarse con estrategias sostenidas de educación en el riesgo, fortalecimiento de capacidades comunitarias y una presencia efectiva del Estado en los territorios más afectados.

Desde el sector social se vienen impulsando iniciativas enfocadas en la educación en el riesgo y la prevención, que contribuyen a reducir la exposición de las comunidades y a fortalecer sus capacidades de respuesta, incluso mediante el uso de herramientas innovadoras como la tecnología y la inteligencia artificial para ampliar su alcance en los territorios.

Al mismo tiempo, el país también registra avances que demuestran que este desafío puede superarse. Casos como el de Baraya, recientemente declarado como zona libre de sospecha de minas antipersonal en el Huila, evidencian que el trabajo sostenido y articulado sí produce resultados concretos en beneficio de las comunidades. Este tipo de noticias deberían marcar el rumbo de la conversación pública: territorios que recuperan su seguridad y comunidades que pueden habitar sus espacios sin miedo.

Reconocer esta realidad es fundamental, pero no suficiente. El verdadero reto está en sostener un compromiso colectivo que permita enfrentarla de manera decidida y evitar que dramas como los más recientes continúen repitiéndose en el país.

* Director de la Fundación Barco.