No es la economía, es la política

El resultado de las discusiones de la Comisión de Concertación sobre el salario mínimo de 2021 indica que, más que una negociación técnica-económica, fue una negociación política, aunque con efectos económicos.

Las condiciones en las que se llevó a cabo la presente negociación son muy particulares. Primero, estamos en medio de un proceso de recuperación económica después de la peor recesión de nuestra historia, generada por la pandemia del COVID-19, que también generó aumentos sin precedentes en los índices de pobreza. Segundo, desde abril hemos tenido las protestas sociales más grandes en muchos años, reflejando un estado de descontento social muy definido, de las cuales las organizaciones sociales, incluido el movimiento sindical, han salido fortalecidas. Tercero, estamos iniciando un proceso electoral en el que la estructura tradicional de poder está en peligro de ser derrotada por nuevos enfoques, con un claro componente de izquierda.

En condiciones como estas, los elementos políticos fueron especialmente relevantes. Esto era claro para el Gobierno y los empresarios más grandes del país. Por eso, los argumentos económicos, como la inflación, el incremento en productividad y el desempleo, tuvieron una importancia secundaria.

El resultado fue un incremento salarial del 10,07 %, el más alto en términos reales en muchos años. Desde el punto de vista político, este resultado es consistente con las condiciones sociales predominantes y habrá que ver si produce los resultados políticos que espera el Gobierno. Los trabajadores consideran esto como un triunfo importante que corona las jornadas de protestas que han venido adelantando desde mediados del año.

Los posibles efectos económicos han sido objeto de discusión entre los economistas. Aquellos de tinte neoclásico ven este aumento con preocupación, argumentando que puede tener efectos sobre el empleo y acelerar la inflación. Ellos hacen mucho énfasis en los aumentos de costos laborales que limitan la contratación de trabajadores y que se reflejarán en mayores precios (inflación). Fedesarrollo, claramente, indicó que este aumento salarial “pone en peligro la recuperación del empleo”, que sin duda es la parte más débil de la recuperación de la economía que se está viendo.

Los economistas de otras orientaciones enfatizan el efecto que dicho aumento tendrá en términos de poder de compra de la población y el consecuente aumento del consumo. Para ellos, el aumento es necesario para disminuir las altas cifras de pobreza que generó la pandemia y posiblemente acelerará la recuperación, con sus efectos sobre la demanda agregada.

Muy posiblemente ambos tienen parte de razón. Los incrementos salariales representan mayores costos para los empleadores. Una buena parte de estos mayores costos se trasladarán a los precios, aunque no todos. Un caso muy difícil es el del empleo que genera actividades diferentes a las productivas, como el empleo doméstico, cuyo mayor costo no se puede llevar a ningún precio.

Para limitar el efecto inflacionario del incremento salarial, el Gobierno se ha comprometido “desindexar” muchos precios administrados, como los de servicios públicos, las multas, etc., que se basaban en el valor del salario mínimo. Esto es muy bueno y se ha debido hacer hace muchos años, porque generaba efectos nocivos en la economía y la inflación.

Muy posiblemente los efectos económicos del incremento salarial de este año van a ser los mencionados por los economistas de ambos bandos: seguramente habrá algún efecto negativo sobre la generación de empleo y la inflación, pero también mejorará el poder de compra de muchos trabajadores. El resultado neto no es claro, ya que depende de muchas otras cosas que no son fáciles de tener en cuenta.

Sin embargo, no hay que olvidar que, cualesquiera que sean los efectos económicos, lo importante de esta negociación es el efecto político de corto plazo. Los sindicados se sienten triunfadores y los grandes empresarios y el Gobierno esperan que hayan podido evitar una posible agravación de los conflictos y mejorar las probabilidades de resultados favorables en las próximas elecciones.

El nuevo gobierno tendrá que afrontar, en su momento, los problemas económicos, no solo los asociados con esta negociación sino muchos otros, como el endeudamiento, el déficit fiscal, la reforma tributaria integral, las reformas institucionales requeridas, etc.