No todo vale ni en campaña, ni en Internet…*

“Los propagandistas, que tienen poderosas herramientas digitales a su alcance, deben actuar con razonabilidad y buena fe”: Vanessa López.

Foto: archivo

Este año electoral iniciará el 8 de marzo con las elecciones legislativas, continuará con la primera vuelta de las presidenciales el 31 de mayo y puede terminar con una segunda vuelta el 21 de junio. Las campañas electorales y el debate público en torno a las propuestas de los candidatos, ocurrirán en gran parte en la esfera digital. Si seguimos las tendencias del año pasado, al menos el 76 % de los colombianos tendrá como fuentes de noticias los recursos en línea. Por esta razón, es importante repasar, bajo el lente de la libertad de expresión, hasta dónde pueden llegar estos discursos políticos y cuáles pueden ser sus limitaciones.

La propaganda electoral digital se encuentra en auge y hace parte esencial de las estrategias político electorales actuales. Los candidatos han visto cómo las herramientas digitales bien aprovechadas son capaces de poner a “desconocidos” o personas ajenas a la política en el poder. Los casos de Milei, el presidente Argentino que se viralizó por Tiktok, o Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, para quien fue definitivo el gran engagement que logró en redes sociales, son apenas un ejemplo de ello.

En Colombia, existen garantías sólidas para la libertad de expresión. Se protegen las expresiones que son ofensivas, chocantes, escandalosas y contramayoritarias. En elecciones esto implica la protección del discurso de oposición, de la propaganda electoral negativa -es decir, la que invita a abstenerse de votar por alguien- y la descalificación o burla de los oponentes, mientras no se difame o abuse de las libertades. Pero, entonces, ¿cuando se abusa de esas libertades?

Cuando se divulga o comparte propaganda electoral que se sabe que es falsa.

Las expresiones se clasifican en hechos u opiniones. Los primeros tienden a ser más objetivos, mientras que las segundas se caracterizan por un mayor grado de subjetividad. La propaganda electoral, por regla general, se asemeja más a una opinión, pues su objetivo es persuadir al votante. Hablar de que alguien es el mejor candidato, el más elocuente o el más capaz está dentro del juego democrático legítimo. También lo está referirse a sus contendores como poco hábiles, burlarse de su aspecto físico o tildarlos de payasos. Será responsabilidad del votante elegir cuáles de estos discursos rechazar.

Sin embargo, hay casos en que la propaganda electoral trasciende lo subjetivo y esconde dentro de ella afirmaciones que podrían ser verificadas. En esos casos, se ha entendido que los propagandistas -incluidos candidatos a cargos de elección popular y otros miembros de partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos- sólo deben expresarse con una justificación que sea al menos mínima y razonable.

En 2006, por ejemplo, en aplicación de esas reglas, la Corte Constitucional ordenó al gerente de la campaña “Adelante Presidente” expresar de manera pública y explícita que la campaña se había equivocado al difundir mensajes cuyos contenidos no podían comprobar, como que la Unión Patriótica había asesinado civiles y había hecho daño a ciudadanos. En ese caso, la Corte señaló que afirmaciones como esa afectan las reglas de “la deliberación pública, induce[n] a equívocos y confusiones”, así como violan el principio según el cual “promotores y dirigentes tienen un mínimo de responsabilidad por los contenidos que difunden”.

Que los candidatos, partidos y movimientos políticos tengan esas responsabilidades reforzadas, al igual que los funcionarios públicos, es compatible con el espíritu democrático. Ciertamente, estas son personas cuyo discurso tiene un nivel superior de influencia y relevancia en los ciudadanos.

Por ello, es también razonable exigirles una responsabilidad reforzada respecto al uso de herramientas tecnológicas que facilitan la viralización, la desinformación y le dan un mayor alcance a sus discursos políticos. Hoy en día existen, por ejemplo, herramientas como los deepfakes, contenidos artificiales falsos creados con IA, que son difícilmente distinguibles por la ciudadanía, como contrarios a la realidad. En Eslovaquia, aunque no ha sido posible verificar el número de votantes influenciados, se publicó un deepfake días antes de las elecciones en que un candidato “admitía” haber manipulado las elecciones. Falsedades como esta son solo el inicio.

Los candidatos, partidos y movimientos políticos, deben abstenerse de generar y difundir deepfakes, a menos que etiqueten la información de forma clara y expresa como tal, pues crearlos o compartirlos y presentarlos como ciertos sería incompatible con el mínimo de razonabilidad y justificación que se les exige. Asimismo, deben ser cuidadosos y emitir declaraciones responsables, que aunque puedan ser provocadoras y descalificantes, no incurran en falsedades que terminen desinformando al electorado.

Cuando se usan herramientas tecnológicas para alterar la información que llega a los electores

El derecho a la libertad de expresión no solo protege a quien emite la información, sino también a quien la recibe. Además, busca que la información que se reciba sea plural, de tal manera que los ciudadanos tengamos acceso no solo a las posiciones dominantes, sino también a las minoritarias. En internet, esto se traduce en “maximizar el número y la diversidad de voces que puedan participar de la deliberación pública”.

Las nuevas tecnologías, aunque pueden favorecer este principio dando voz a minorías y personas excluidas de los sistemas comunicacionales tradicionales, también tienen la potencialidad de aniquilarlo. Las redes sociales, y en especial sus sistemas de recomendación, pueden crear cámaras de eco en las que las personas sólo están expuestas a información que apoyan o creen apoyar, lo que refuerza sus opiniones preexistentes y les aleja de posiciones contrarias. Por otra parte, los bots sociales -cuentas de redes sociales sintéticas que no pertenecen a usuarios reales y que pueden ser desplegadas con una estrategia sistemática- tienen la capacidad de crear la percepción de un falso consenso o inflar artificialmente la relevancia de un tema en particular.

Ambas herramientas han sido usadas en elecciones en el contexto internacional. En Rumania, se dice que la campaña de Georgescu se aprovechó de los algoritmos de TikTok para amplificar su visibilidad y aunque esto no es concluyente despierta dudas sobre la potencialidad de estos sistemas. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, se detectaron fuertes actividades de bots que difundían desinformación y narrativas engañosas sobre temas como la guerra de Rusia y Ucrania, teorías conspirativas sobre el intento de asesinato de julio de 2024, entre otras. Según un informe del Alan Turing Institute, en esas elecciones los bots actuaron como un “multiplicador de fuerza para el contenido engañoso originado por usuarios humanos”, así como amplificaron rumores virales falsos que desprestigiaban candidatos específicos.

Crear esos escenarios que manipulan la información que llega a los electores intencionalmente y con la finalidad de desinformar puede vulnerar los principios básicos de la libertad de expresión y el pluralismo informativo. Los propagandistas, que tienen poderosas herramientas digitales a su alcance, deben actuar con razonabilidad y buena fe. No deben desinformar, especialmente cuando una sencilla verificación de la información les pueda indicar que lo que pretenden decir es falso. Además, deben hacer esfuerzos por utilizar las tecnologías de una manera transparente, evitando la manipulación electoral para no distorsionar la deliberación pública ni engañar al electorado.

Adenda. Como ciudadanos podemos consultar esta guía que contiene recomendaciones para frenar la desinformación.

*Este es el segundo de tres artículos de un especial sobre propaganda electoral y desinformación digital, publicado simultáneamente en El Espectador, Cuestión Pública y Contexto.