El próximo 7 de agosto comenzará un nuevo ciclo político para el país. Como ocurre con cada cambio de gobierno, la atención pública suele concentrarse en los ministerios, las reformas económicas y las prioridades legislativas. Sin embargo, existe una designación cuya importancia para el funcionamiento de los mercados y el desarrollo económico del país suele pasar inadvertida: la del superintendente de Industria y Comercio.
La autoridad de competencia constituye uno de los pilares esenciales de una economía moderna. Su función no consiste únicamente en sancionar carteles empresariales o examinar integraciones económicas. Su misión es mucho más trascendental: preservar las condiciones que permiten el adecuado funcionamiento de los mercados, proteger el bienestar de los consumidores y garantizar que las empresas compitan bajo reglas transparentes y objetivas.
Pero la eficacia de una autoridad de competencia no depende exclusivamente de las facultades que le otorgue la ley. Su principal activo es la credibilidad.
Los mercados funcionan sobre la base de la confianza: la confianza de los consumidores, de los empresarios y de la sociedad en general. Esa confianza solo existe cuando las decisiones de la autoridad se perciben como independientes, imparciales y sustentadas exclusivamente en criterios técnicos y jurídicos.
Desde hace varios años he sostenido que uno de los principales desafíos institucionales del derecho de la competencia en Colombia consiste en fortalecer la independencia de la autoridad encargada de aplicar estas normas. La experiencia internacional y las recomendaciones de organismos como la OCDE, el Banco Mundial y el BID han insistido durante décadas en una misma idea: las autoridades de competencia funcionan mejor cuando son independientes tanto del poder político como de los intereses económicos.
La razón es sencilla. Una autoridad de competencia está llamada a adoptar decisiones que con frecuencia resultan incómodas. En ocasiones deberá investigar empresas con enorme poder económico; en otras, examinar actuaciones o políticas impulsadas por el propio Gobierno. Su legitimidad depende de que nadie dude de que sus decisiones obedecen exclusivamente al derecho, a la evidencia económica y a los hechos demostrados dentro de cada actuación administrativa.
No se trata de cuestionar las convicciones personales o las posiciones políticas de quien ocupe el cargo. En una democracia, toda persona tiene derecho a militar en un partido, participar en el debate público o defender un determinado proyecto político. El activismo político constituye una expresión legítima de la participación democrática.
Precisamente por ello, el ejercicio del activismo político resulta incompatible con el desempeño del cargo de superintendente de Industria y Comercio. Quien dirige la autoridad de competencia no puede ser percibido como un dirigente político ni como un vocero del Gobierno. Su responsabilidad es muy distinta: dirigir una institución técnica cuya autoridad moral descansa en la independencia, la imparcialidad y la neutralidad de sus decisiones.
Las instituciones no solo deben ser independientes; también deben parecerlo. La confianza pública constituye el fundamento de su legitimidad. Cuando la actuación de una autoridad técnica comienza a asociarse con afinidades políticas o con agendas ajenas a su misión institucional, incluso las decisiones jurídicamente correctas pueden terminar siendo cuestionadas por la percepción de falta de independencia.
El próximo Gobierno tiene la oportunidad de enviar un mensaje inequívoco. La autoridad encargada de proteger la libre competencia debe estar dirigida por una persona de reconocida solvencia técnica, independiente tanto del poder político como de los grupos económicos y comprometida exclusivamente con la aplicación objetiva de la ley.
La confianza institucional tarda años en construirse y puede perderse en muy poco tiempo. Recuperarla exige enviar señales claras desde el primer día.
La designación del próximo superintendente no debería entenderse como una cuota política más dentro de la estructura del nuevo Gobierno. Se trata de una decisión que influirá en la confianza de los mercados, en la percepción de seguridad jurídica, en la inversión y, en últimas, en la credibilidad de una de las instituciones más importantes para el adecuado funcionamiento de la economía.
La discusión, por tanto, no debería limitarse a quién ocupará el despacho del superintendente.
La verdadera pregunta es si Colombia quiere una autoridad de competencia cuya legitimidad descanse en la independencia de sus decisiones o una cuya credibilidad dependa del gobierno de turno. La respuesta a esa pregunta definirá buena parte de la confianza que empresarios, consumidores e inversionistas depositen en una institución esencial para el desarrollo económico del país.
Por Jairo Rubio Escobar
