La tragedia de Fundación es el reflejo más devastador del fracaso del rol del Estado en garantizar la seguridad de los colombianos, y como lo muestra este tristísimo evento, especialmente de los más vulnerables.
La solución que elimine estas tragedias no está en aplicar medidas, como encarcelar al conductor irresponsable o sancionar a la empresa de papel que le permitió usar su nombre a un pequeño propietario. Por décadas hemos estado anteponiendo los intereses particulares al interés público. El interés público es contar con acceso a servicios de transporte seguros, prestados por empresas de transporte de alta calidad, con altísimos estándares de profesionalización en la administración de vehículos modernos y de conductores idóneos. Estas empresas deben responder integralmente por el servicio que brindan al público, dentro de un marco regulatorio exigente, construido para garantizar el interés público y no a la medida de las empresas de garaje que pululan en el país. Así mismo, debe contarse con herramientas jurídicas y entes capaces de hacer seguimiento permanente y de fiscalizar la operación.
Aunque los esfuerzos del Gobierno Nacional por aumentar las exigencias a estas empresas van en la dirección correcta, se requiere una mayor determinación. A nivel internacional, la legislación para el transporte de los niños es especialmente exigente y severa en caso de infracción. El transporte escolar tiene una regulación propia en cuanto a los estándares de los vehículos, de los conductores y de las empresas que pueden prestar el servicio.
Las normas de tránsito también exigen un respeto especial de los demás usuarios de la vía hacia estos vehículos. En Colombia, son muchas veces los vehículos más viejos y contaminantes los que prestan el servicio de transporte de los niños, en lo que se denomina el “transporte especial”. Este vehículo “especial” presta todo tipo de servicios: Circula en la mañana con niños, frecuentemente hace transporte informal más tarde, transporta a empleados de empresas públicas y privadas, sin distinción.
Una de esas frases legendarias de nuestro transporte es “los regulados capturan al regulador”. A pesar de múltiples estudios que han planteado estrategias para promover empresas adecuadas de transporte urbano, interurbano, de carga y “especiales”, el lobby empresarial y el temor a los paros han perennizado este esquema obsoleto. La tragedia ocurrida, podrá fácilmente repetirse mañana, involucrando un vehículo de alguno de las otras modalidades. De hecho, cada día de manera imperceptible esto sucede. La mal llamada “accidentalidad” vial es la primera causa de muerte de nuestros jóvenes.
La de Fundación podría ser una más de las terribles historias que destroza innumerables familias colombianas cada día o el inicio de una reacción ciudadana que permita construir empresas de transporte público del siglo XXI.
La tragedia de Fundación es el reflejo más devastador del fracaso del rol del Estado en garantizar la seguridad de los colombianos, y como lo muestra este tristísimo evento, especialmente de los más vulnerables.
La solución que elimine estas tragedias no está en aplicar medidas, como encarcelar al conductor irresponsable o sancionar a la empresa de papel que le permitió usar su nombre a un pequeño propietario. Por décadas hemos estado anteponiendo los intereses particulares al interés público. El interés público es contar con acceso a servicios de transporte seguros, prestados por empresas de transporte de alta calidad, con altísimos estándares de profesionalización en la administración de vehículos modernos y de conductores idóneos. Estas empresas deben responder integralmente por el servicio que brindan al público, dentro de un marco regulatorio exigente, construido para garantizar el interés público y no a la medida de las empresas de garaje que pululan en el país. Así mismo, debe contarse con herramientas jurídicas y entes capaces de hacer seguimiento permanente y de fiscalizar la operación.
Aunque los esfuerzos del Gobierno Nacional por aumentar las exigencias a estas empresas van en la dirección correcta, se requiere una mayor determinación. A nivel internacional, la legislación para el transporte de los niños es especialmente exigente y severa en caso de infracción. El transporte escolar tiene una regulación propia en cuanto a los estándares de los vehículos, de los conductores y de las empresas que pueden prestar el servicio.
Las normas de tránsito también exigen un respeto especial de los demás usuarios de la vía hacia estos vehículos. En Colombia, son muchas veces los vehículos más viejos y contaminantes los que prestan el servicio de transporte de los niños, en lo que se denomina el “transporte especial”. Este vehículo “especial” presta todo tipo de servicios: Circula en la mañana con niños, frecuentemente hace transporte informal más tarde, transporta a empleados de empresas públicas y privadas, sin distinción.
Una de esas frases legendarias de nuestro transporte es “los regulados capturan al regulador”. A pesar de múltiples estudios que han planteado estrategias para promover empresas adecuadas de transporte urbano, interurbano, de carga y “especiales”, el lobby empresarial y el temor a los paros han perennizado este esquema obsoleto. La tragedia ocurrida, podrá fácilmente repetirse mañana, involucrando un vehículo de alguno de las otras modalidades. De hecho, cada día de manera imperceptible esto sucede. La mal llamada “accidentalidad” vial es la primera causa de muerte de nuestros jóvenes.
La de Fundación podría ser una más de las terribles historias que destroza innumerables familias colombianas cada día o el inicio de una reacción ciudadana que permita construir empresas de transporte público del siglo XXI.