La crisis del sistema de salud se viene agudizando debido a las fallas estructurales del diseño implementado a partir de la Ley 100/93, con el mecanismo de intermediación financiera de las EPS, el desmantelamiento de la función rectora del Estado, la debilidad en la inspección, vigilancia y control y la opacidad de la información disponible sobre el destino de los recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social de Salud -SGSS y sobre la gestión del riesgo en salud de los pacientes.
La Reforma pretende, entre otras cosas, hacer frente a las consecuencias del colapso financiero de las EPS, que como un efecto dominó se viene desencadenando desde hace décadas, contando a la fecha con 130 EPS liquidadas, casi todas antes del 2022. De las 27 vigentes, según la Contraloría, solo cinco cumplen requisitos financieros y se desconoce el destino de 12,4 billones que deberían respaldar las Reservas Técnicas, además de acumular deudas por 11,4 billones con IPS y proveedores, a diciembre de 2023.
En consecuencia, las barreras en el acceso no disminuyen, la Corte Constitucional en 2023 señaló que fueron radicadas 723.947 tutelas, la mayoría relacionadas con el acceso a la salud. En las Audiencias Públicas que realizamos en diez ciudades distintas este año para hablar del proyecto, la Supersalud señaló que de 2,3 millones de reclamos recibidos en 18 meses, el 30 % son clasificados como súplicas de vida.
Ante esa tozuda realidad se hace indispensable transformar el sistema, consolidar el aseguramiento social en salud, “la protección pública, única, universal, eficiente y solidaria” que garantice el derecho fundamental a la salud. Se propone un cambio del actual modelo curativo, a uno preventivo, predictivo y resolutivo, en donde el nivel primario sea el protagonista, logrando resolver alrededor del 80 % de los eventos de salud en ese nivel.
Para ello la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud – CAPS, públicos, privados o mixtos, que garantizarán el acceso oportuno a los servicios de salud, así como estrategias de salud pública, de la mano de los equipos de salud territorial, materializando la promoción y prevención, la identificación temprana de factores de riesgo, disminuyendo la prevalencia de enfermedades.
Las “autorizaciones” de las EPS desaparecerán en tanto desaparece su control sobre los recursos, lo que significa la disminución de la carga administrativa que pesa hoy sobre el paciente: cesarán las largas filas por una orden médica o las horas al teléfono por una cita; los CAPS junto con las gestoras se encargarán de los trámites sin más barreras.
Con la transformación de las EPS -que cumplan requisitos- en las nuevas Gestoras de Salud y Vida, contaremos con su contribución desde las capacidades que han acumulado en relación con la gestión de servicios de salud, la articulación de redes de mediana y alta complejidad, participando en la organización de éstas y realizando auditorías de estos servicios.
Los recursos de la salud estarán direccionados de manera directa hacia la red de prestadores y proveedores desde la ADRES, resolviendo el problema de liquidez en las IPS. Esta entidad fungirá como pagador único y podrá adelantar auditorías aleatorias, complementando las de entidades expertas y las realizadas por las gestoras.
Finalmente, la reforma garantiza la atención integral y la continuidad de los tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas y huérfanas, superando no solo la fragmentación en la atención sino haciendo una apuesta por su detección temprana y cuidado especializado.
La reforma es más que necesaria, la salud en Colombia debe pasar de un modelo que privilegia el negocio a uno que garantice la vida y la dignidad.
* Coordinador ponente de la reforma a la Salud, Comisión VII del Senado