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La Constitución de 1991 ha transformado la epidermis profunda de la vida política colombiana, alterando las funciones de todas sus instituciones. Sin embargo, el paso de 33 años no ha sido todavía suficiente para comprenderlo, toda vez que las instituciones y su actuar tienden a arraigar en la conciencia de los hombres, mucho más de lo que pudiera llegar a pensarse, porque las creencias son muy difíciles de borrar en el imaginario colectivo de un pueblo.
Eso sucede, sin ir más lejos, con la figura del presidente de la República que, después del 91, ha dejado de ser el todopoderoso heredero del virrey para convertirse en un órgano constitucional dotado de atribuciones perfectamente medidas y acotadas normativamente.
Semejante holgura entre lo que dice literalmente la norma constitucional y lo que se cree popularmente que dice ha permitido que los sucesivos presidentes colombianos asuman, cada uno de ellos, el rol que han tenido por propio; el papel que más les convence o les conviene en función de sus intereses o su respectivo proyecto político.
No hace al caso extenderse en ello porque resultaría demasiado prolijo, pero sí importa, habida cuenta la gran tensión que se vive en este instante, analizar cómo está interpretando el presidente Petro la función presidencial,
Y en este sentido, y por resumirlo un poco, habría que decir que el presidente Petro ha venido actuando durante todo su mandato “responsivamente”, pero procurando no responder políticamente de sus actos. Para que no parezca un galimatías, conviene hacer unas aclaraciones suplementarias.
La ciencia política norteamericana ha acuñado en fechas recientes el término “responsividad” para dar cuenta de la forma de obrar que caracteriza a la persona que contesta automáticamente a todo sin que necesariamente le corresponda. Responsivo es aquel político que está todo el día hablando, clamando, afirmando, pronunciándose sobre esto y aquello, en fin, sobre todo, le competa o no le competa. Se trata de hablar desbordadamente, de tomar la iniciativa de la palabra, de monopolizarla impidiendo que otros se pronuncien. De contestar con palabras a lo que nada tiene que ver con las obligaciones que un presidente tiene encomendadas constitucionalmente para conseguir, con la inmediatez de la presencia “resposiva”, el efecto de un virrey omnipotente.
Estoy en todo, lo digo, lo sé, soy omnipresente y después de esto, ¿qué más queréis de mí? ¿Se me puede pedir más cuando no he dejado un asunto sin tocar, ni una materia importante sin pronunciarme?, aseveraría un presidente responsivo.
Esta forma de actuar estaría muy bien de no ser porque con frecuencia encubre –y he aquí, sin duda, el objetivo del intuitivo presidente Petro- el deseo de ser un irresponsable político absoluto, es decir, albergar el torticero propósito de no responder de lo que está constitucionalmente obligado a responder. En definitiva, un intento de no dar cuentas por los comportamientos y actos mantenidos en el ejercicio de las competencias políticas que inexcusablemente le corresponden.
Para exponerlo en los términos de la ciencia política, se trata de utilizar la “responsividad” para negarse a afrontar la accountability o rendición de cuentas que la Constitución exige a todos los cargos públicos, empezando por el presidente de la Republica. En el fondo, un viejo truco para incidir en lo que no le corresponde a uno y que resulta accidental a las responsabilidades propias, para encubrir lo que obligatoriamente compete tras una cortina de humo que puede ser ampliada indefinidamente, sirviéndose de otros actos de “responsividad” irresponsable y así llegar al final del mandato habiendo respondido a todo sin haberse responsabilizado de nada.
Para explicar lo que se quiere decir en cristiano, esto es, acudiendo al ejemplo de lo que hoy está sucediendo, cabría advertir que el presidente Gustavo Petro -cuyos trinos responsivos bastarían para hacerlo célebre si fuera un actor de cine- está afirmando que nada tiene que responder en relación con cómo se financió la campaña que le condujo a la primera magistratura de la nación. Olvida Petro que la elección como presidente no comporta, además, la inmunidad para el ciudadano que concurre a la elección, porque si así fuera los colombianos no habrían elegido solo un presidente, sino que también habrían hecho inmune a quien constitucionalmente no lo es y deber responder a través de los procedimientos y modos que establece taxativamente la Constitución.
A este respecto es muy importante señalar que el Consejo nacional Electoral -como señala tajantemente el magistrado Altus Baquero en su explicación de voto- en la investigación sobre la campaña electoral que condujo a Gustavo Petro al Palacio presidencial, debe ceñirse exclusivamente a verificar si los aportes a la campaña reúnen o no los requisitos establecidos y no superaron los topes legalmente decretados, y en ningún caso puede extenderse a la responsabilidad del elegido, que es algo que escapa totalmente de sus atribuciones constitucionales.
Pretender enjuiciar directamente la responsabilidad de Petro en la campaña, e incluso aludir expresamente a ella, es viciar la investigación ahora iniciada de un error insubsanable que destruiría por completo la posible responsabilidad del presidente y que le permitiría continuar en su senda de responsibidad no responsable. Y a quien lo dude, convendría recordarle el error que el procurador Ordoñez cometió en su día. Item más, nos obligaría a conjugar sabiamente aquella enseñanza de Maquiavelo que decía: “cuando veas a un enemigo cometer un gran error, desconfía, seguro que hay error oculto”.
* Doctor en derecho. Catedrático de Derecho Constitucional.