Los paralelos de la destitución de Gustavo Petro con la decisión de declarar inaplicable el fallo de La Haya son inevitables.
No son situaciones comparables, pero el presidente Juan Manuel Santos, con este anuncio, pretende reivindicar la soberanía de Colombia frente a mecanismos de justicia transnacional. La opinión pública así se lo había exigido (fundada o infundadamente). La presión sobre Santos para no seguir esas recomendaciones era patente, en buena medida por el ambiente de animadversión que existe en el país frente a tribunales internacionales (a sabiendas de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no sea una corte). Por ende, el anuncio de terminar con el proceso desgastante de la Alcaldía de Bogotá responde a dos lógicas.
En primer lugar, y aunque la destitución e inhabilidad de Petro fue inicialmente rechazada por la ciudadanía con fundamentos sólidos, la actitud asumida por el hasta ayer alcalde contribuyó a su salida. Petro se había encargado de permanecer en el poder a cualquier precio, confirmando una tendencia histórica en Colombia inaugurada por Ernesto Samper y seguida por personalidades que jamás han entendido el principio de la responsabilidad política.
El largo proceso se hubiera evitado si una vez surgido el escándalo de las basuras, en diciembre de 2012, el burgomaestre hubiese renunciado. Esto ocurre en democracias donde la rendición de cuentas y el control político son realidades y no utopías. El año pasado, el primer ministro letón renunció por la caída del techo de un supermercado que mató a 50 personas. Una postura que en Colombia habría dignificado la política, si hubiera sido la de Samper ante la infiltración de dineros del cartel de Cali en su campaña, y la de Álvaro Uribe cuando se comprobó que la reforma para su reelección estaba viciada.
Segundo, la decisión de la CIDH fue desafortunada por una razón: desconoce la independencia de poderes en Colombia. Aunque la destitución despertaba dudas por las posiciones del procurador en temas de DD.HH., la postura del Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura debía bastar para comprobar la necesidad de que Petro fuera retirado. La CIDH sugirió al presidente atentar contra el pronunciamiento de la Rama Judicial, lo que hubiera significado un retroceso en la independencia de poderes, requisito para el funcionamiento de la democracia.
Ahora a Colombia le espera un complejo debate acerca de la postura que se debe asumir en caso de que la Comisión decida llevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso. La lección contundente es: no puede haber democracia en sistemas políticos donde el fin es permanecer y no gobernar.
Mauricio Jaramillo Jassir*
Los paralelos de la destitución de Gustavo Petro con la decisión de declarar inaplicable el fallo de La Haya son inevitables.
No son situaciones comparables, pero el presidente Juan Manuel Santos, con este anuncio, pretende reivindicar la soberanía de Colombia frente a mecanismos de justicia transnacional. La opinión pública así se lo había exigido (fundada o infundadamente). La presión sobre Santos para no seguir esas recomendaciones era patente, en buena medida por el ambiente de animadversión que existe en el país frente a tribunales internacionales (a sabiendas de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no sea una corte). Por ende, el anuncio de terminar con el proceso desgastante de la Alcaldía de Bogotá responde a dos lógicas.
En primer lugar, y aunque la destitución e inhabilidad de Petro fue inicialmente rechazada por la ciudadanía con fundamentos sólidos, la actitud asumida por el hasta ayer alcalde contribuyó a su salida. Petro se había encargado de permanecer en el poder a cualquier precio, confirmando una tendencia histórica en Colombia inaugurada por Ernesto Samper y seguida por personalidades que jamás han entendido el principio de la responsabilidad política.
El largo proceso se hubiera evitado si una vez surgido el escándalo de las basuras, en diciembre de 2012, el burgomaestre hubiese renunciado. Esto ocurre en democracias donde la rendición de cuentas y el control político son realidades y no utopías. El año pasado, el primer ministro letón renunció por la caída del techo de un supermercado que mató a 50 personas. Una postura que en Colombia habría dignificado la política, si hubiera sido la de Samper ante la infiltración de dineros del cartel de Cali en su campaña, y la de Álvaro Uribe cuando se comprobó que la reforma para su reelección estaba viciada.
Segundo, la decisión de la CIDH fue desafortunada por una razón: desconoce la independencia de poderes en Colombia. Aunque la destitución despertaba dudas por las posiciones del procurador en temas de DD.HH., la postura del Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura debía bastar para comprobar la necesidad de que Petro fuera retirado. La CIDH sugirió al presidente atentar contra el pronunciamiento de la Rama Judicial, lo que hubiera significado un retroceso en la independencia de poderes, requisito para el funcionamiento de la democracia.
Ahora a Colombia le espera un complejo debate acerca de la postura que se debe asumir en caso de que la Comisión decida llevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso. La lección contundente es: no puede haber democracia en sistemas políticos donde el fin es permanecer y no gobernar.
Mauricio Jaramillo Jassir*