Aunque no comparto el contenido del proyecto legislativo sobre eutanasia, considero muy conveniente que este tema sea debatido en el Congreso, de cara al pueblo colombiano.
Todo ser humano aspira a la felicidad y al bien. Por ello, reacciona con natural aversión a padecer una muerte en condiciones de particular dolor o sufrimiento. Ese natural rechazo no justifica, sin embargo, que pueda suprimirse una vida humana. Hasta su término natural, la vida es un bien que debe ser amparado por el Estado. Ninguna circunstancia puede convertir en legalmente aceptable el hecho de causar, intencionalmente, la muerte a un ser humano. El derecho a la vida es constitucionalmente inviolable.
Creo que la propuesta legislativa que hoy se debate en el Congreso tiene un enfoque discutible. Más que legislar por la supresión de la vida, el Congreso debería favorecer en las instituciones de salud unas condiciones que hagan del proceso natural de la muerte una realidad adecuada a la dignidad de todos los colombianos.
¿Cómo hacerlo? En primer lugar, a través de una reforma profunda del sector salud, donde miles de colombianos deben luchar por permanecer en vida más que por poder morir. En segundo lugar, brindando mayores beneficios a los enfermos crónicos o terminales a través de subsidios y cuidados paliativos adecuados a sus circunstancias. Esta última, es una recomendación emanada por la 38ª Asamblea de la Asociación Médica Mundial, como vía alternativa a la introducción de la eutanasia y del suicidio asistido en las legislaciones estatales.
* Padre Pedro Mercado Cepeda, Secretario General Adjunto del Episcopado encargado de las relaciones con el Estado.
Aunque no comparto el contenido del proyecto legislativo sobre eutanasia, considero muy conveniente que este tema sea debatido en el Congreso, de cara al pueblo colombiano.
Todo ser humano aspira a la felicidad y al bien. Por ello, reacciona con natural aversión a padecer una muerte en condiciones de particular dolor o sufrimiento. Ese natural rechazo no justifica, sin embargo, que pueda suprimirse una vida humana. Hasta su término natural, la vida es un bien que debe ser amparado por el Estado. Ninguna circunstancia puede convertir en legalmente aceptable el hecho de causar, intencionalmente, la muerte a un ser humano. El derecho a la vida es constitucionalmente inviolable.
Creo que la propuesta legislativa que hoy se debate en el Congreso tiene un enfoque discutible. Más que legislar por la supresión de la vida, el Congreso debería favorecer en las instituciones de salud unas condiciones que hagan del proceso natural de la muerte una realidad adecuada a la dignidad de todos los colombianos.
¿Cómo hacerlo? En primer lugar, a través de una reforma profunda del sector salud, donde miles de colombianos deben luchar por permanecer en vida más que por poder morir. En segundo lugar, brindando mayores beneficios a los enfermos crónicos o terminales a través de subsidios y cuidados paliativos adecuados a sus circunstancias. Esta última, es una recomendación emanada por la 38ª Asamblea de la Asociación Médica Mundial, como vía alternativa a la introducción de la eutanasia y del suicidio asistido en las legislaciones estatales.
* Padre Pedro Mercado Cepeda, Secretario General Adjunto del Episcopado encargado de las relaciones con el Estado.