El rol que ha pretendido ejercer el presidente Petro sobre la Fiscalía General es preocupante, pues evidencia un reiterado desafuero institucional. La situación, sin embargo, conmina a analizar desafíos constitucionales y a revisar episodios que no son exclusivos del sistema presidencial colombiano. En Estados Unidos, por ejemplo, se documentan casos donde algunos presidentes también han buscado socavar la legitimidad de dicha institución.
La disputa entre el presidente Richard Nixon y el fiscal general Elliot Richardson muestra este tipo de desafueros. Como es conocido, Nixon afrontó el escándalo de Watergate, cuya investigación estuvo a cargo del fiscal Archibald Cox. Abusando de sus poderes constitucionales, Nixon ordenó la remoción de Cox, pero Richardson desafió tal orden y renunció. Nixon escaló su petición ante William Ruckelshaus (segundo al mando), quien también se negó a despedirlo y dimitió como respuesta.
Las sucesivas renuncias fueron conocidas como “The Saturday Night Massacre”, promoviendo incluso el descontento nacional hasta hacer insostenible la permanencia de Nixon en el cargo. Truncada su suerte presidencial por el pretendido ejercicio despótico de sus funciones, el Congreso decidió entonces avanzar con el impeachment que motivó la renuncia de Nixon.
Implementado secretamente por el presidente Bush después del 11 de septiembre, el “Surveillance Program” revela un episodio similar. En diciembre de 2005, el New York Times publicó en primicia que el programa había permitido la interceptación de llamadas y correos electrónicos sin la autorización previa de un juez, generando una discusión sobre los límites del poder presidencial.
Las dudas sobre la legalidad del programa ya habían surtido discusiones internas entre el Departamento de Justicia y asesores cercanos al presidente Bush. El caso más sonado se presentó cuando el fiscal general John Ashcroft se encontraba hospitalizado y el asesor Alberto Gonzales lo visitó para presionarlo a certificar la legalidad del programa. El fiscal general Ashcroft se rehusó y amenazó con renunciar, lo que impuso mayores presiones al ejecutivo.
Por cuenta del malhadado reclamo de inexistentes poderes constitucionales, el presidente Petro ha mostrado similares posturas. Basta recordar cuando intentó erigirse como el jefe del fiscal general, para lo cual esgrimió una interpretación abusiva del texto superior. Francisco Barbosa, en respuesta, avivó el debate al señalar las notorias debilidades argumentativas y los excesos del poder ejecutivo.
Aunque la actual fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha sido cauta frente a las tropelías del ejecutivo, su rol institucional requiere firmeza. No es dable que se ejerzan jefaturas ficticias, tampoco desvíos de poder para afectar el desempeño de una institución vital en la arquitectura constitucional de Colombia. Los anteriores casos subrayan la importancia de fortalecer los límites al poder que detenta el presidente, consolidando la división de poderes en beneficio de la democracia constitucional.
* Economista y abogado, máster en derecho (LL.M., Duke University, NC). Profesor de cátedra, Universidad Externado de Colombia.
Por Luis Botello-Moncada*
