Por Olga L. González*
En un mundo civilizado, las prisiones no existirían. En el mundo actual, el estado de las prisiones de cada país es un indicador del grado de civilización de sus sociedades.
En Colombia llevamos años escuchando hablar de la “crisis carcelaria” y del “hacinamiento”. Pero hemos oído tantas veces estas palabras, que no nos dicen ya nada: estamos anestesiados. Otro motivo para nuestra indiferencia se funda en nuestra moral: pensamos que la gente que está en prisión se merece su castigo. “Pobres, pero algo habrán hecho”, pensamos. Y así, entre nuestra insensibilidad labrada durante años de oír lo mismo y nuestra indolencia adornada de buenos sentimientos, lo que pasa en las cárceles nos es ajeno.
Hoy, las circunstancias nos recuerdan el problema de las prisiones. A pesar de que Colombia ha tenido dos meses para anticipar las cosas, la pandemia ha llegado a las cárceles. Primero fue la masacre: antes de que llegara el virus a las cárceles, el miedo al COVID-19 dejó 23 reos muertos en una prisión de Bogotá. Estos hechos sucedieron el 21 de marzo. Pero como tampoco es la primera masacre que sucede en una cárcel colombiana, y como el Gobierno expuso sus “buenas razones” (habló de un intento de fuga), dejamos así las cosas.
Pero los hechos son tozudos, y en Colombia todo tiende a agravarse. Ahora sabemos con certeza que ha ingresado el coronavirus a prisión. En una sola de ellas (Villavicencio), hay más de 450 personas infectadas de COVID-19. Los pocos medios de comunicación que han entrado a esa prisión hablan de un “infierno”. No sabemos cuántos decesos hay, ni en qué condiciones están ellos o los reos de otras prisiones en Colombia. Y como no es un tema que guste, y porque preferimos no saber nada de eso, el Gobierno puede hacer cualquier cosa con estos detenidos.
De hecho, ha sacado un decreto, el 546. Pero este no busca aliviar el hacinamiento carcelario en un país donde hay 120.000 prisioneros, un hacinamiento de entre el 50 % y el 150 %, y una población carcelaria que aumenta de forma exponencial a causa de la inflación de leyes punitivas para delitos menores que deberían ser sancionados de otra manera. Por eso, todos los observatorios de prisiones, los defensores de los DD. HH., los detenidos que logran enviar mensajes afuera de la prisión y algunos congresistas que conocen esta situación han dicho que este decreto es inútil. A la fecha del 4 de mayo, y con una pandemia de COVID-19 que corre el riesgo de extenderse, menos de 200 presos han salido de prisión.
El Gobierno colombiano está habituado a violar los derechos humanos en las cárceles. ¿Quiere ahora condenar a muerte a los reos? Existen otras propuestas para afrontar esta pandemia. El partido FARC propone una ley (se beneficiarían, dicen ellos, “miles de prisioneros por delitos de pobreza, sindicados, mujeres cabeza de hogar y prisioneros políticos”). Investigadores en asuntos de justicia tienen también propuestas y recuerdan que hay más de 35.000 personas privadas de la libertad que no han sido condenadas por ningún delito. Muchos de ellos podrían ser excarcelados.
Los detenidos también tienen algo que decir, como se puede leer en esta carta de una detenida, que describe lo que pasa en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá. En tiempos “normales”, escribe ella, “hay personas que han cumplido el tiempo para poder salir a prisión domiciliaria, o a libertad condicional pero el juez no les da el beneficio”: a las violencias de la prisión hay que sumar la arbitrariedad de los jueces. Los detenidos también alertan sobre la situación en las estaciones de policía, donde los sindicados de delitos o crímenes pueden ser encerrados en condiciones aún peores que las cárceles. Y se puede caer aún más bajo en las URI (Unidades de Reacción Inmediata), que son sinónimo de abuso y violencia para quienes son encerrados ahí.
Frente a todo esto, el gobierno Duque ha emitido decretos que son como las falsas canas que se tiñe el presidente para aparentar seriedad y madurez. En conversaciones con interlocutores extranjeros, dirá orgulloso que el Decreto 546 excarcelará a miles de colombianos detenidos y que todo está bajo control. Todo esto es una forma de maquillar su deficiente gestión en este frente. ¿Hay alguna esperanza? Las cosas pueden cambiar en la medida en que los ciudadanos colombianos, y los ciudadanos solidarios del mundo, condenemos a un gobierno que se comporta de forma bárbara en las prisiones. Escuchemos primero las voces legítimamente inquietas de los reclusos y de quienes piden garantías para ellos.
* Doctora en sociología, investigadora asociada de la Universidad de París.
