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Más allá del ruido político que ha generado la crisis en EPM, debemos ver las decisiones de recientes de Daniel Quintero como lo que realmente son: un disparo en el pie.
Los miembros de la junta directiva no renunciaron por estar en contra de las decisiones del Gerente, renunciaron porque los convirtieron en simples observadores. En una empresa normal, la junta es responsable de nombrar al gerente, y este debe rendirle cuentas. Pero en el caso de EPM, donde el acalde nombra a la junta y al gerente, la junta no tiene un mecanismo de control efectivo, y la interacción se hace según los acuerdos de buen gobierno. Por eso, no tiene presentación que un miembro de junta se entere de las decisiones más relevantes de la compañía en los periódicos.
Una junta directiva funciona como una red de seguridad. En declaraciones públicas y privadas, se puede evidenciar que la junta estaba de acuerdo con ampliar el objeto social de EPM y de empezar el proceso judicial de Hidroituango. Si la hubieran consultado, la junta probablemente hubiera exigido una argumentación más sólida de la necesidad de la ampliación del objeto social, o una ampliación mas acotada del alcance. Eso hubiera evitado la derrota apabullante de la propuesta en el Concejo de Medellín.
Pero la gravedad del objeto social palidece al lado de lo que puede significar esto para el futuro de Hidroituango. La junta estaba de acuerdo con la conciliación porque jurídicamente hay temas por resolver, y probablemente espacio a algunas demandas. Sin embargo, en su carta de renuncia la junta dice que nunca les mostraron una matriz de riesgo de la decisión. ¿Qué va a significar esto para el avance del proyecto? ¿Tendrá esto algún efecto en las decisiones que ya han tomado las aseguradoras, afectando los recursos que iban a reconocer? ¿Esto puede abrir la puerta a una contrademanda mayor? Si bien la posibilidad de recuperar 9,9 billones es atractiva, no se puede saltar al vacío sin medir las consecuencias.
Si esta decisión hubiera pasado por la junta, probablemente se hubiera cambiado el tono de la comunicación, evitando el riesgo de convertir una negociación amistosa en un pleito hostil, y sin comprometer el avance del proyecto. Lo peor que nos puede pasar, a todos en Colombia, es que el proyecto no se termine.
Algunas voces celebran la renuncia de la junta, y dicen que es una oportunidad de sacar personas con intereses cruzados. Otros dicen que todo fue una jugada del acalde para tener una junta a su antojo. Sin embargo, estas interpretaciones no resisten una pregunta simple: Si el alcalde puede cambiar miembros de junta a voluntad, ¿Por qué simplemente no lo hizo? En el transcurso de 6 meses, podría tener una junta completamente nueva, sin necesidad de darle mayores explicaciones a nadie, y sin exponerse a una crisis de gobernabilidad, ni a una rebaja de la calificación de riesgo de parte de Fitch.
En el momento que escribo esta columna, la junta todavía no se ha conformado oficialmente. Pocos empresarios están dispuestos a aceptar los riesgos jurídicos y reputacionales de hacer parte de una junta de papel, en un momento tan crítico.
Siendo candidato y alcalde electo, Daniel Quintero decía: “¿Qué quisiera yo? Pensarnos de una vez un modelo que le dé estabilidad a la gerencia y a la junta en el tiempo, pensar en cómo se toman las decisiones de elección y de cambio del gerente de EPM, eso incluso implica que yo mismo renuncie a la escogencia de la gerencia.” Como alcalde en propiedad, Quintero hizo lo contrario y escogió a su padrino político como gerente.
Hoy, la única forma que tiene Quintero de recuperar la confianza ciudadana y financiera en EPM, es materializar la visión con la que conquistó a los electores. Solamente un proceso transparente y técnico para elegir una junta nueva, que a su vez elija un nuevo gerente, puede acabar con la crisis de gobernabilidad que atraviesa la empresa.
Eso, sin embargo, parece improbable. Pero mantener al gerente y nombrar una nueva junta, a dedo y de afán, sería como dispararse en el otro pie.