La propuesta de reforma policial

Por: John Marulanda*

La reforma a la Policía anunciada por el presidente Duque no obedece a un proyecto programático del gobierno sino a una coyuntura de severa perturbación social y como consecuencia de la negociación con los representantes de tres sindicatos que no suman ni el 2 % de la población colombiana.

La presentación al Congreso del proyecto de ley con la reforma propuesta a una institución critica para la supervivencia del país, justo en momentos de inestabilidad y zozobra, garantiza una discusión polarizada, poco racional, con resultados que pasarán cuenta de cobro más adelante. Porque es precario reformar una institución al calor de incendios, denuestos y una virtualidad de redes sociales que han logrado estigmatizarla con opiniones engañosas que tienen como objetivo, finalmente, la desestabilización del país.

Recordemos que, en otra reforma circunstancial, en agosto del 1993 (César Gaviria), la Ley 62 creó el cargo de comisionado nacional para la Policía, dependiendo directamente del ministro de la Defensa Nacional, lo cual derivó en un rifirrafe de influencias políticas clientelistas que terminó por opacar y desaparecer tal figura.

En medio de esta desastrosa pandemia, la reforma luce inoportuna, y a su concreción se abonarán la lentitud proverbial del Estado, las severas limitaciones presupuestales y las urgencias del orden público que no cederán a corto plazo. Todos estos factores pueden hacer que la reforma se trasforme en un maquillaje que no podrá, en ningún caso, cambiar la esencia institucional que ha permitido que la Policía Nacional se adecúe a los cambiantes pero repetitivos contextos de seguridad ciudadana del país.

Las jerarquías, la subordinación y la disciplina son pilares sobre los cuales no hay nada que decir. Sin ellos, ninguna institución de seguridad sobrevivirá, y si es armada, como el caso de la Policía, son las garantías mínimas sin las cuales se puede terminar en un desastre de consecuencias irreparables.

La creación de un Viceministerio parece señalar la mitad del camino hacia un Ministerio de la Seguridad Pública, una aspiración de vieja data de la izquierda política, que contempla un control político de la Policía a fin de garantizar su permanencia en el poder, ante los inefables “ataques del imperialismo y la burguesía criolla” al decir de uno de los voceros de esta tendencia ideológica. A nuestro modo de ver, tal dependencia sería inconveniente.

Un viceministro a cargo de estructurar la política de seguridad ciudadana y guiar la Policía por ese camino presenta el grave riesgo de una politización institucional, de lo cual ya tenemos amargas experiencias en nuestro pasado histórico y crudos ejemplos como Venezuela y Nicaragua. En este último país, durante las protestas estudiantiles del 2018, fueron asesinados más de 300 estudiantes por la policía orteguista. Ojalá y en este cargo, si definitivamente se crea, se ubique a un conocedor en la materia y no a un político en ascenso o a un burócrata “de toda la vida”. Como fuere, el camino hacia una institución policial inscrita en el Ministerio del Interior parece haberse iniciado. Esas son malas noticias.

Por otra parte, cambiarles el uniforme a nuestros policías, es como querer cambiar las estructuras del edificio, pintando su fachada; la asignación de un código QR a cada uniformado plantea serios riesgos a la seguridad de nuestros policías, más aun en esta época de ingeniería cibernética disruptiva, y la profesionalización es un empeño de vieja data que ha permitido a nuestra institución policial sobrevivir con un prestigio reconocido internacionalmente.

Aunque algunos legisladores echaron de manera humillante a nuestros policías de sus recintos parlamentarios, esperemos que en el estudio del proyecto de ley entiendan el papel vital la institución policial juega en la estabilidad del país y que el gobierno, a pesar de los apuros por los que está pasando, tome decisiones bien pensadas con perspectiva de nación.

* Presidente de ACORE