Réplica a una diatriba

En columnas recientes en este medio y en redes sociales, el exsuperintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo ha utilizado aseveraciones temerarias e inexactas para tratar de legitimar ante la opinión pública las irregularidades cometidas por la SIC durante su administración en la investigación de la Ruta del Sol Tramo II y por las cuales deberá responderles al país y a las autoridades. Además, presenta los hechos de manera descontextualizada, fragmentada e incompleta.

Ante las manifestaciones anteriores me permito precisar:

Para nadie es un secreto que, en su paso por la Superintendencia de Industria y Comercio, el señor Robledo, amparado en la supuesta aplicación de la Ley de Competencia, de manera mediática desató intensivas e insólitas persecuciones contra importantes empresas a las que impuso multimillonarias multas, con base en investigaciones endebles, muchas veces apoyadas en suposiciones y conjeturas, hechos por los cuales enfrenta denuncias penales y disciplinarias.

Sus actuaciones ocasionaron graves perjuicios a personas, empresas, organizaciones y, en algunas ocasiones, también a todos los colombianos. Una de ellas fue haber expedido una medida cautelar por medio de la cual ordenó a la ANI terminar de inmediato el contrato de concesión del Tramo II del proyecto Ruta del Sol sin tener ninguna facultad para hacerlo, que frenó esa obra vital para el país, pues impidió que la ANI, como entidad competente, definiera la mejor manera de asegurar su continuidad. Con su acostumbrado afán de protagonismo, el abogado Robledo profirió una medida supuestamente provisional, que en realidad tuvo efectos permanentes, de carácter irreversible y definitivo, y la ejecutó sin que existiera siquiera una investigación en curso, sin que hubiera decretado prueba alguna y sin escuchar los puntos de vista de los afectados.

Transcurrieron 20 meses después de esa arbitrariedad cuando se dio la apertura de una investigación sobre el caso, con motivo de la cual montó una rueda de prensa en la que habló extensamente sobre asuntos que no eran de su competencia por cuanto no habían llegado a su despacho y profirió una condena anticipada en contra de Corficolombiana, del Grupo Aval, su presidente y otros funcionarios de tales empresas, con aseveraciones inexactas y calumniosas.

En todos los escenarios judiciales y administrativos en los que se ha discutido el caso, ha quedado demostrado que el pago del soborno de Odebrecht por US$6,5 millones al exviceministro Gabriel García Morales se realizó directamente por el área de Operaciones Estructuradas de esa firma, desde Brasil, a una cuenta en Andorra, sin participación alguna de los socios colombianos.

Muy en su estilo, Robledo menciona en sus recientes columnas, fuera de contexto, unos correos internos de funcionarios de Corficolombiana, que recogen opiniones de un directivo de Odebrecht, para aseverar temerariamente y sin fórmula de juicio que “varias de esas encopetadas empresas se reparten las licitaciones, sobornan a funcionarios, desangran al Estado con sus ofertas y son, reitero, unas sanguijuelas”. Sin embargo, de forma truculenta calla que la misma SIC, entonces bajo su dirección, desestimó esos correos y concluyó que no implicaron conducta ilegal, razón por la cual no abrió investigación alguna al respecto.

Mención aparte merece verificar que el exsuperintendente Robledo incurre también en el envilecimiento del discurso público y en el fomento de la cultura del odio que hoy impactan al país en muchos frentes. Expresiones como “corruptas empresas constructoras”, “sobornadores”, para referirse a empresarios de importancia, tradición y merecido prestigio que crean empleo y riqueza en el país, son inaceptables, máxime si se tiene en cuenta que fue él quien, cuando ostentaba el cargo de superintendente, promovió la apertura de la investigación. Ello lo obliga a conservar una rigurosa imparcialidad y sensatez, a obrar con sindéresis, con apego a la verdad y a respetar las atribuciones del actual superintendente. Esa reprochable actuación alcanzaría dimensiones colosales si su objetivo es presionar de manera indebida la investigación en marcha, cuya providencia definitiva no ha sido aún expedida, y en cualquier caso confirma que lejos de adelantar una acción objetiva y en derecho, el señor Robledo puso la Superintendencia —y ahora su columna— al servicio de sus odios personales, como herramienta para disimular la gravedad de sus actos arbitrarios y de paso distraer la atención de las denuncias de las que ha sido objeto.

* Abogado vocero del Grupo Aval en materia de competencia.

En columnas recientes en este medio y en redes sociales, el exsuperintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo ha utilizado aseveraciones temerarias e inexactas para tratar de legitimar ante la opinión pública las irregularidades cometidas por la SIC durante su administración en la investigación de la Ruta del Sol Tramo II y por las cuales deberá responderles al país y a las autoridades. Además, presenta los hechos de manera descontextualizada, fragmentada e incompleta.

Ante las manifestaciones anteriores me permito precisar:

Para nadie es un secreto que, en su paso por la Superintendencia de Industria y Comercio, el señor Robledo, amparado en la supuesta aplicación de la Ley de Competencia, de manera mediática desató intensivas e insólitas persecuciones contra importantes empresas a las que impuso multimillonarias multas, con base en investigaciones endebles, muchas veces apoyadas en suposiciones y conjeturas, hechos por los cuales enfrenta denuncias penales y disciplinarias.

Sus actuaciones ocasionaron graves perjuicios a personas, empresas, organizaciones y, en algunas ocasiones, también a todos los colombianos. Una de ellas fue haber expedido una medida cautelar por medio de la cual ordenó a la ANI terminar de inmediato el contrato de concesión del Tramo II del proyecto Ruta del Sol sin tener ninguna facultad para hacerlo, que frenó esa obra vital para el país, pues impidió que la ANI, como entidad competente, definiera la mejor manera de asegurar su continuidad. Con su acostumbrado afán de protagonismo, el abogado Robledo profirió una medida supuestamente provisional, que en realidad tuvo efectos permanentes, de carácter irreversible y definitivo, y la ejecutó sin que existiera siquiera una investigación en curso, sin que hubiera decretado prueba alguna y sin escuchar los puntos de vista de los afectados.

Transcurrieron 20 meses después de esa arbitrariedad cuando se dio la apertura de una investigación sobre el caso, con motivo de la cual montó una rueda de prensa en la que habló extensamente sobre asuntos que no eran de su competencia por cuanto no habían llegado a su despacho y profirió una condena anticipada en contra de Corficolombiana, del Grupo Aval, su presidente y otros funcionarios de tales empresas, con aseveraciones inexactas y calumniosas.

En todos los escenarios judiciales y administrativos en los que se ha discutido el caso, ha quedado demostrado que el pago del soborno de Odebrecht por US$6,5 millones al exviceministro Gabriel García Morales se realizó directamente por el área de Operaciones Estructuradas de esa firma, desde Brasil, a una cuenta en Andorra, sin participación alguna de los socios colombianos.

Muy en su estilo, Robledo menciona en sus recientes columnas, fuera de contexto, unos correos internos de funcionarios de Corficolombiana, que recogen opiniones de un directivo de Odebrecht, para aseverar temerariamente y sin fórmula de juicio que “varias de esas encopetadas empresas se reparten las licitaciones, sobornan a funcionarios, desangran al Estado con sus ofertas y son, reitero, unas sanguijuelas”. Sin embargo, de forma truculenta calla que la misma SIC, entonces bajo su dirección, desestimó esos correos y concluyó que no implicaron conducta ilegal, razón por la cual no abrió investigación alguna al respecto.

Mención aparte merece verificar que el exsuperintendente Robledo incurre también en el envilecimiento del discurso público y en el fomento de la cultura del odio que hoy impactan al país en muchos frentes. Expresiones como “corruptas empresas constructoras”, “sobornadores”, para referirse a empresarios de importancia, tradición y merecido prestigio que crean empleo y riqueza en el país, son inaceptables, máxime si se tiene en cuenta que fue él quien, cuando ostentaba el cargo de superintendente, promovió la apertura de la investigación. Ello lo obliga a conservar una rigurosa imparcialidad y sensatez, a obrar con sindéresis, con apego a la verdad y a respetar las atribuciones del actual superintendente. Esa reprochable actuación alcanzaría dimensiones colosales si su objetivo es presionar de manera indebida la investigación en marcha, cuya providencia definitiva no ha sido aún expedida, y en cualquier caso confirma que lejos de adelantar una acción objetiva y en derecho, el señor Robledo puso la Superintendencia —y ahora su columna— al servicio de sus odios personales, como herramienta para disimular la gravedad de sus actos arbitrarios y de paso distraer la atención de las denuncias de las que ha sido objeto.

* Abogado vocero del Grupo Aval en materia de competencia.