Por Enrique Gómez Martínez *
Radiqué una proposición legislativa para disminuir en $100.000 millones el presupuesto asignado a la JEP para el 2027 para trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura. Pretendo también, con un proyecto de acto legislativo recortar el periodo de vigencia de la JEP en cinco años. Estas iniciativas han sido una nueva excusa para que, en El Espectador, “los opinadores” protagonizaran una nueva ola de incitación al odio e insultos en mi contra.
En menos de cuatro meses, varias columnas de este diario, cuatro de ellas de Ramiro Bejarano (miembro del Consejo Editorial), presentan mi imagen junto a grandes títulos que me señalan de heredero del “Monstruo”, parte de una “tenaza siniestra” y figura de un “régimen del terror”. El 14 de octubre, Cecilia Orozco se suma al escarnio titulando “El pasado sanguinario ahora se opone a la JEP”, nuevamente publicando mi fotografía. A estos calificativos suma otros como el de “troglodita” y “mal ser humano”.
La ventaja de esa prosa de cancelación es considerable: cuando se ha establecido que el contradictor lleva a priori el terror en el apellido, no hace falta detenerse demasiado en sus cifras, argumentos o razones.
No discuto el derecho a odiar o detestar lo que represento o mis ideas. Objeto un procedimiento reconocible: ligar mi nombre y mi imagen a calificativos que evocan violencia y me endilgan responsabilidad a cuenta de mi parentesco y legado para justificarse. Buscan crear en el lector la impresión de un personaje peligroso y marginalmente refieren una versión engañosa de mis iniciativas. ¿En qué momento la crítica política se convirtió en el derecho a denigrar, asignar responsabilidades criminales históricas y, además, por línea de sangre?
La historia de Laureano admite discusiones, como la de todo gobernante. Pero revivir en tono denigratorio el apelativo que, en su época, fue usado, por el contrario, para describir su carácter excepcional, su oratoria y su enorme influencia política, pretende, inútilmente, humillar un legado del que estoy orgulloso como muchos otros colombianos. Estos insultos y ataques, que reviven hábitos mortales del sectarismo violento, tienen un propósito: construir un imaginario que señala al movimiento que represento y a mi familia como responsables de la violencia en Colombia. Estigmatiza, por su carácter reiterado y el nivel de difusión de los medios que utiliza, y logra una explícita incitación al odio por parte de los autores y el medio que publica.
El contraste resulta incómodo. A mi familia, que ha participado durante generaciones en la vida pública, se le adjudica una violencia hereditaria mediante titulares y metáforas. Contrario a lo afirmado en los delirios febriles de Bejarano y Orozco, mi familia ha sido perseguida, censurada y asesinada por el Régimen que tan precisa y coherentemente denunciaron Álvaro y Laureano. Fue mi abuelo quien sufrió un golpe de Estado propiciado por el Régimen politiquero y manzanillo, golpe que terminó en una malhadada dictadura que sus creadores no pudieron controlar. Mi familia fue la que padeció el exilio, la destrucción de su casa, su periódico y su patrimonio. Fue Álvaro el cobardemente asesinado, en un crimen de lesa humanidad aún hoy en total impunidad.
Nunca un miembro de la familia Gómez ha sido objeto de investigación o condena penal por los crímenes que sistemáticamente endilgan los columnistas de este periódico. El trascendental legado de Laureano consta en cientos de obras y homenajes públicos nacionales.
Mientras tanto, resalta el cómodo silencio de los columnistas sobre los verdaderos actores violentos que, por más de medio siglo, empuñaron las armas con la infame disculpa del delito político. Silencio total sobre millones de crímenes de guerra y lesa humanidad de la guerrilla, cuyo actuar defienden y justifican y cuya impunidad real y material promueven en la JEP.
Orozco sostiene cínicamente que mi condición de víctima y mi actuación en nombre de mi familia tiene un interés perverso o ilegitimo. ¡Qué fórmula tan conveniente! Las víctimas se invocan para defender en abstracto a la JEP, pero se niega esta condición cuando se busca verdad detrás de un crimen de Estado.
En el asesinato de Álvaro existen varias líneas de investigación abiertas en la Fiscalía, incluyendo la relativa a la presunta participación de integrantes de la Policía y del DAS, dirigido, el día del homicidio, precisamente por Ramiro Bejarano. ¿Será esta la razón que nutre sus improperios?
Bejarano tiene derecho a defender su actuación como director del DAS en uno de sus peores periodos. Yo tengo derecho a evidenciar ante los lectores la forma en que, de manera privilegiada, se viene usando este periódico para crear un imaginario mentiroso mediante ataques públicos y sistemáticos en mi contra por un columnista directamente involucrado en esa investigación. Mientras Bejarano publica juicios calumniosos sobre mí y mi familia, endilgando responsabilidades criminales, Orozco, a su vez, tiene derecho a defender a la JEP. Lo que no se debe es inducir al lector a engaño, transformando mi iniciativa política legítima en la caricatura de un monstruo, supuestamente responsable del terror y la violencia en el país.
La Constitución le atribuyó al Congreso la discusión y aprobación del presupuesto, incluida la facultad de reducir partidas, así como la potestad de reformar la Constitución. En democracia, el debate está abierto y si mi propuesta sirvió para develar un sinnúmero de irregularidades y abusos del presupuesto en la JEP, bienvenidos todos los debates de fondo que no busquen desviar investigaciones y discusiones sino fortalecer el Estado de Derecho.
Orozco compara peras con manzanas al pretender desconocer el enorme volumen de procesos a cargo de la justicia ordinaria cuando busca justificar la costosa inoperancia de la JEP. Escudada en “las víctimas” quiere impedir el examen de fondo. La JEP conoce de conductas de las FARC anteriores al 1.º de diciembre de 2016 y debe resolver la situación jurídica de sus integrantes donde poco tiene que mostrar.
La reparación de víctimas se financia exclusivamente con el presupuesto de otras entidades y la reducción propuesta no afecta a las víctimas, pero sí a los burócratas y los parlamentarios del Régimen que los controlan.
El Régimen necesita convertirme en “monstruo” porque es más fácil atacar mi nombre, mi familia y mi condición de víctima que desvirtuar mis denuncias. El “monstruo” que desvela a los columnistas es el fin de la impunidad que protege al Régimen.
*Senador de la República, Salvación Nacional.