El Editorial del día 5 de diciembre, “protección jurídica”, está basado en tres premisas sujetas a discusión, puesto que:
1. Equipara las acciones de Luis Carlos Restrepo con las de Sergio Jaramillo, sin recordar que el primero fue investigado por la Fiscalía por prevaricato, peculado, fraude procesal y tráfico y porte de armas, mientras que Jaramillo ha mantenido un claro papel de negociador en las fases preliminares de los diálogos. Esto implica que el papel protagónico que mantuvo el comisionado de Paz bajo la égida de Uribe hoy ha disminuido.
De igual forma, el proceso de paz actual se ha visto determinado por un amplio seguimiento de la sociedad civil, que ha permitido un mayor acceso a la información sobre lo que se está negociando en La Habana, dejando menos espacio para el uso de maniobras ilegales por parte de los actores en conflicto. Cabe preguntarse si cuando se logró la desmovilización de las autodefensas se tenía el mismo grado de acceso a las acciones de funcionarios públicos como Restrepo.
2. El editorial asume que el parágrafo de la Ley 418 aprobado en plenaria sí es un blindaje para Restrepo, aun cuando el Código de Procedimiento Penal establece que cualquier proceso de este tipo es archivado cuando no haya pruebas de comportamiento delictivo; por lo que la inmunidad penal hacia Restrepo ya estaba garantizada, desde que inició funciones como comisionado de Paz, como afirmó el fiscal en la Silla Vacía. La Fiscalía determinará si Restrepo actuó dolosamente, y con base en su investigación, determinará si proseguir o no la investigación.
3. Este editorial antepone la dinámica institucional al proceso de paz, en detrimento de las posibilidades que éste tiene para llevar a cabo un ejercicio exitoso de finalización del conflicto. Aún existe una discusión muy fuerte en términos de cómo llevar a cabo el cese al fuego, por lo que no es claro en este momento cuál es el papel de los comisionados de paz o del equipo negociador en la desmovilización de las Farc. Sin una claridad respecto a este punto, es inútil cualquier paso a seguir, puesto que la naturaleza del conflicto tiene una raíz política y no puede circunscribirse a la normatividad de sólo una de las partes en disputa. No se está definiendo una rendición, se está negociando una paz concertada entre dos actores.
Asimismo, es más probable que el proceso de paz culmine con una desmovilización paulatina o por etapas. En este sentido adquiere mayor relevancia la diferenciación entre las acciones de Luis Carlos Restrepo y sus sucesores en el cargo: en el proceso de paz actual, será mucho más difícil llevar a cabo una puesta en escena de una rendición, cual obra de teatro como la desmovilización de las autodefensas. Ya lo dijeron las Farc: no se verá una foto de entrega de armas, y hay que recordar que para negociar se necesitan dos.
Esta coyuntura permite hacer un llamado a la responsabilidad política en la afirmación categórica de sucesos como los que inspiraron el editorial ya mencionado. Los medios de comunicación son responsables de la información que divulgan, así como lo son de las posturas que transmiten. Hay que tener mucho cuidado a la hora de proponer posiciones sin un conocimiento previo de las situaciones a las que se hace referencia, de otra forma, en nada se diferencia un periódico serio de un pasquín.
David Cárdenas *
