¿Se le apareció la virgen a la “Patria Milagro”?

El gobierno de Gustavo Petro le dejó a Abelardo de la Espriella una situación fiscal muy difícil. La buena e inesperada noticia para el nuevo gobierno es que tiene frente a sí una oportunidad para aumentar su ingreso sin subir impuestos: en el marco de las Naciones Unidas se está negociando una nueva Convención Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional que podría permitirle al país recaudar más recursos, combatir la evasión y elusión fiscal y recuperar parte de los ingresos que hoy se pierden en paraísos fiscales, operaciones de multinacionales y una economía cada vez más digitalizada. Para un gobierno que prometió no subir impuestos, pero que necesita desesperadamente más ingresos, esta negociación puede convertirse en una inesperada tabla de salvación.

Parte del problema fiscal actual viene de restricciones estructurales de las finanzas públicas colombianas, pero otra parte fue autoinfligida. El gobierno saliente en su última etapa fue fiscalmente irresponsable y políticamente torpe: aumentó el gasto significativamente, se endeudó a tasas escandalosas y creyó que podía aprobar nuevas reformas tributarias sin construir los consensos políticos necesarios. Cuando el Congreso le cerró la puerta, recurrió incluso a intentos constitucionalmente cuestionables para conseguir los recursos que no logró obtener por la vía legislativa.

De la Espriella llegó prometiendo un “recorte drástico” del Estado. No obstante, gobernar es más difícil que hacer campaña. El gasto público colombiano es altamente rígido y, en Colombia, la realidad es que parte de la gobernabilidad depende de una burocracia que funciona como moneda de transacción política.

La realidad ya alcanzó al nuevo gobierno. El presupuesto para 2027 presentado por De la Espriella asciende a $634,9 billones, aproximadamente 10 % más que el proyecto que había dejado Petro. Más preocupante aún: el déficit fiscal podría llegar al 9,4 % del PIB. Y ahora, además, hay que encontrar decenas de billones de pesos para reconstruir el país después del devastador terremoto de agosto.

Ahora, si el actual Gobierno también prometió no aumentar impuestos –incluso algunos sectores que lo respaldan han coqueteado con malas ideas como desmontar impuestos saludables o eliminar el impuesto al patrimonio—, entonces, ¿de dónde va a salir la plata para cerrar el déficit fiscal?

Como decimos en Colombia, al gobierno de De la Espriella se le apareció la virgen. O, para estar a tono con la nueva (embarazosa) narrativa oficial, a la “Patria Milagro” se le apareció la virgen fiscal.

Desde 2025, más de cien países están negociando en Naciones Unidas una Convención Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional. Y para Colombia, esta discusión puede significar plata.

¿Por qué? Resulta que las actuales reglas tributarias internacionales permiten que multinacionales trasladen artificialmente sus utilidades a jurisdicciones donde pagan pocos impuestos; dificultan que países como Colombia graven adecuadamente los servicios digitales; hacen extremadamente complejo identificar activos escondidos en el exterior y grandes patrimonios; y generan disputas tributarias internacionales que le cuestan tiempo y recursos al Estado colombiano.

Todo lo anterior drena los ingresos de un país como Colombia. Y precisamente, la Convención busca cambiar estas reglas injustas. En concreto, busca permitir que los países en donde realmente ocurre la actividad económica puedan cobrar una parte justa de los impuestos de las multinacionales; mejorar la cooperación contra la evasión y elusión fiscal; aumentar la transparencia sobre activos y beneficiarios reales; y establecer mecanismos más efectivos para prevenir y resolver disputas tributarias.

Estos potenciales recursos podrían obtenerse sin recurrir a la tradicional reforma tributaria que cada dos años incendia políticamente al país. Un estudio reciente estima que modernizar las reglas tributarias internacionales podría movilizar globalmente hasta 500.000 millones de dólares adicionales al año, sin subir impuestos, sino cobrando donde realmente se generan las ganancias. No sustituirá todos los ajustes internos que Colombia necesita, pero puede ampliar significativamente el espacio fiscal y reducir la cantidad de recursos que hoy se escapan por las grietas del sistema tributario internacional.

La negociación está ocurriendo en este momento. En agosto acaba de concluir en Nueva York la primera discusión sobre textos concretos de la Convención y sus protocolos, y Colombia ha sido hasta ahora uno de los países latinoamericanos que más activamente ha impulsado este proceso.

El gobierno de De la Espriella tiene, entonces, una decisión sencilla que tomar: continuar ese liderazgo para defender los intereses fiscales de Colombia, o trasladar al escenario tributario internacional su cercanía política con Estados Unidos, país que se ha opuesto a la Convención.

Esperemos que escoja lo primero. Sería bastante paradójico que un gobierno que necesita desesperadamente recursos para un ajuste fiscal importante rechazara una oportunidad para recuperarlos, simplemente porque Washington se lo pide.

Aún más paradójico sería que la autoproclamada “Patria Milagro” dejara pasar de largo a la virgen fiscal que se le acaba de aparecer.

* Economista e investigador, Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional