Segregación por Género y COVID-19: ¿Ingenuidad o utilitarismo?
Por Macarena Sáez Torres *
Una de las medidas más efectivas para reducir el contagio de COVID-19 es también una de las más complicadas: obligar a las personas a quedarse en su casa y cerrar todos los espacios de socialización, incluidos los centros educacionales y el comercio, genera múltiples problemas. En este contexto, la pregunta sobre el balance entre las restricciones a las libertades individuales y el respeto a los derechos humanos no ha sido fácil de responder.
Perú, Panamá y algunas ciudades de Colombia, incluida la ciudad de Bogotá, restringieron la libertad de movimiento en base al género. Los hombres podrían salir algunos días de la semana y las mujeres, otros. La política duró una semana en Perú, un par de semanas en Bogotá y sigue vigente en Panamá. El problema más evidente de esta medida es la vulnerabilidad en la que deja a las personas no binarias, a la población trans y a todos quienes no se ajustan al modelo tradicional de hombre y mujer.
La alcaldesa de Bogotá estableció que las personas trans podían salir el día del género con el que se identificaran y las personas no binarias podían elegir el día de hombres o mujeres. Ordenó a la Policía a respetar a las personas trans (¿es que no es una obligación de la Policía sin necesidad de una orden expresa?) y no pedir documentos de identidad. Incluso con estas precauciones, la medida es de una ingenuidad difícil de comprender o de un utilitarismo inaceptable desde una perspectiva de derechos humanos.
Ingenuidad
La población trans siempre ha sufrido del hostigamiento y violencia policial. Esta vez no iba a ser diferente. La ingenuidad no es solo creer que con imponer mayores sanciones a los policías que abusan de la población trans el problema se resuelve. Una medida de esta naturaleza invita a toda la población a ser jueces de la identidad, ya sea que las personas se autodefinan como trans, no binarias o simplemente no tengan una imagen ajustada a la percepción tradicional de mujer u hombre. Cualquiera puede humillar a otra en la calle al negarle su propia identidad. El género deja de ser una auto-identificación y pasa a ser una característica impuesta por el observador, sea la Policía o la población civil.
La ingenuidad es aún mayor si la Policía tiene la autoridad de exigir documentos de identidad en la calle. Con eso, la identidad es la que diga el documento y la población trans vuelve a su estado original de vulnerabilidad al poder ser legalmente señalada y separada del resto para pedirle papeles. Esa ha sido la situación en Panamá denunciada por organizaciones de derechos humanos. En Bogotá, la Policía no tenía facultades para pedir la identificación. Pero eso no impidió el control social del género por parte de la población civil. Tampoco redujo el temor a la violencia. El derecho a vivir una vida libre de violencia incluye el derecho a vivir una vida sin el temor constante a ser violentados. Eso lo sabemos las mujeres muy bien.
Utilitarismo
La segunda posibilidad es que esta medida se haya tomado sabiendo que no habría forma de proteger a la población trans, no binaria, mujeres y hombres que no se ajustan a los modelos tradicionales, personas que ejercen el comercio sexual y también los indocumentados, quienes no pueden salir sin el temor que se les pida un documento de identidad. Según un cálculo utilitarista, si esta es la única forma de proteger a la mayoría de la población contra el contagio, el sacrificio de la minoría es justificado. La población vulnerable que vea aumentado el número de apremios ilegítimos, humillaciones, detenciones ilegales y quienes mueran por violencia policial o civil, son el precio que hay que pagar para ganarle al virus. Pero ¿es posible afirmar que esta es la única alternativa posible o la menos onerosa? Con modelos diversos tomados por distintas comunidades en el mundo es imposible afirmar que la segregación por género sea la alternativa más efectiva para reducir el contagio. Aun mas, sería inaceptable que el grupo más vulnerable de la población se llevase la carga desproporcionada de salvar a la mayoría de la población. Una emergencia sanitaria exige el sacrificio de todos, y cualquier medida que se tome, debe repartir el sacrificio de la manera más equitativa posible, evitando que un grupo determinado se lleve la peor carga, sobre todo si es el grupo al que se le vulneran sus derechos constantemente en tiempos de normalidad.
Segregación por género y dignidad
La Policía debería ser la primera frente de protección contra la violencia, pero, en muchos lugares, es el primer frente de agresión en contra de ciertos grupos y las situaciones de crisis no cambian esto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hablado de la violencia por prejuicio cuando esta tiene por objeto no solo causar daño a la persona, sino enviar una señal de amedrentamiento y violencia contra todo un grupo**. Esta medida es imposible en sociedades donde aún la violencia por prejuicio es una realidad constante. La segregación por género da carta blanca a la violencia por prejuicio.
Si el género fuera un espacio políticamente irrelevante, no habría problema con esta restricción. Pero el sexo y el género son espacios de gran discriminación y de una lucha ideológica que mantiene profundamente dividida a muchas sociedades. La integridad es un derecho humano que gozan todas las personas y es parte de la dignidad humana. La segregación por género atenta contra la dignidad de aquellos cuya dignidad ha sido negada una y otra vez.
Este medida es violatoria del derecho a la integridad y a la igualdad. El Covid-19 es un problema comunitario que exige soluciones y sacrificios comunitarios. No hagamos de una crisis de salud, una crisis de derechos humanos también.
* Profesora y Directora Académica del Centro de Derechos Humanos de American University Washington College of Law.
** CorteIDH, Azul Rojas Marin v. Peru, Sentencia de 12 de marzo de 2020, Par. 165. Este concepto fue desarrollado de manera brillante por la Profesora Maria Mercedes Gomez. Ver, testimonio experto en Audiencia Pública, Caso Rojas Marin y otra Vs. Perú, 27 de agosto de 2019, 2:54:00 - 4:18:49, https://vimeo.com/347339620, Ver, Maria Mercedes Gomez, “Violencia Por Prejuicio,” en C. Motta y M. Saez, La Mirada de los Jueces, Vol 2, 90, (2008)
Por Macarena Sáez Torres *
Una de las medidas más efectivas para reducir el contagio de COVID-19 es también una de las más complicadas: obligar a las personas a quedarse en su casa y cerrar todos los espacios de socialización, incluidos los centros educacionales y el comercio, genera múltiples problemas. En este contexto, la pregunta sobre el balance entre las restricciones a las libertades individuales y el respeto a los derechos humanos no ha sido fácil de responder.
Perú, Panamá y algunas ciudades de Colombia, incluida la ciudad de Bogotá, restringieron la libertad de movimiento en base al género. Los hombres podrían salir algunos días de la semana y las mujeres, otros. La política duró una semana en Perú, un par de semanas en Bogotá y sigue vigente en Panamá. El problema más evidente de esta medida es la vulnerabilidad en la que deja a las personas no binarias, a la población trans y a todos quienes no se ajustan al modelo tradicional de hombre y mujer.
La alcaldesa de Bogotá estableció que las personas trans podían salir el día del género con el que se identificaran y las personas no binarias podían elegir el día de hombres o mujeres. Ordenó a la Policía a respetar a las personas trans (¿es que no es una obligación de la Policía sin necesidad de una orden expresa?) y no pedir documentos de identidad. Incluso con estas precauciones, la medida es de una ingenuidad difícil de comprender o de un utilitarismo inaceptable desde una perspectiva de derechos humanos.
Ingenuidad
La población trans siempre ha sufrido del hostigamiento y violencia policial. Esta vez no iba a ser diferente. La ingenuidad no es solo creer que con imponer mayores sanciones a los policías que abusan de la población trans el problema se resuelve. Una medida de esta naturaleza invita a toda la población a ser jueces de la identidad, ya sea que las personas se autodefinan como trans, no binarias o simplemente no tengan una imagen ajustada a la percepción tradicional de mujer u hombre. Cualquiera puede humillar a otra en la calle al negarle su propia identidad. El género deja de ser una auto-identificación y pasa a ser una característica impuesta por el observador, sea la Policía o la población civil.
La ingenuidad es aún mayor si la Policía tiene la autoridad de exigir documentos de identidad en la calle. Con eso, la identidad es la que diga el documento y la población trans vuelve a su estado original de vulnerabilidad al poder ser legalmente señalada y separada del resto para pedirle papeles. Esa ha sido la situación en Panamá denunciada por organizaciones de derechos humanos. En Bogotá, la Policía no tenía facultades para pedir la identificación. Pero eso no impidió el control social del género por parte de la población civil. Tampoco redujo el temor a la violencia. El derecho a vivir una vida libre de violencia incluye el derecho a vivir una vida sin el temor constante a ser violentados. Eso lo sabemos las mujeres muy bien.
Utilitarismo
La segunda posibilidad es que esta medida se haya tomado sabiendo que no habría forma de proteger a la población trans, no binaria, mujeres y hombres que no se ajustan a los modelos tradicionales, personas que ejercen el comercio sexual y también los indocumentados, quienes no pueden salir sin el temor que se les pida un documento de identidad. Según un cálculo utilitarista, si esta es la única forma de proteger a la mayoría de la población contra el contagio, el sacrificio de la minoría es justificado. La población vulnerable que vea aumentado el número de apremios ilegítimos, humillaciones, detenciones ilegales y quienes mueran por violencia policial o civil, son el precio que hay que pagar para ganarle al virus. Pero ¿es posible afirmar que esta es la única alternativa posible o la menos onerosa? Con modelos diversos tomados por distintas comunidades en el mundo es imposible afirmar que la segregación por género sea la alternativa más efectiva para reducir el contagio. Aun mas, sería inaceptable que el grupo más vulnerable de la población se llevase la carga desproporcionada de salvar a la mayoría de la población. Una emergencia sanitaria exige el sacrificio de todos, y cualquier medida que se tome, debe repartir el sacrificio de la manera más equitativa posible, evitando que un grupo determinado se lleve la peor carga, sobre todo si es el grupo al que se le vulneran sus derechos constantemente en tiempos de normalidad.
Segregación por género y dignidad
La Policía debería ser la primera frente de protección contra la violencia, pero, en muchos lugares, es el primer frente de agresión en contra de ciertos grupos y las situaciones de crisis no cambian esto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hablado de la violencia por prejuicio cuando esta tiene por objeto no solo causar daño a la persona, sino enviar una señal de amedrentamiento y violencia contra todo un grupo**. Esta medida es imposible en sociedades donde aún la violencia por prejuicio es una realidad constante. La segregación por género da carta blanca a la violencia por prejuicio.
Si el género fuera un espacio políticamente irrelevante, no habría problema con esta restricción. Pero el sexo y el género son espacios de gran discriminación y de una lucha ideológica que mantiene profundamente dividida a muchas sociedades. La integridad es un derecho humano que gozan todas las personas y es parte de la dignidad humana. La segregación por género atenta contra la dignidad de aquellos cuya dignidad ha sido negada una y otra vez.
Este medida es violatoria del derecho a la integridad y a la igualdad. El Covid-19 es un problema comunitario que exige soluciones y sacrificios comunitarios. No hagamos de una crisis de salud, una crisis de derechos humanos también.
* Profesora y Directora Académica del Centro de Derechos Humanos de American University Washington College of Law.
** CorteIDH, Azul Rojas Marin v. Peru, Sentencia de 12 de marzo de 2020, Par. 165. Este concepto fue desarrollado de manera brillante por la Profesora Maria Mercedes Gomez. Ver, testimonio experto en Audiencia Pública, Caso Rojas Marin y otra Vs. Perú, 27 de agosto de 2019, 2:54:00 - 4:18:49, https://vimeo.com/347339620, Ver, Maria Mercedes Gomez, “Violencia Por Prejuicio,” en C. Motta y M. Saez, La Mirada de los Jueces, Vol 2, 90, (2008)