Mientras que en el Congreso se debaten proyectos de ley que procuran mejorar el sistema de salud, tratando por una parte de darles flujo a cientos de miles de millones que están represados en las cuentas bancarias que tienen los entes territoriales para financiar el régimen subsidiado en las regiones y, por otra parte, procurando encontrar el mejor texto de una ley estatutaria para la salud, el Ejecutivo anuncia que se está contemplando la posibilidad de “cambiar el sistema de aseguramiento... en especial en las regiones más pequeñas donde los servicios de atención se centran en una sede hospitalaria”.
Otros actores del sistema manifiestan que antes que una ley estatutaria que defina el ámbito del derecho fundamental de la salud, lo que se requiere es terminar de reglamentar leyes que se quedaron sin dicha reglamentación, como la 1122 de 2007 y la 1438 de 2011. Otros opinan que lo que amerita el sistema es una nueva ley ordinaria que permita una verdadera estructura.
Para el ciudadano de a pie, ese que no sabe qué hacer porque los medios anuncian que su aseguradora —ya sea del contributivo o del subsidiado— será intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud o será liquidada, a ese ciudadano poco le importa una ley estatutaria, la reglamentación de lo pendiente o una nueva ley ordinaria. ¡A él lo que le interesa es que le respeten su derecho y le garanticen el acceso!
Uno de los compromisos de un Estado Social de Derecho es otorgarle la debida importancia al derecho a la salud. Si esto no se cumple, se seguirán negando servicios de salud a los niños y ancianos (aunque sean poblaciones constitucionalmente protegidas), los recursos del sistema continuarán siendo dirigidos y utilizados para fines ajenos a la prestación efectiva del derecho fundamental, se seguirá presentando evasión en los aportes, no se conocerá la real dimensión que debe tener la UPC, continuarán la multiafiliación y los recobros no pagados por el Fosyga, y se seguirán enfermando los que no deberían enfermarse o muriendo los que no deberían morirse.
El derecho a la salud debe ser garantizado por el Estado colombiano, tal como lo dijo la Corte Constitucional al revisar el cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008 el pasado mes de mayo, “la corrupción, el desgreño administrativo y la falta de control desdicen en gran manera del Estado Social de Derecho ”.
La realidad del actual sistema de salud hace imperioso que el país aborde la consideración inmediata de este tema para que los colombianos finalmente tengan de forma efectiva y práctica el derecho a la salud, y deje de ser sólo un referente teórico plasmado en la Constitución, como hasta ahora ha sido.
* Médico cirujano. Asesor de la Contraloría General de la República.
Mientras que en el Congreso se debaten proyectos de ley que procuran mejorar el sistema de salud, tratando por una parte de darles flujo a cientos de miles de millones que están represados en las cuentas bancarias que tienen los entes territoriales para financiar el régimen subsidiado en las regiones y, por otra parte, procurando encontrar el mejor texto de una ley estatutaria para la salud, el Ejecutivo anuncia que se está contemplando la posibilidad de “cambiar el sistema de aseguramiento... en especial en las regiones más pequeñas donde los servicios de atención se centran en una sede hospitalaria”.
Otros actores del sistema manifiestan que antes que una ley estatutaria que defina el ámbito del derecho fundamental de la salud, lo que se requiere es terminar de reglamentar leyes que se quedaron sin dicha reglamentación, como la 1122 de 2007 y la 1438 de 2011. Otros opinan que lo que amerita el sistema es una nueva ley ordinaria que permita una verdadera estructura.
Para el ciudadano de a pie, ese que no sabe qué hacer porque los medios anuncian que su aseguradora —ya sea del contributivo o del subsidiado— será intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud o será liquidada, a ese ciudadano poco le importa una ley estatutaria, la reglamentación de lo pendiente o una nueva ley ordinaria. ¡A él lo que le interesa es que le respeten su derecho y le garanticen el acceso!
Uno de los compromisos de un Estado Social de Derecho es otorgarle la debida importancia al derecho a la salud. Si esto no se cumple, se seguirán negando servicios de salud a los niños y ancianos (aunque sean poblaciones constitucionalmente protegidas), los recursos del sistema continuarán siendo dirigidos y utilizados para fines ajenos a la prestación efectiva del derecho fundamental, se seguirá presentando evasión en los aportes, no se conocerá la real dimensión que debe tener la UPC, continuarán la multiafiliación y los recobros no pagados por el Fosyga, y se seguirán enfermando los que no deberían enfermarse o muriendo los que no deberían morirse.
El derecho a la salud debe ser garantizado por el Estado colombiano, tal como lo dijo la Corte Constitucional al revisar el cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008 el pasado mes de mayo, “la corrupción, el desgreño administrativo y la falta de control desdicen en gran manera del Estado Social de Derecho ”.
La realidad del actual sistema de salud hace imperioso que el país aborde la consideración inmediata de este tema para que los colombianos finalmente tengan de forma efectiva y práctica el derecho a la salud, y deje de ser sólo un referente teórico plasmado en la Constitución, como hasta ahora ha sido.
* Médico cirujano. Asesor de la Contraloría General de la República.