Las niñas y las adolescentes son las más afectadas por la violencia sexual en Colombia. Veamos algunas cifras que lo demuestran: según el DANE, los partos en niñas menores de 14 años se incrementaron en un 22,2 % para el segundo trimestre de 2021. Significa que este año a 1.156 niñas de un momento a otro se les esfumó la posibilidad de concretar un proyecto de vida porque pasaron de ser niñas a ser madres luego de sufrir violencia sexual. Desde luego el aumento de 22,2 % es con respecto al mismo periodo de 2020, cuando se registraron 946 niñas dando a luz a otras niñas o niños.
Esto no debería pasar desapercibido en un país que constantemente discute en la opinión pública su preocupación por los derechos de la niñez. Paradójicamente, poco o nada se dice al respecto de las niñas que son obligadas a ser madres por cuenta de la violencia sexual. Y me preocupa, entre muchísimas otras razones, porque como lo hemos venido explicando las diversas organizaciones que hacemos parte de la campaña ‘Son #NiñasNoMadres’, el riesgo de muerte para una niña por estar embarazada es cuatro veces mayor que el que enfrenta una mujer adulta. Sin contar que en la mayoría de los casos deben dejar de estudiar y enfrentan graves secuelas emocionales y psicológicas.
Sí, Colombia tiene una crisis de embarazos forzados en niñas, que además se profundizó con los confinamientos para contener el COVID-19, pero parece no importar. Muchas de ellas quedaron encerradas con sus abusadores, que lamentablemente suelen ser personas cercanas o de la misma familia, y el destino que les traza la ineficiencia del Estado es convertirse en madres contra su voluntad. A muchas de nuestras niñas no se les garantizan su derecho a salud sexual y reproductiva cuando son víctimas de violencia sexual, ya sea porque temen denunciar o porque les niegan servicios de salud esenciales como la interrupción voluntaria del embarazo.
Antes de la pandemia las cifras en materia de violencia sexual contra las niñas eran igual de preocupantes. Para 2019, el 73 % de los 26.158 delitos sexuales denunciados en el Instituto de Medicina Legal tuvieron por víctima una niña o adolescente en edades que van hasta los 17 años. Y esto sin tener en cuenta un preocupante subregistro al respecto. Esos números demuestran que el Estado colombiano no ha hecho lo suficiente por sacar a miles de niñas de esta situación que es injusta, victimizante y desbalanceada.
Precisamente por eso es que el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la mujer de la ONU (Comité CEDAW) y el Comité sobre los Derechos del Niño también de la ONU ya le han recomendado a Colombia que avance en la protección de los derechos sexuales y reproductivos, incluido el servicio de aborto, con el fin de evitar este tipo de situaciones inhumanas que viven muchas niñas y adolescentes en el país. Para muchas personas estas recomendaciones internacionales podrían no tener mucho sentido porque en nuestro país el aborto está permitido bajo tres causales desde 2006, entre ellas, cuando se trata de una violación.
Lamentablemente la experiencia nos ha mostrado que el modelo de causales no es suficiente pues tiende a ser confuso para el personal de salud y operadores de justicia que, por cuenta de sus prejuicios, terminan interpretando las causales para interrumpir el embarazo de manera voluntaria de la manera más restrictiva posible, lo cual suele ocurrir con más cotidianidad en zonas rurales.
Sigamos con las cifras para ilustrar lo que acabo de señalar: de acuerdo la cifras de Fiscalía, en el año 2017, había 37 denuncias en contra de niñas menores de 14 años por aborto. Sí, 37 niñas denunciadas por acceso a la interrupción voluntaria del embrazo a pesar de que la ley considera las relaciones sexuales con menores de catorce años son un delito, lo cual hace que el acceso al aborto para estas niñas sea un derecho como lo dictaminó la Corte Constitucional en su sentencia C-355 de 2006.
En otras palabras, muchas niñas en Colombia no solo viven en constante riesgo de ser víctimas de violencia sexual sino que deben enfrentar la cruel posibilidad de tener que escoger entre ser madres a la fuerza o buscar una legítima interrupción de su embarazo forzado pero arriesgándose a ser denunciadas por el delito de aborto. Porque la realidad es que en Colombia el aborto es al mismo tiempo un derecho y un delito. Reitero: derecho bajo las tres causales de 2006 y un delito en el resto de los casos.
Así que la eliminación del delito de aborto del Código Penal portegería a las niñas y las adolescentes de ser revictimizadas e incluso criminalizadas después de un embarazo producto de una violación sexual; les evitaría muertes o secuelas físicas y psicológicas asociadas a abortos inseguros; prevendría la existencia de maternidades forzadas de niñas y adolescentes que, como resultado del estigma asociado por la criminalización del aborto, no tienen acceso al servicio de salud completo.
Con la demanda para eliminar el delito de aborto del Código Penal, interpuesta por el movimiento Causa Justa, del cual hace parte el Centro de Derechos Reproductivos, la Corte Constitucional tiene una oportunidad inigualable para garantizar la igualdad de todas las niñas y adolescentes en Colombia, como lo explica el más reciente informe de ‘Son #NiñasNoMadres’. La interrupción voluntaria del embarazo no puede seguir siendo un servicio accesible solo para aquellas víctimas de violencia sexual en entornos urbanos. Es momento de garantizar derechos para todas y para enfrentar la crisis de embarazos y maternidades forzadas en niñas que está viviendo Colombia.
¡Es momento de reconocer que son niñas, no madres!
*Directora del programa para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos que hace parte del movimiento Causa Justa y de la campaña ‘Son niñas, no madres’.