Por Roger Cohen
Qué placentero fue ver juntos en Nueva York a estos dos charlatanes después de todos sus embustes relacionados con el renacimiento nacionalista, topándose con la fuerza silenciosa de la ley. Creo que nunca antes había experimentado tal alegría por el mal ajeno.
La presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, declaró que el presidente Donald Trump había “violado seriamente la Constitución” y que, por lo tanto, se daría comienzo a un proceso formal de juicio político. La baronesa Brenda Hale, presidente del Tribunal Supremo del Reino Unido, le dijo al primer ministro Boris Johnson que su petición a la reina de prorrogar la legislatura parlamentaria era “ilegal, nula y sin repercusión alguna”.
El hecho de que dos mujeres solemnes les dieran sus mensajes el mismo día a este par de patanes —hombres-niños que se han burlado de la relación especial entre el Reino Unido y Estados Unidos— pareció especialmente oportuno.
Según la transcripción reconstruida de la llamada del 25 de julio, Trump intentó que el presidente de Ucrania “nos hiciera un favor” al hablar con su abogado, Rudy Giuliani, junto con el fiscal general William Barr acerca de cierta información que pudiera manchar la imagen de Joe Biden, un candidato demócrata importante para las elecciones de 2020. Johnson maniobró para tramitar una salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre mediante la suspensión del Parlamento durante varias semanas. Estas maquinaciones eran parte de las costumbres manipuladoras de estos dos dirigentes egocéntricos.
La ley no es maleable ni opcional. Es lo que existe entre la civilización y la barbarie, entre la democracia y el despotismo. Solo hay que preguntarle a la juventud de Hong Kong, quienes saben lo que significaría ser extraditados hacia la ilegalidad de la China dictatorial.
La expresión más desafiante de Trump sobre su idea de la Constitución a la cual juró respetar fue esta: “El artículo II me permite hacer lo que yo quiera”. No es así. Los redactores, mediante un sistema de frenos y contrapesos, intentaron limitar el poder, no dejarlo sin trabas. Saben que el poder absoluto corrompe totalmente. Estados Unidos no pasó por una revolución para recrear en el nuevo mundo la imposición monárquica del viejo continente.
Richard Nixon tenía una idea similar sobre los poderes de su cargo. “Cuando el presidente lo hace, significa que no es ilegal”, decía. Las cosas no terminaron muy bien para el pobre Richard.
Trump nunca ha entendido lo que significó su juramento al cargo. ¿Cómo podría hacerlo? Este hombre fue el resultado de dos cosas: su negocio familiar, donde no existían restricciones a su autoridad, y los proveedores estaban ahí para ser estafados; y un reality que valoraba el atropello, satisfacía su megalomanía y estimulaba a los televidentes al darles una dosis de crueldad.
La verdad era intercambiable. Siempre se podía maquillar con un poco de Photoshop o con un fiscal general complaciente. Nunca se trató de hechos inexorables que pudieran perseguirte.
Por consiguiente, Trump decidió aplicar la política al estilo de Chicago con Ucrania, como si un país soberano en guerra en su frontera oriental con la Rusia de Vladimir Putin estuviera ahí solamente para ser aprovechado en función de su campaña de reelección. Ha destrozado a la prensa, a los jueces, a la Reserva Federal, a los miembros del Congreso; a cualquier persona o cosa que se le haya enfrentado. Ha puesto en marcha operaciones en la Casa Blanca como un ejercicio caótico de terror. Su gabinete lo adula, como solía hacerlo el de Sadam Husein, tratando de encontrar siempre expresiones de adulación más sublimes que puedan retrasar la ejecución. Basta con preguntarles a los operadores de la Casa Blanca que querían “quitar de la vista” el buque de guerra John S. McCain de Estados Unidos durante el viaje de Trump a Japón este año, o perseguir al Servicio Meteorológico Nacional por desechar la extraña obsesión de Trump con que un huracán inexistente amenazaba a Alabama. Nunca antes en la historia los meteorólogos han estado tan cerca de ser un indicador de autocracia insidiosa.
No sé si el proceso de juicio político, o “impeachment”, beneficia la que debe ser la meta fundamental de los demócratas: destituir a Trump de su cargo tan pronto como sea posible. Esta solicitud aumentará el caudal político; Trump progresa con el caudal. Polarizará aún más a Estados Unidos; Trump prospera gracias a la división, no a la unidad. Tiene pocas posibilidades de culminar en su destitución debido a que, incluso si la Cámara de Representantes acusa a Trump de delitos mayores y menores, es muy poco probable que el Senado controlado por los republicanos vote para condenarlo. También podría dificultar las cosas para los representantes demócratas de los estados pendulares.
Todo esto me preocupa, pero al final no me importa. La balanza se ha inclinado. Nadie puede acusar a Pelosi de imprudencia. Ha sido reflexiva. Afirmó que “nadie está por encima de la ley”. Ese principio debe ser fundamental.
Ha sido implacable el ataque de Trump a la verdad, a la prensa, a las instituciones, a la civilidad y a la ley. Su ineptitud para el cargo ha sido evidente a un grado asombroso. Como escribió Stephen Burbank, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Pensilvania: “Llega un momento en el que los cálculos políticos estratégicos deben someterse a los principios si el pragmatismo no va a implicar complicidad”. Continuó: “El proceso de ‘impeachment’ es integral a la arquitectura que crearon nuestros fundadores para la salvaguarda de la democracia”. Sería un ejemplo peligroso para las generaciones futuras que el Congreso ignorara lo que Trump ha hecho.
En ambos lados del Atlántico hemos visto a dos hombres hacer reclamos audaces al poder y sufrir estrepitosas amonestaciones de dos ramas separadas pero equivalentes del gobierno, que dejaron en claro que el poder ejecutivo no está por encima de la ley: en el Reino Unido, por parte de su Tribunal Supremo que aplica una Constitución no escrita, y en Estados Unidos, por parte del Congreso que ejerce sus prerrogativas constitucionales. Esta es una lección importante: a las instituciones independientes les toca darle sentido a la ley y hacer que el ejecutivo rinda cuentas. Por eso las dictaduras, o los sistemas antiliberales como el de Hungría, quieren eliminarlas.
Johnson se encuentra ahora en un gran aprieto. Se ha determinado que sus acciones no son legales; debería renunciar. No lo hará. Pero si los dioses de la retribución en verdad han despertado, pronto se irá y el Reino Unido evitará el desastre nacional, propiciado por sus mentiras, que implicaría salir de la Unión Europea.
(c) The New York Times.
Por Roger Cohen
Qué placentero fue ver juntos en Nueva York a estos dos charlatanes después de todos sus embustes relacionados con el renacimiento nacionalista, topándose con la fuerza silenciosa de la ley. Creo que nunca antes había experimentado tal alegría por el mal ajeno.
La presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, declaró que el presidente Donald Trump había “violado seriamente la Constitución” y que, por lo tanto, se daría comienzo a un proceso formal de juicio político. La baronesa Brenda Hale, presidente del Tribunal Supremo del Reino Unido, le dijo al primer ministro Boris Johnson que su petición a la reina de prorrogar la legislatura parlamentaria era “ilegal, nula y sin repercusión alguna”.
El hecho de que dos mujeres solemnes les dieran sus mensajes el mismo día a este par de patanes —hombres-niños que se han burlado de la relación especial entre el Reino Unido y Estados Unidos— pareció especialmente oportuno.
Según la transcripción reconstruida de la llamada del 25 de julio, Trump intentó que el presidente de Ucrania “nos hiciera un favor” al hablar con su abogado, Rudy Giuliani, junto con el fiscal general William Barr acerca de cierta información que pudiera manchar la imagen de Joe Biden, un candidato demócrata importante para las elecciones de 2020. Johnson maniobró para tramitar una salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre mediante la suspensión del Parlamento durante varias semanas. Estas maquinaciones eran parte de las costumbres manipuladoras de estos dos dirigentes egocéntricos.
La ley no es maleable ni opcional. Es lo que existe entre la civilización y la barbarie, entre la democracia y el despotismo. Solo hay que preguntarle a la juventud de Hong Kong, quienes saben lo que significaría ser extraditados hacia la ilegalidad de la China dictatorial.
La expresión más desafiante de Trump sobre su idea de la Constitución a la cual juró respetar fue esta: “El artículo II me permite hacer lo que yo quiera”. No es así. Los redactores, mediante un sistema de frenos y contrapesos, intentaron limitar el poder, no dejarlo sin trabas. Saben que el poder absoluto corrompe totalmente. Estados Unidos no pasó por una revolución para recrear en el nuevo mundo la imposición monárquica del viejo continente.
Richard Nixon tenía una idea similar sobre los poderes de su cargo. “Cuando el presidente lo hace, significa que no es ilegal”, decía. Las cosas no terminaron muy bien para el pobre Richard.
Trump nunca ha entendido lo que significó su juramento al cargo. ¿Cómo podría hacerlo? Este hombre fue el resultado de dos cosas: su negocio familiar, donde no existían restricciones a su autoridad, y los proveedores estaban ahí para ser estafados; y un reality que valoraba el atropello, satisfacía su megalomanía y estimulaba a los televidentes al darles una dosis de crueldad.
La verdad era intercambiable. Siempre se podía maquillar con un poco de Photoshop o con un fiscal general complaciente. Nunca se trató de hechos inexorables que pudieran perseguirte.
Por consiguiente, Trump decidió aplicar la política al estilo de Chicago con Ucrania, como si un país soberano en guerra en su frontera oriental con la Rusia de Vladimir Putin estuviera ahí solamente para ser aprovechado en función de su campaña de reelección. Ha destrozado a la prensa, a los jueces, a la Reserva Federal, a los miembros del Congreso; a cualquier persona o cosa que se le haya enfrentado. Ha puesto en marcha operaciones en la Casa Blanca como un ejercicio caótico de terror. Su gabinete lo adula, como solía hacerlo el de Sadam Husein, tratando de encontrar siempre expresiones de adulación más sublimes que puedan retrasar la ejecución. Basta con preguntarles a los operadores de la Casa Blanca que querían “quitar de la vista” el buque de guerra John S. McCain de Estados Unidos durante el viaje de Trump a Japón este año, o perseguir al Servicio Meteorológico Nacional por desechar la extraña obsesión de Trump con que un huracán inexistente amenazaba a Alabama. Nunca antes en la historia los meteorólogos han estado tan cerca de ser un indicador de autocracia insidiosa.
No sé si el proceso de juicio político, o “impeachment”, beneficia la que debe ser la meta fundamental de los demócratas: destituir a Trump de su cargo tan pronto como sea posible. Esta solicitud aumentará el caudal político; Trump progresa con el caudal. Polarizará aún más a Estados Unidos; Trump prospera gracias a la división, no a la unidad. Tiene pocas posibilidades de culminar en su destitución debido a que, incluso si la Cámara de Representantes acusa a Trump de delitos mayores y menores, es muy poco probable que el Senado controlado por los republicanos vote para condenarlo. También podría dificultar las cosas para los representantes demócratas de los estados pendulares.
Todo esto me preocupa, pero al final no me importa. La balanza se ha inclinado. Nadie puede acusar a Pelosi de imprudencia. Ha sido reflexiva. Afirmó que “nadie está por encima de la ley”. Ese principio debe ser fundamental.
Ha sido implacable el ataque de Trump a la verdad, a la prensa, a las instituciones, a la civilidad y a la ley. Su ineptitud para el cargo ha sido evidente a un grado asombroso. Como escribió Stephen Burbank, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Pensilvania: “Llega un momento en el que los cálculos políticos estratégicos deben someterse a los principios si el pragmatismo no va a implicar complicidad”. Continuó: “El proceso de ‘impeachment’ es integral a la arquitectura que crearon nuestros fundadores para la salvaguarda de la democracia”. Sería un ejemplo peligroso para las generaciones futuras que el Congreso ignorara lo que Trump ha hecho.
En ambos lados del Atlántico hemos visto a dos hombres hacer reclamos audaces al poder y sufrir estrepitosas amonestaciones de dos ramas separadas pero equivalentes del gobierno, que dejaron en claro que el poder ejecutivo no está por encima de la ley: en el Reino Unido, por parte de su Tribunal Supremo que aplica una Constitución no escrita, y en Estados Unidos, por parte del Congreso que ejerce sus prerrogativas constitucionales. Esta es una lección importante: a las instituciones independientes les toca darle sentido a la ley y hacer que el ejecutivo rinda cuentas. Por eso las dictaduras, o los sistemas antiliberales como el de Hungría, quieren eliminarlas.
Johnson se encuentra ahora en un gran aprieto. Se ha determinado que sus acciones no son legales; debería renunciar. No lo hará. Pero si los dioses de la retribución en verdad han despertado, pronto se irá y el Reino Unido evitará el desastre nacional, propiciado por sus mentiras, que implicaría salir de la Unión Europea.
(c) The New York Times.