Por Miguel Samper*
Me arriesgo a plantear una situación imposible con el único ánimo de hacer unas reflexiones sobre el Decreto Ley 902 o Decreto de Acceso y Formalización de Tierras. Imaginemos que en Bogotá existen seis millones de ciudadanos que no tienen claro de quién es el apartamento o la casa que habitan.
Algunos se creen propietarios porque pagan impuestos, pero no tienen escritura. Otros asumen que lo son porque recibieron la casa en herencia, aunque no tengan papeles que los acredite como dueños. Otros viven en un edificio de 15 pisos, todos pagan la administración y todos se creen dueños de la terraza, lo que ha generado ya conflictos, peleas y resabios entre los vecinos.
A esta situación imaginaria de caos, injusticia e inseguridad, ahora sumémosle otras 800.000 familias adicionales que no tienen ni siquiera un techo que crean propio, sino que son personas que deben salir día a día a trabajar y dormir en una casa ajena. Serían casi siete millones de bogotanos que no podrían entrar a la economía “formal” porque ningún banco les prestaría dinero ni recibirían garantías de financiamiento.
Guardadas las proporciones, estaríamos refiriéndonos a personas que en un acto heroico consiguen el sustento del día a día, pero sin proyección de progreso. Ese hipotético y desolador panorama, con el que ningún bogotano quisiera encontrarse, es el que enfrenta todo el sector rural de nuestro país.
Es un contexto de inseguridad, frustración e informalidad al que están sometidas las familias que nos alimentan a todos. Hablamos de los campesinos que ponen la comida en nuestras mesas mientras los condenamos al olvido.
El Decreto-Ley de Acceso y Formalización de Tierras (Decreto 902/17), que actualmente estudia la Corte Constitucional, cambiará la vida del campesino. No es un asunto menor. El bienestar del campo, la solución de estos problemas, es el bienestar de la cuidad también. Es convertir un campo lleno de pobreza en una gran llave que abrirá las puertas al progreso.
Hoy en día la adjudicación de un baldío o la formalización de un predio puede tardarse hasta una década. En promedio un proceso agrario de clarificación (determinar si un terreno es de propiedad del Estado o no) tarda cinco años, y uno de deslinde (para definir por dónde pasa la cerca), 15 años.
La tierra no da espera. Es necesario ordenarla de manera urgente e inmediata. Si no se empiezan a solucionar los conflictos ya, si no se implementa este aspecto del Acuerdo de Paz rápidamente, van a seguir existiendo esos barriles de pólvora de resentimiento y frustración que podrían estallar en nuevos focos de violencia en el país.
Aprovechemos esta oportunidad para rodear nuevamente a los campesinos históricamente olvidados. Aprovechemos el momento para entregarles el título de propiedad a millones de campesinos que llevan años esperando a que el Estado, las ciudades y todo el país los voltee a mirar de nuevo. La guerra se acabó. Nuestra meta ahora es la riqueza y el progreso del campo.
*Director general de la Agencia Nacional de Tierras.
Por Miguel Samper*
Me arriesgo a plantear una situación imposible con el único ánimo de hacer unas reflexiones sobre el Decreto Ley 902 o Decreto de Acceso y Formalización de Tierras. Imaginemos que en Bogotá existen seis millones de ciudadanos que no tienen claro de quién es el apartamento o la casa que habitan.
Algunos se creen propietarios porque pagan impuestos, pero no tienen escritura. Otros asumen que lo son porque recibieron la casa en herencia, aunque no tengan papeles que los acredite como dueños. Otros viven en un edificio de 15 pisos, todos pagan la administración y todos se creen dueños de la terraza, lo que ha generado ya conflictos, peleas y resabios entre los vecinos.
A esta situación imaginaria de caos, injusticia e inseguridad, ahora sumémosle otras 800.000 familias adicionales que no tienen ni siquiera un techo que crean propio, sino que son personas que deben salir día a día a trabajar y dormir en una casa ajena. Serían casi siete millones de bogotanos que no podrían entrar a la economía “formal” porque ningún banco les prestaría dinero ni recibirían garantías de financiamiento.
Guardadas las proporciones, estaríamos refiriéndonos a personas que en un acto heroico consiguen el sustento del día a día, pero sin proyección de progreso. Ese hipotético y desolador panorama, con el que ningún bogotano quisiera encontrarse, es el que enfrenta todo el sector rural de nuestro país.
Es un contexto de inseguridad, frustración e informalidad al que están sometidas las familias que nos alimentan a todos. Hablamos de los campesinos que ponen la comida en nuestras mesas mientras los condenamos al olvido.
El Decreto-Ley de Acceso y Formalización de Tierras (Decreto 902/17), que actualmente estudia la Corte Constitucional, cambiará la vida del campesino. No es un asunto menor. El bienestar del campo, la solución de estos problemas, es el bienestar de la cuidad también. Es convertir un campo lleno de pobreza en una gran llave que abrirá las puertas al progreso.
Hoy en día la adjudicación de un baldío o la formalización de un predio puede tardarse hasta una década. En promedio un proceso agrario de clarificación (determinar si un terreno es de propiedad del Estado o no) tarda cinco años, y uno de deslinde (para definir por dónde pasa la cerca), 15 años.
La tierra no da espera. Es necesario ordenarla de manera urgente e inmediata. Si no se empiezan a solucionar los conflictos ya, si no se implementa este aspecto del Acuerdo de Paz rápidamente, van a seguir existiendo esos barriles de pólvora de resentimiento y frustración que podrían estallar en nuevos focos de violencia en el país.
Aprovechemos esta oportunidad para rodear nuevamente a los campesinos históricamente olvidados. Aprovechemos el momento para entregarles el título de propiedad a millones de campesinos que llevan años esperando a que el Estado, las ciudades y todo el país los voltee a mirar de nuevo. La guerra se acabó. Nuestra meta ahora es la riqueza y el progreso del campo.
*Director general de la Agencia Nacional de Tierras.