Por Walter Vergara*
La reciente cumbre climática en Madrid, no obstante las muchas señales de indecisión y retroceso en los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, fue testigo de avances significativos en nuestra región. Que estos avances no fuesen el enfoque de las noticias no indica que no estén aconteciendo.
Costa Rica y Uruguay son ahora, para todo efecto, países con 100 % de energía renovable en su generación eléctrica; Chile y Nicaragua se están embarcado en un proceso acelerado de transición energética y en Chile se ha propuesto electrificar toda la flota de transporte público antes del 2030; en Brasil, todas las nuevas plantas de generación desde el 2017 han sido con renovables.
Los costos de generación eléctrica usando viento son ahora menores a los de generación con gas natural o carbón y esto está disminuyendo el aumento en el uso de gas natural; el costo de generación con energía solar se ha reducido en 80 % desde el 2000 y ahora ofrece una opción muy competitiva para generación a gran escala y en autogeneración; el proceso regional de restauración de tierras degradadas alcanzo 19 millones de hectáreas desde el 2014, gracias en gran parte al esfuerzo del sector privado. Estos son avances muy significativos. Era hora.
Para nuestra región, los cambios inducidos por el aumento de temperatura del planeta son particularmente onerosos. Hace unos días Tom Lovejoy y Carlos Nobre, en un editorial en The New York Times, llamaron la atención sobre el posible colapso del bosque amazónico y su evolución a sabana, como consecuencia de cambios de temperatura y patrones de lluvia, pero también como resultado de los rápidos procesos de deforestación. Una transformación de esta magnitud alteraría significativamente los ciclos de carbono y agua a nivel mundial.
Tan traumático como este posible impacto del cambio climático sería, lo cierto es que la región ya está experimentando fuertes consecuencias del aumento global de temperaturas. Por ejemplo, la mayoría de los arrecifes coralinos del Caribe están en proceso de blanqueo con impacto para los cardúmenes que dan sustento a muchas poblaciones costeras; los glaciares tropicales están en rápido declive, y se espera que ninguno por debajo de 5.000 metros sobreviva la década que se inicia, con impactos para la hidrología de alta montaña y los servicios que esta provee; nuestros puertos, ciudades e infraestructura costera enfrentan crecientes inundaciones que afectan y desequilibran la vida cotidiana y su actividad económica; la incidencia de fuegos forestales en alta montaña no tiene precedentes. La lista es larga.
Los recientes logros del sector privado y avances impulsados por gobiernos visionarios necesitan acelerarse. Afortunadamente, creo que las condiciones para esta aceleración se están dando. Nuestro reciente análisis (apoyado por el Programa Ambiental de las Naciones Unidas), divulgado en Madrid, de los costos y beneficios de la completa decarbonización simultánea de generación eléctrica y transporte en la región concluye que al eliminar emisiones de estos dos sectores se consiguen grandes beneficios económicos sin afectar el acceso o la calidad de estos servicios.
Específicamente, hemos calculado que, de embarcarse en esta transformación, la economía regional ahorraría para mitad de siglo cerca de 600.000 millones de dólares al año como resultado de los menores costos de generación y transporte, se evitarían costos anuales de alrededor de 30.000 millones de dólares como resultado de la eliminación de emisiones dañinas para la salud, sobre todo en zonas urbanas; se ahorraría el equivalente al doble del uso actual de energía del sector eléctrico al modificar el transporte al uso mucho más eficiente de motores eléctricos; se generarían alrededor de 30 millones de empleos temporales y casi ocho millones de empleos permanentes en las industrias de generación, transmisión eléctrica y transporte de carga y pasajeros.
El análisis también concluye que las plantas de generación con gas y carbón no podrán competir con los costos de generación por renovables y se convertirán eventualmente en un activo en desuso. Igualmente, las refinerías perderían su mercado al electrificarse el transporte. El valor de estos bienes inactivos se calcula en USD$90.000 millones para mitad del siglo; tres millones de empleos asociados a estas industrias se eliminarían.
Esta transformación es consecuencia directa de las tendencias tecnológicas y económicas ya en curso y es independiente de las metas climáticas de la región. Pero resultaría en la total eliminación de emisiones de gases de efecto invernadero de estos dos sectores, que hoy contribuyen con dos tercios de las emisiones de origen fósil, y en un paso significativo para desligar la actividad económica en la región de estas emisiones.
Algunas decisiones de política pública son importantes para garantizar que esta transformación económica se dé de forma socialmente justa y con el mínimo de disrupciones para la economía. Por ejemplo, para minimizar los costos de inactivos de la industria fósil, suena pertinente una clara dirección política hoy que desestimule inversiones en plantas de generación de fuentes fósiles y en refinerías. Los costos de salud inducidos por emisiones de partículas y otros contaminantes debieran ser asumidos por los productores de estos combustibles. La entrada de vehículos eléctricos podría ser facilitada mediante la modernización en las regulaciones del sector transporte. El mercado de carbono podría estimularse. Políticas en ciencia y educación deberían apoyar la creación de empresas, empleos y entrenamiento en las tecnologías asociadas.
Esta transformación representa una importante oportunidad económica con grandes beneficios ambientales. Representa un camino de desarrollo sustentable y un rayo de esperanza para las generaciones venideras.
* Especialista en cambio climático y senior fellow del World Resources Institute. Previamente jefe de Cambio Climático en el BID y gerente del grupo de expertos en cambio climático en el Banco Mundial. Los datos mencionados provienen de un análisis apoyado por UNEP, cuyos resultados fueron divulgados en la COP 25 en Madrid.
Por Walter Vergara*
La reciente cumbre climática en Madrid, no obstante las muchas señales de indecisión y retroceso en los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, fue testigo de avances significativos en nuestra región. Que estos avances no fuesen el enfoque de las noticias no indica que no estén aconteciendo.
Costa Rica y Uruguay son ahora, para todo efecto, países con 100 % de energía renovable en su generación eléctrica; Chile y Nicaragua se están embarcado en un proceso acelerado de transición energética y en Chile se ha propuesto electrificar toda la flota de transporte público antes del 2030; en Brasil, todas las nuevas plantas de generación desde el 2017 han sido con renovables.
Los costos de generación eléctrica usando viento son ahora menores a los de generación con gas natural o carbón y esto está disminuyendo el aumento en el uso de gas natural; el costo de generación con energía solar se ha reducido en 80 % desde el 2000 y ahora ofrece una opción muy competitiva para generación a gran escala y en autogeneración; el proceso regional de restauración de tierras degradadas alcanzo 19 millones de hectáreas desde el 2014, gracias en gran parte al esfuerzo del sector privado. Estos son avances muy significativos. Era hora.
Para nuestra región, los cambios inducidos por el aumento de temperatura del planeta son particularmente onerosos. Hace unos días Tom Lovejoy y Carlos Nobre, en un editorial en The New York Times, llamaron la atención sobre el posible colapso del bosque amazónico y su evolución a sabana, como consecuencia de cambios de temperatura y patrones de lluvia, pero también como resultado de los rápidos procesos de deforestación. Una transformación de esta magnitud alteraría significativamente los ciclos de carbono y agua a nivel mundial.
Tan traumático como este posible impacto del cambio climático sería, lo cierto es que la región ya está experimentando fuertes consecuencias del aumento global de temperaturas. Por ejemplo, la mayoría de los arrecifes coralinos del Caribe están en proceso de blanqueo con impacto para los cardúmenes que dan sustento a muchas poblaciones costeras; los glaciares tropicales están en rápido declive, y se espera que ninguno por debajo de 5.000 metros sobreviva la década que se inicia, con impactos para la hidrología de alta montaña y los servicios que esta provee; nuestros puertos, ciudades e infraestructura costera enfrentan crecientes inundaciones que afectan y desequilibran la vida cotidiana y su actividad económica; la incidencia de fuegos forestales en alta montaña no tiene precedentes. La lista es larga.
Los recientes logros del sector privado y avances impulsados por gobiernos visionarios necesitan acelerarse. Afortunadamente, creo que las condiciones para esta aceleración se están dando. Nuestro reciente análisis (apoyado por el Programa Ambiental de las Naciones Unidas), divulgado en Madrid, de los costos y beneficios de la completa decarbonización simultánea de generación eléctrica y transporte en la región concluye que al eliminar emisiones de estos dos sectores se consiguen grandes beneficios económicos sin afectar el acceso o la calidad de estos servicios.
Específicamente, hemos calculado que, de embarcarse en esta transformación, la economía regional ahorraría para mitad de siglo cerca de 600.000 millones de dólares al año como resultado de los menores costos de generación y transporte, se evitarían costos anuales de alrededor de 30.000 millones de dólares como resultado de la eliminación de emisiones dañinas para la salud, sobre todo en zonas urbanas; se ahorraría el equivalente al doble del uso actual de energía del sector eléctrico al modificar el transporte al uso mucho más eficiente de motores eléctricos; se generarían alrededor de 30 millones de empleos temporales y casi ocho millones de empleos permanentes en las industrias de generación, transmisión eléctrica y transporte de carga y pasajeros.
El análisis también concluye que las plantas de generación con gas y carbón no podrán competir con los costos de generación por renovables y se convertirán eventualmente en un activo en desuso. Igualmente, las refinerías perderían su mercado al electrificarse el transporte. El valor de estos bienes inactivos se calcula en USD$90.000 millones para mitad del siglo; tres millones de empleos asociados a estas industrias se eliminarían.
Esta transformación es consecuencia directa de las tendencias tecnológicas y económicas ya en curso y es independiente de las metas climáticas de la región. Pero resultaría en la total eliminación de emisiones de gases de efecto invernadero de estos dos sectores, que hoy contribuyen con dos tercios de las emisiones de origen fósil, y en un paso significativo para desligar la actividad económica en la región de estas emisiones.
Algunas decisiones de política pública son importantes para garantizar que esta transformación económica se dé de forma socialmente justa y con el mínimo de disrupciones para la economía. Por ejemplo, para minimizar los costos de inactivos de la industria fósil, suena pertinente una clara dirección política hoy que desestimule inversiones en plantas de generación de fuentes fósiles y en refinerías. Los costos de salud inducidos por emisiones de partículas y otros contaminantes debieran ser asumidos por los productores de estos combustibles. La entrada de vehículos eléctricos podría ser facilitada mediante la modernización en las regulaciones del sector transporte. El mercado de carbono podría estimularse. Políticas en ciencia y educación deberían apoyar la creación de empresas, empleos y entrenamiento en las tecnologías asociadas.
Esta transformación representa una importante oportunidad económica con grandes beneficios ambientales. Representa un camino de desarrollo sustentable y un rayo de esperanza para las generaciones venideras.
* Especialista en cambio climático y senior fellow del World Resources Institute. Previamente jefe de Cambio Climático en el BID y gerente del grupo de expertos en cambio climático en el Banco Mundial. Los datos mencionados provienen de un análisis apoyado por UNEP, cuyos resultados fueron divulgados en la COP 25 en Madrid.