Ahora que se habla de nuevo sobre la posibilidad de alcanzar la paz conviene recordar una experiencia relativamente reciente.
No es la más cercana, ya que entre estas se encuentran los pactos que desembocaron en las desmovilizaciones del M-19, la Corriente de Renovación Socialista del ELN, el EPL, otras pequeñas guerrillas y la de los grupos de autodefensa o paramilitares, entre 1990 y 2006. Me quiero referir al acuerdo entre los partidos tradicionales liberal y conservador que tuvo expresión institucional en el Frente Nacional, con vigencia entre 1958 y 1974 y que significó el cese de la guerra entre seguidores de estas dos colectividades.
Aunque nunca se reconoció que lo vivido durante los años de la llamada Violencia fue una guerra civil no declarada y tampoco se le dio al Frente Nacional el estatus de pacto de paz, pues lo que más se resaltó fue el hecho de haber restablecido la democracia, de hecho, la población colombiana y la opinión pública entendieron que había producido un tratado de paz entre rojos y azules por obra y gracia de los pactos de Benidorm y Sitges firmados por los dirigentes de las dos colectividades.
Sin embargo, en el mismo proceso no fue tenida en cuenta la guerrilla comunista, débil y poco numerosa, compuesta por algunos núcleos de campesinos en zonas de influencia liberal. ¿Cuál fue la actitud asumida por los jefes de dichos comandos ante el surgimiento del nuevo régimen político?
En uno de los primeros textos del historiador Gonzalo Sánchez, “Ensayos de historia social y política del siglo XX”, publicado por el Áncora Editores, puede leerse un documento de gran importancia histórica que responde la pregunta anterior. Se trata de una declaración expedida el 2 de septiembre de 1958, firmada entre otros por los guerrilleros comunistas Manuel Marulanda Vélez (Tirofijo) y Ciro Castaño, en la que expresan su respaldo al naciente experimento de paz y ofrecen colaboración al presidente Alberto Lleras Camargo.
Algunos apartes de la declaración dan cuenta del deseo de los jefes guerrilleros de sumarse al ambiente de paz que se respiraba: en el primer punto, para no dejar dudas de sus reales intenciones dicen “Como patriotas que luchamos durante los años anteriores al 10 de mayo de 1957 contra las dictaduras despóticas que sembraron de ruina los campos y ciudades, no estamos interesados en luchas armadas y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance con la empresa de pacificación que se ha dispuesto adelantar… Alberto Lleras Camargo” (Subrayado mío). Más adelante reiteran su compromiso al enfatizar que “…no existe razón alguna para la resistencia armada. Este comando no autoriza ni patrocina ninguna acción armada…” más adelante agregan: “Queda condenado el robo y el crimen…continuaremos obedeciendo a las autoridades legítimamente constituidas y las leyes; tal como lo prometimos ante los comisionados de paz” y manifiestan su disposición a “prestarle toda la ayuda necesaria cuando ellas lo soliciten, para reprimir la violencia y el desorden…invitamos a todos los ciudadanos para que no oculten los antisociales”. Concluyen expresando un deseo “Creemos que para llevar a completa cabalidad los propósitos que nos animan es preciso que todas las funciones públicas sean desempeñadas por personas de una pulcritud intachable”.
El Frente Nacional aclimató la paz entre liberales y conservadores, restableció con limitaciones la democracia. La actividad sindical recobró su existencia, el partido comunista retornó a la vida legal, otras agrupaciones de izquierda surgieron a pesar de las restricciones y del represivo estado de sitio. El balance sobre este régimen da para muchos e intensos debates, como quiera que durante su existencia se incubó la “guerrilla revolucionaria”. Y, por supuesto, en estas notas no nos vamos a referir al asunto.
Pero, vale la pena recordar que el partido comunista, ante la hostilidad de un gobierno, se enfrentó al dilema de optar en un todo y por todo por la acción política legal, tal como lo ordenó el vigésimo congreso del PCUS o acoger la tesis de la “combinación de todas las formas de lucha, legales e ilegales, cívicas y armadas”, impulsada por Manuel Cepeda Vargas, Jacobo Arenas y otros miembros del Comité Central. Al optar por esta última, desde mediados de los años sesenta los comunistas han tenido un pie en la institucionalidad y otro en la lucha armada, y, Manuel Marulanda Vélez, al comando de la resistencia en Marquetalia fue cooptado por el Comité Central de los comunistas.
En aquella decisión histórica radica uno de los grandes obstáculos para la paz en Colombia pues significa mantener algo inaceptable para las reglas democráticas. Mientras los comunistas le abrieron expectativas de poder a la lucha guerrillera, Colombia se ha reformado, el Frente Nacional ya es historia, los partidos tradicionales ya no son hegemónicos, alcaldes y gobernadores son elegidos por sufragio universal, una nueva Constitución Política fue aprobada, se han dado experiencias positivas de negociación entre los gobiernos y grupos armados ilegales, la sociedad reacciona con generosidad ante quienes se reinsertan y piden perdón, hay exguerrilleros que ocupan altas posiciones en organismos de representación popular y en medios de comunicación, hay, sin duda, más libertad que en el pasado inmediato. No todo es favorable, falta mucha mas equidad y justicia social, pero, para alcanzarlas, Colombia necesita paz, es decir, renuncia a la lucha armada por parte de quienes aún viven prisioneros de la combinación de todas las formas de lucha.
* Darío Acevedo Carmona, Dr en Historia, profesor Titular Universidad Nacional de Colombia
Ahora que se habla de nuevo sobre la posibilidad de alcanzar la paz conviene recordar una experiencia relativamente reciente.
No es la más cercana, ya que entre estas se encuentran los pactos que desembocaron en las desmovilizaciones del M-19, la Corriente de Renovación Socialista del ELN, el EPL, otras pequeñas guerrillas y la de los grupos de autodefensa o paramilitares, entre 1990 y 2006. Me quiero referir al acuerdo entre los partidos tradicionales liberal y conservador que tuvo expresión institucional en el Frente Nacional, con vigencia entre 1958 y 1974 y que significó el cese de la guerra entre seguidores de estas dos colectividades.
Aunque nunca se reconoció que lo vivido durante los años de la llamada Violencia fue una guerra civil no declarada y tampoco se le dio al Frente Nacional el estatus de pacto de paz, pues lo que más se resaltó fue el hecho de haber restablecido la democracia, de hecho, la población colombiana y la opinión pública entendieron que había producido un tratado de paz entre rojos y azules por obra y gracia de los pactos de Benidorm y Sitges firmados por los dirigentes de las dos colectividades.
Sin embargo, en el mismo proceso no fue tenida en cuenta la guerrilla comunista, débil y poco numerosa, compuesta por algunos núcleos de campesinos en zonas de influencia liberal. ¿Cuál fue la actitud asumida por los jefes de dichos comandos ante el surgimiento del nuevo régimen político?
En uno de los primeros textos del historiador Gonzalo Sánchez, “Ensayos de historia social y política del siglo XX”, publicado por el Áncora Editores, puede leerse un documento de gran importancia histórica que responde la pregunta anterior. Se trata de una declaración expedida el 2 de septiembre de 1958, firmada entre otros por los guerrilleros comunistas Manuel Marulanda Vélez (Tirofijo) y Ciro Castaño, en la que expresan su respaldo al naciente experimento de paz y ofrecen colaboración al presidente Alberto Lleras Camargo.
Algunos apartes de la declaración dan cuenta del deseo de los jefes guerrilleros de sumarse al ambiente de paz que se respiraba: en el primer punto, para no dejar dudas de sus reales intenciones dicen “Como patriotas que luchamos durante los años anteriores al 10 de mayo de 1957 contra las dictaduras despóticas que sembraron de ruina los campos y ciudades, no estamos interesados en luchas armadas y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance con la empresa de pacificación que se ha dispuesto adelantar… Alberto Lleras Camargo” (Subrayado mío). Más adelante reiteran su compromiso al enfatizar que “…no existe razón alguna para la resistencia armada. Este comando no autoriza ni patrocina ninguna acción armada…” más adelante agregan: “Queda condenado el robo y el crimen…continuaremos obedeciendo a las autoridades legítimamente constituidas y las leyes; tal como lo prometimos ante los comisionados de paz” y manifiestan su disposición a “prestarle toda la ayuda necesaria cuando ellas lo soliciten, para reprimir la violencia y el desorden…invitamos a todos los ciudadanos para que no oculten los antisociales”. Concluyen expresando un deseo “Creemos que para llevar a completa cabalidad los propósitos que nos animan es preciso que todas las funciones públicas sean desempeñadas por personas de una pulcritud intachable”.
El Frente Nacional aclimató la paz entre liberales y conservadores, restableció con limitaciones la democracia. La actividad sindical recobró su existencia, el partido comunista retornó a la vida legal, otras agrupaciones de izquierda surgieron a pesar de las restricciones y del represivo estado de sitio. El balance sobre este régimen da para muchos e intensos debates, como quiera que durante su existencia se incubó la “guerrilla revolucionaria”. Y, por supuesto, en estas notas no nos vamos a referir al asunto.
Pero, vale la pena recordar que el partido comunista, ante la hostilidad de un gobierno, se enfrentó al dilema de optar en un todo y por todo por la acción política legal, tal como lo ordenó el vigésimo congreso del PCUS o acoger la tesis de la “combinación de todas las formas de lucha, legales e ilegales, cívicas y armadas”, impulsada por Manuel Cepeda Vargas, Jacobo Arenas y otros miembros del Comité Central. Al optar por esta última, desde mediados de los años sesenta los comunistas han tenido un pie en la institucionalidad y otro en la lucha armada, y, Manuel Marulanda Vélez, al comando de la resistencia en Marquetalia fue cooptado por el Comité Central de los comunistas.
En aquella decisión histórica radica uno de los grandes obstáculos para la paz en Colombia pues significa mantener algo inaceptable para las reglas democráticas. Mientras los comunistas le abrieron expectativas de poder a la lucha guerrillera, Colombia se ha reformado, el Frente Nacional ya es historia, los partidos tradicionales ya no son hegemónicos, alcaldes y gobernadores son elegidos por sufragio universal, una nueva Constitución Política fue aprobada, se han dado experiencias positivas de negociación entre los gobiernos y grupos armados ilegales, la sociedad reacciona con generosidad ante quienes se reinsertan y piden perdón, hay exguerrilleros que ocupan altas posiciones en organismos de representación popular y en medios de comunicación, hay, sin duda, más libertad que en el pasado inmediato. No todo es favorable, falta mucha mas equidad y justicia social, pero, para alcanzarlas, Colombia necesita paz, es decir, renuncia a la lucha armada por parte de quienes aún viven prisioneros de la combinación de todas las formas de lucha.
* Darío Acevedo Carmona, Dr en Historia, profesor Titular Universidad Nacional de Colombia