Una consulta antidemocrática

“No toda convocatoria al electorado tiene un talante democrático, como a veces parece pensarse”: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Foto: Mininterior

Es cierto, y nadie discute, que la Constitución Política consagra las consultas populares, y, en particular, la posibilidad de que el presidente de la República le planteé al pueblo una pregunta sobre un asunto de interés nacional para que este se pronuncie en favor o en contra. Así, es una obviedad afirmar, en el actual contexto político, que el presidente tiene competencia para realizar consultas populares. Esa es una facultad constitucional y por consiguiente democrática. Esto es cierto, en abstracto. Los problemas comienzan cuando se examina en concreto la propuesta presentada por el presidente Petro. Es en ese momento cuando se revelan sus características profundamente antidemocráticas y opuestas a la Constitución.

En primer lugar, no toda convocatoria al electorado tiene un talante democrático, como a veces parece pensarse. De hecho, en 1991 se miró con reserva esta posibilidad de los plebiscitos o las consultas populares de carácter nacional, por el temor a lo que se conoce como el cesarismo plebiscitario, esto es, la pretensión de gobiernos autoritarios de convocar al electorado para legitimar sus decisiones en contravía con las instancias de decisión política previstas en la propia Constitución.

En segundo lugar, la consulta propuesta busca pretermitir los mecanismos de equilibrio de poderes, los frenos y contrapesos previstos en la Carta, para imponer la voluntad del presidente de la República, al amparo del respaldo electoral que aspira obtener con una propuesta que, en la forma y en el fondo, tiene visos populistas.

Tercero, la propuesta desnaturaliza el sentido mismo del instrumento de la consulta, que implica auscultar la voluntad del consultado, en este caso el electorado, para que libremente se manifieste por una u otra opción. Ello supone la libertad del elector, la posibilidad de que quienes estén a favor de la propuesta se manifiesten y hagan la correspondiente campaña, del mismo modo como pueden hacerlo, en igualdad de condiciones, quienes se oponen a ella. En este caso, por el contrario, el presidente no busca consultar a un electorado libre para que escoja entre unas opciones igualmente válidas, sino que lo que propone es una convocatoria para que el electorado respalde aquello que el gobierno ha impulsado con toda la energía y piensa seguir impulsando, empleando para ello, de manera abusiva, todos los recursos del Estado.

Lo anterior genera un absoluto desequilibrio en el proceso político y desvía la consulta del propósito que le es propio. Así, por un lado, el presidente lanzó su propuesta en distintos momentos, que se transmitieron por la televisión pública, y, luego, incluso, por todos los canales, en horario triple A, con un vídeo propagandístico, seguido de la alocución presidencial, en presencia de ministros y congresistas afines al gobierno. Incluso se declaró un día cívico, que implicó, por ejemplo, dejar a muchos niños sin jornada en los planteles oficiales, con el fin de que los maestros pudieran salir a respaldar lo que es una apuesta política del gobierno. Por otro lado, por la manera como está planteada, la consulta pierde su sentido como instrumento para indagar la opinión de la ciudadanía y, en realidad, se vuelve un escenario para hacer política partidista con recursos públicos, de cara a las elecciones del 2026.

Por estas y otras razones que no alcanzo a exponer es claro que esta consulta en particular es profundamente antidemocrática y contraria a la Constitución.

* Exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, director del Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Javeriana.