Por: Luis Gilberto Murillo
Las reformas ambientales del Gobierno del presidente Santos han sido necesarias y han arrojado impactos positivos sobre la protección ambiental en Colombia y de esto no debe haber duda. Pero estos avances y la necesidad de construcción de un nuevo país en paz nos imponen desafíos adicionales que requieren de reformas institucionales que no dan espera.
Cabe recordar que el Ministerio de Ambiente fue eliminado en el pasado gobierno y los asuntos ambientales se redujeron a una categoría menor. El presidente Santos restableció la cartera debido a la importancia del tema ambiental y de sostenibilidad, creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y reglamentó los procesos de licenciamiento en el país. Adicionalmente, en medio del fenómeno de la niña del año 2010-2011, rediseñó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, creó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Fondo de Adaptación, que hoy son ejemplo en América Latina. Además realizó el ajuste institucional de la Unidad Especial de Parques Nacionales Naturales. Y estas son solo algunas de las transformaciones institucionales adelantadas por esta administración.
La acción de eliminar la cartera de ambiente fue calificada como “un frenazo al sector”, justamente por quienes hoy quieren restar importancia a los avances de este gobierno en materia ambiental. Pero como diría mi colega Alejandro Gaviria, estamos envueltos en la “fracasomanía”, en donde no se reconocen los avances en ninguna esfera y este es un ejemplo. Se revivió la institución para darle voz y prioridad a la protección ambiental y ahora resulta que nos quieren hacer creer, que esa decisión fue peor que la de desaparecerla. ¡Vaya paradoja! Gracias a estas reformas, avances y a las gestiones de este gobierno, hoy Colombia es líder en mitigación y adaptación frente al cambio climático. El Fondo de Adaptación y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres han permitido una mejor respuesta a los fenómenos de variabilidad del clima.
Además, somos uno de los países con mayor progreso en la cantidad de áreas protegidas. Bajo esta gestión se logró pasar de alrededor de 13 millones de hectáreas de áreas protegidas en 2010, a cerca de 24 millones en el 2016 y se cerrará el gobierno con 26 millones de hectáreas, es decir se va a doblar esta área. Esto incluye los 6,5 millones de hectáreas de la Reserva Marina de la Biósfera Sea Flower, 252.000 hectáreas de Humedales Ramsar y 21 paramos delimitados. Todo ello evidencia el impacto de estas reformas, el compromiso y la acción decidida de este gobierno de dejarle a las futuras generaciones una Colombia más sostenible.
Colombia también registra progresos significativos en la reducción de la deforestación, que desde 2010 ha disminuido en un 56 %. Estos avances permitirán que la nación reciba recursos de cooperación internacional para la protección ambiental en los próximos años por un valor cercano a los US$500 millones; que se destinarán a iniciativas de protección ambiental como Colombia Sostenible, Visión Amazonía y Visión Pacífico, entre otras. Hemos avanzado como país en la protección y conservación de nuestros recursos naturales, pero aún tenemos grandes desafíos que superar como, por ejemplo, la extracción ilícita de minerales.
El balance es positivo y el progreso que hemos logrado en materia de protección ambiental es innegable. Evidentemente Colombia ha cambiado y el país no es el mismo de hace 24 años, época en que se concibió el actual Sistema Nacional Ambiental (SINA). La construcción de las bases de la paz y de un nuevo país, la lucha contra la amenaza del cambio climático y la contaminación ambiental, entre otros asuntos, nos obligan a poner nuestras metas ambientales en una nueva dimensión.
Es imperativo reformar el Sistema Nacional Ambiental para modernizarlo y fortalecerlo. Esta reforma debe basarse en la preservación de la autonomía territorial, la inspección y vigilancia de la gestión ambiental, la gobernabilidad y la participación activa de las comunidades desde sus territorios y el desarrollo sostenible. Cerrar la puerta a esta reforma es decirle al país y a las generaciones futuras que aquí importa más el discurso y las añoranzas del pasado, que la generación de condiciones institucionales para garantizar la protección de nuestro patrimonio natural y de un ambiente sano para toda la población colombiana.
* Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.