UNAL: ¿proyecto de nación o proyecto político?

El desespero político suele convertirse en el peor consejero de los gobiernos cuando empiezan a percibir su final y la incertidumbre respecto de su continuidad. Es entonces cuando emerge el mesianismo, esa tentación que enaltece aportes menores como obras fundacionales y convierte la ceremonia oficial en escenario de exaltación personal. La reciente inauguración del Edificio Nuevos Espacios para las Artes, en la sede Bogotá de la Universidad Nacional, ofreció un ejemplo de manual. El presidente de la República pretendió erigirse como el mesías fundador de la nueva Facultad de Artes, e instrumentalizó la ocasión para maltratar públicamente al rector. No fue un exabrupto retórico aislado: fue un abuso de poder y un acto de desconocimiento histórico.

La aritmética desmiente el mito. La Fase II, aprobada el 1 de junio de 2023 por el gobierno del presidente Petro, comprometió 70.000 millones de pesos en construcción y dotación de las áreas administrativas del bloque A. Esto es, el 40 % del valor total. El 60 % restante, 101.344 millones de pesos, había sido gestionado por administraciones anteriores (presidente Iván Duque): la Fase I aprobada el 2 de enero de 2020 (obra civil de los bloques B, C y plataforma D, financiada con rentas propias, crédito Findeter, Estampilla U. Distrital y Estampilla Pro UNAL), y la dotación tecnológica y mobiliario adicionada el 22 de agosto de 2022. Las cifras fueron suministradas por la oficina de Planeación de la Sede Bogotá.

¿Entonces quién ha financiado y gestado este importante proyecto de infraestructura, que no solo recupera los espacios para las Artes, sino que les permite a los jóvenes de la UNAL un mejor ambiente académico? Quien pone el 40 % de una obra no es su fundador. Es, en el mejor de los casos, un continuador. No olvidemos que son recursos provenientes de impuestos que pagamos todos los colombianos.

El edificio que el gobierno se atribuye hoy, hunde sus raíces en la Escuela Nacional de Bellas Artes de 1886 y en la Escuela Nacional de Música de 1882. En 1935, Alfonso López Pumarejo, buscando la unidad administrativa de la universidad, planteó que todas las facultades y escuelas existentes, así como las instituciones por crear, debían integrarse para conformar la nueva universidad. Sostuvo entonces que la Escuela de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música y el Teatro Nacional, reorganizados, “orientarán y depurarán nuestra actividad artística, buscando y fomentando ideales estéticos y ejerciendo su benéfica influencia no solo entre todos los estudiantes, sino entre los profesores y la sociedad en general” (Alfonso López Pumarejo y la Universidad Nacional de Colombia, Víctor M. Moncayo, primera edición 2000, Editorial Unibiblos). En 1965, bajo la reforma del rector José Félix Patiño, el Conservatorio de Música, Bellas Artes y Arquitectura se integraron finalmente en una sola facultad. Pretender hoy fundar lo que tiene casi siglo y medio de existencia armónica es, además de inexacto, una pequeñez histórica.

Conviene detenerse en el legado de López Pumarejo, porque allí se encuentra la matriz doctrinaria que el actual gobierno parece ignorar. La Universidad Nacional fue creada oficialmente en 1867 bajo el mandato de Santos Acosta, y concretó el anhelo de figuras de la independencia, empezando por Francisco de Paula Santander, de edificar la república sobre la educación pública. Sin embargo, como recordaba Gerardo Molina y reproduce V. M. Moncayo (Q.E.P.D) en el texto citado, la institución, “desde su refundación en 1867, no había podido hallar un sendero claro para ser realidad su misión histórica”. Ese sendero llegó bajo la República Liberal del siglo XX. Álvaro Tirado Mejía recordaba que Colombia era entonces una sociedad pastoril, pobre, aislada internacionalmente, atrasada en lo cultural y con unas élites que miraban al pasado. Frente al “pesimismo sin fronteras” de opositores como Laureano Gómez, López Pumarejo opuso, con la Revolución en Marcha, un acto de fe en las soluciones de gobierno.

López atribuyó la idea primera a su padre, Pedro A. López, en las postrimerías del siglo XIX, y la retomó como proyecto central de su primer gobierno. Cuando su ministro Germán Arciniegas le sugirió una solución “sencilla y barata” para agrupar las facultades dispersas (tomar los edificios de una vieja exposición en el costado del parque de los Mártires y trasladar allí Derecho, Medicina e Ingeniería), López respondió con lo que parecía “una fabulosa utopía, la Ciudad Universitaria entre prados y jardines”. La llamó, deliberadamente, la “Universidad de la Nación”, para insistir en su especificidad. Lo que se organizó entonces, mediante la Ley 68 de 1935, no fueron, como recuerda Moncayo, “piedras alzadas por la tenacidad o el capricho de un mandatario, sino una reforma de la universidad llamada a servir de base a la transformación de la vida colombiana”.

Esa reforma no nació de la nada. Recogía el ímpetu de las rebeldías estudiantiles de 1910, que en Caracas y Quito habían planteado, anticipándose incluso a la reforma de Córdoba, la representación estudiantil en los consejos, la autonomía universitaria y la cátedra libre. López Pumarejo entendió ese “depósito revolucionario” que albergaba la universidad y lo aprovechó para fundar lo que llamaba la Ciudad Blanca. Decía López, con lucidez de estadista: “vamos a averiguar por qué esta patria nuestra que contiene poderosos recursos, extraordinariamente bien situada en la geografía de los pueblos, habitada por un pueblo laborioso, ha perdido su esfuerzo casi totalmente y no tiene educación ni riqueza ni camino, sino que apenas vive una vida semipenumbra, donde los hombres no alcanzan a ser ciudadanos ni las mujeres a ser dueñas de su propio destino.” La universidad debía ser el lugar para responder esa pregunta. Por eso comprendió que la institución no podía ser “una fábrica absurda de doctores que quieren un título para explotar una fuente de riqueza”, sino el crisol de una verdadera “clase rectora”, formada “por selección de todas las clases económicas en la escuela primaria, el colegio, el bachillerato y la universidad gratuita, ayudados por un sistema de becas a los más aptos, sucesivamente escalonado hasta las becas en el Exterior” (Autonomía y Ley Orgánica, A. López Pumarejo, pág. 57). El patricio liberal entregó los recursos, multiplicó el presupuesto e instituyó la cátedra libre sin violentar jamás la autonomía universitaria. Esa es la diferencia exacta entre fundar y figurar.

Para comprender la gravedad de la actual instrumentalización, resulta ineludible apelar a la memoria institucional con todas sus paradojas. En el año 2000, durante mi época como representante de los exrectores ante el CSU se publicó el documento Alfonso López Pumarejo y la Universidad Nacional de Colombia. Allí el entonces rector V.M. Moncayo hizo una presentación magistral exaltando el respeto de López por el fuero interno, las reglas democráticas y la autonomía universitaria. A la memoria de los hombres públicos de innegable peso intelectual que han partido recientemente se les debe el respeto de la verdad completa, sin maniqueísmos, pero con rigor. La historia, siempre irónica, muestra cómo el mismo exrector Moncayo que enalteció la ortodoxia institucional de López Pumarejo, terminó envuelto en las contradicciones de la flexibilidad normativa. Fue figura fundamental para la expedición del Decreto 1210 (cuyas disposiciones, paradójicamente, le resultaron convenientes), y en sus últimos años su postura sirvió de abono para la instrumentalización de la crisis que hoy padece la Universidad Nacional. Al apoyar iniciativas como la MECUN, que con el apoyo de algunos integrantes del CSU buscarían alterar las reglas de juego y saltarse los procedimientos jurídicos vigentes, que terminarían cediendo aquella autonomía que otrora se defendía con vehemencia.

Es precisamente esa peligrosa costumbre de utilizar la norma cuando conviene políticamente, la que nos ha llevado a la actual crisis de gobernabilidad, un atolladero que solo ha podido ser contenido por los recientes fallos del Consejo de Estado y el cumplimiento al fallo judicial del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Estas altas cortes le han recordado al propio gobierno nacional que la autonomía no es un cheque en blanco para el asambleísmo sin reglas, ni un permiso para que el Ejecutivo imponga su voluntad desconociendo la separación de poderes.

La distancia entre el estadista que construye para el futuro y el activista que milita para el presente constituye el núcleo del debate actual. La Universidad de la Nación fue concebida para trascender la fugacidad de los cuatrienios presidenciales. López Pumarejo, al dotarla de infraestructura y de visión, trazó una línea infranqueable entre el Estado y el Gobierno: el primero financia y garantiza el funcionamiento de la academia; el segundo tiene prohibido dictar su consciencia. Hoy, cuando desde el Ejecutivo se intenta desdibujar esa frontera sugiriendo veladamente que la infraestructura es una dádiva del mandatario de turno, se traiciona la esencia de la Reforma de 1935. Se olvida que el recinto universitario no es una sucursal del Palacio de Nariño, sino el contrapeso crítico, plural e independiente que toda democracia sana necesita para mirarse al espejo sin la distorsión del aplauso oficial.

La instrumentalización de la crisis tiene, además, un efecto devastador sobre el bien más preciado de la universidad: el estudiantado. Aquella “clase rectora” que imaginaron los fundadores, llamada a desentrañar los complejos problemas de nuestra geografía y nuestra economía, requiere de un ecosistema estable y de profundo rigor académico para florecer. Cuando se aprovechan las fisuras normativas para agitar los ánimos desde el poder, a quienes verdaderamente se defrauda es a los jóvenes. Se les arrebata el derecho a formarse en el respeto a la institucionalidad y se les pretende reducir a una simple clientela política, a grupos de choque para validaciones efímeras de un proyecto gubernamental. La rebeldía estudiantil, motor histórico de las grandes transformaciones, no puede ser secuestrada ni domesticada por la vanidad de ningún caudillo.

Una universidad no es una sumatoria de ladrillos ni una sala de exposiciones para el ego del gobernante. Es un proyecto serio de construcción de nación a largo plazo, una institución de 159 años concebida para ser la Universidad de la Nación, nunca alineada con el gobierno de turno, respetuosa de su misión de búsqueda y desarrollo del conocimiento. Los mesianismos y los populismos resultan letales para la academia, sobre todo cuando buscan desinformar a los jóvenes que recién cruzan las puertas de la Ciudad Blanca. Es un deber ético señalar a la clase política que no podemos desgastarnos en pugnas personalistas ni legitimar a quienes cambian las reglas a mitad del camino. Nuestro norte debe ser la defensa irrestricta de la institucionalidad, dentro del ordenamiento, respaldados por la Constitución y la ley, así como por el legado de los verdaderos demócratas. La universidad no necesita salvadores efímeros ni reglas a la medida. Exige el respeto sagrado a su misión institucional.

* Exrector. Miembro Consejo Superior.