Universidad, ¿para quién?

Llevamos siglos construyendo templos del saber. Es hora de preguntarnos, sin eufemismos, a quién le abren las puertas.

I. Una herencia de mil años

En 1088, en Bolonia, un grupo de estudiantes decidió contratar juristas para que les enseñaran derecho romano. No fue un rey ni la Iglesia quien fundó aquello: fueron los propios estudiantes, organizados, exigiendo que el conocimiento tuviera una casa propia. Nació así el Alma Mater Studiorum, la universidad más antigua del mundo occidental, con un lema que todavía resuena: madre nutricia de los estudios. Siglos después vendrían Oxford, Cambridge, Salamanca. Cada una cargando la misma promesa fundacional: la universidad existe para buscar las causas más profundas, pensar cómo organizar la sociedad, forjar el pensamiento que una nación necesita si quiere ser más que un territorio con habitantes.

Cada vez que asisto al debate público sobre educación en Colombia, me preocupa no sólo lo que hace mal el sistema universitario, sino olvidar para qué lo construimos: lo conseguido con la Constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992 tuvo claro el norte que el ruido de los últimos años parece eclipsar. Llevamos décadas debatiendo sobre temas administrativos cómo: quién ocupa la rectoría, cómo distribuir el presupuesto, quién tiene derecho a la gratuidad (debates legítimos), pero ignoramos que el techo y el piso se hunden. Y el piso se llama educación media.

II. El piso que nadie quiere ver

A comienzos de este año, las universidades Icesi, Javeriana y Los Andes publicaron un informe que debería haber detenido el país. Su título era discreto: «Las implicaciones de la inacción en la educación media en Colombia». Sus números, contundentes: De cada cien niños que iniciaron primaria en 2013, solo cincuenta y cinco llegaron a grado once en 2023. De esos cincuenta y cinco, apenas 13 jóvenes (23 %) alcanzó competencias satisfactorias en matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales y ciencias sociales. Ese es el estado de nuestra educación.

No son cifras abstractas. Son vidas, jóvenes que el sistema expulsó no por falta de talento, sino porque el país nunca les ofreció una educación media con propósito real. El Ministerio de Educación reporta que en 2023 abandonaron el colegio 335.000 estudiantes, una de las cifras más altas de la última década. Y no basta con señalar la pobreza como causa única: hay determinantes sociales complejos, hay ausencia de sentido, hay un currículo que no dialoga con estos jóvenes. La deserción es el síntoma. La enfermedad es que la educación media colombiana carece de un proyecto educativo a largo plazo.

Las brechas territoriales son, además, una bofetada a cualquier discurso sobre igualdad. Según el informe, en municipios como Envigado o Sabaneta cerca de cuarenta de cada cien estudiantes termina grado once con competencias satisfactorias. Mientras que, en Chocó o Vichada, esa cifra cae a uno de cada cien. El lugar de nacimiento es el principal determinante del futuro educativo de una persona en nuestro país. Y eso no lo corrige la ceremonia de graduación, así incluya la gratuidad.

III. La trampa del populismo educativo

Hay algo que me incomoda profundamente en la manera en que Colombia ha abordado la educación superior en los últimos años: se ha confundido el derecho fundamental con el eslogan. La gratuidad universitaria tiene un propósito loable, que no se discute. Pero cuando se la convierte en bandera política, sin haber resuelto la base del problema, deja de ser política pública y se transforma en populismo.

La gratuidad llega a los jóvenes que ya están en la universidad, los que votan, no a los que nunca pudieron llegar porque el sistema los perdió antes de grado once. No hay justicia social en prometer movilidad sin construir primero los cimientos que la hacen posible. La razón estructural de este desvío es tan sencilla como vergonzosa: los estudiantes de catorce a diecisiete años no votan. Los políticos lo saben. Por eso la educación media, donde se decide el destino de la mayoría, es el nivel más ignorado del sistema.

Reformarla no da rédito en la próxima campaña electoral. Sus frutos llegan en diez años, no antes de las próximas primarias. Eso exige visión de Estado, y esa es la virtud ausente en nuestra clase política. El resultado es un sistema invertido y costoso: las universidades intentan compensar los vacíos que dejó una educación media débil, los jóvenes que logran entrar llegan con herramientas insuficientes, y los que pueden estudiar en el exterior, se van y no regresan.

Lo que quisimos construir con la Ley 30 y con la Constitución del 91 era preciso y ambicioso: un sistema universitario capaz de generar pensamiento nacional, articulado, con las universidades públicas existentes (SUE) funcionando como un sistema, no como islas incomunicadas. Ese proyecto se erosiona hoy, sin que nadie lo advierta.

Y se erosiona porque hay fuerzas interesadas en que así sea. La instrumentalización política de la educación no es nueva en Colombia, pero ha encontrado en este gobierno una forma más sofisticada y perjudicial que las anteriores. En los años noventa, cuando redactamos la Ley 30, el riesgo que todos veíamos era el de los rectores nombrados por decreto presidencial, la universidad como botín burocrático. Luchamos para que eso no volviera a ocurrir. Y sin embargo está ocurriendo.

Lo que el Ministerio de Educación ha hecho en los últimos dos años no es liderar un proyecto académico: es capturar las instituciones. Se estimula la movilización en momentos políticamente convenientes, cuando el calendario electoral lo exige. El movimiento estudiantil colombiano tiene una historia digna, construida en décadas de lucha por presupuestos, por calidad, por autonomía, por el derecho a existir como universidad pública. Esa historia merece respeto, no manipulación.

Reducir ese movimiento a una palanca de movilización electoral es traicionar los objetivos legítimos de la lucha. El estudiante que sale a la calle debería estar exigiendo más inversión en educación, más plazas docentes, más ciencia. No debería ser, ignorándolo, la ficha de una estrategia política de campaña diseñada en un despacho gubernamental.

Y la estrategia no se detiene en las calles. Tiene un correlato institucional más grave aún: la intervención directa, sistemática, en la dirección de las universidades públicas. En la Universidad Nacional, en 2024, el gobierno desconoció la designación legítima del rector José Ismael Peña, elegido por el Consejo Superior Universitario conforme a las normas establecidas en su autonomía, cambiando la composición del CSU. Peña tuvo que posesionarse ante una notaría porque la ministra de Educación se negó a firmar el acta.

En la Universidad de Antioquia, a finales de 2025, el ministro Rojas Medellín firmó la Resolución 025421 removiendo al rector John Jairo Arboleda y nombrando un reemplazo, de nuevo sin consultar al Consejo Superior. La Gobernación de Antioquia lo llamó por su nombre: usurpación. En la Universidad del Atlántico se ensayó el mismo movimiento. Tres universidades. Tres intentos en menos de dos años.

No es coincidencia, pareciera ser un patrón deliberado. Lo que quisimos transformar con la constitución del 91 y la Ley 30, ahora se repite con el lenguaje del “cambio”. El propio rector Peña, con la sobriedad que dan veinte meses de pelea institucional, lo resumió sin rodeos: “Ningún gobierno debe meterse en la administración académica y administrativa de la universidad.” El fallo del Consejo de Estado, que legitimó la elección de José Ismael Peña, así como el fallo de tutela que ordena el reintegro, no es una sugerencia ni un punto de debate para una asamblea; es una realidad jurídica de obligatorio cumplimiento. Y el hecho de que haya que repetirlo en 2026, en un país que tardó décadas en conquistar esa autonomía, es en sí mismo la denuncia más elocuente que podría hacerse.

IV. El conocimiento como estrategia de Nación

Desde mi experiencia diplomática en Alemania, y a través de mis investigaciones sobre globalización, reitero una verdad que no ha cambiado: no hay milagros para el desarrollo de las naciones. Lo que hay es inversión sostenida en ciencia, tecnología y conocimiento, y capacitación del recurso humano al más alto nivel. China lo sabía cuando construyó su sistema educativo no como un gasto sino como una inversión que apalanca el desarrollo de una sociedad.

Los números son contundentes. La tasa de escolarización china en secundaria superior supera el 87 %, 11 puntos por encima del promedio de países de altos ingresos. Desde 1999, el gobierno cuadruplicó el número de graduados universitarios. No lo hizo prometiendo gratuidad como consigna: lo hizo construyendo la base primero. Sus universidades no corrigen los vacíos que dejó la secundaria porque esos vacíos, simplemente, no existen.

Mientras esto ocurre en el gigante asiático, acá se debate quién ocupa cuál rectoría. La paradoja es cruel: en el momento histórico en que el conocimiento se ha convertido en la principal fuente de poder geopolítico, nosotros nos dedicamos a convertir nuestras universidades en botín político.

Hay una voz latinoamericana que habla desde el centro mismo del conocimiento global y que merece escucharse: la de Rafael Reif, venezolano (Maracaibo), formado en universidad pública, presidente del MIT entre 2012 y 2022. Reif no habla de educación como política social sino como arquitectura de futuro. Su mensaje es claro: hay que educar para un mundo de algoritmos, y la inteligencia artificial debe servir como puente entre la computación y todas las demás disciplinas, no como sustituto del pensamiento.

Pero añade algo que en Colombia se olvida: la revolución digital no reemplaza los fundamentos, los exige con más fuerza que nunca. Las matemáticas, la filosofía, las humanidades no son reliquias de un currículo anticuado; son la base sin la cual ningún algoritmo tiene sentido ni ninguna tecnología tiene dirección ética. Pero esa base debe combinarse con una transformación real de la universidad: aulas híbridas, contenidos en línea accesibles para quien tenga deseo de aprender, inteligencia artificial integrada como herramienta de investigación y de enseñanza, currículos que respondan a un mundo que cambia más rápido que cualquier plan de estudios diseñado hace veinte años. No es una cosa o la otra. Son las dos a la vez: rigor intelectual y reinvención tecnológica.

La institución que no lo entienda no está en riesgo de quedarse atrás: ya está atrás. Lo que queda es decidir si Colombia entra al siglo XXI con una institución transformada o si seguimos administrando, con mucho protocolo y poco futuro, una universidad del siglo XX que discute rectorías y bloquea el derecho al estudio decretando paros, en asambleas que no dialogan, sino que insultan e intimidan a la mayoría pensante.

La trayectoria de Reif es en sí misma un argumento: un joven de educación pública latinoamericana que llegó a dirigir la institución de conocimiento más influyente del mundo. Eso no ocurrió a pesar de la educación pública sino gracias a ella, cuando era rigurosa, autónoma y orientada al futuro. La pregunta para Colombia es incómoda: ¿cuántos como él estamos perdiendo cada año porque los expulsamos del sistema antes de que lleguen a grado once?

No propongo que copiemos ningún modelo, sino que aprendamos la lección de fondo que comparten China y Reif del MIT: competir en el plano del conocimiento global exige construir desde los cimientos, con visión de largo plazo, sin sacrificar lo esencial en el altar de lo urgente. Colombia está por debajo de los estándares OCDE en casi todos los indicadores educativos. Eso no se resuelve con consignas populistas, se resuelve con decisiones que incluyan también a quienes todavía no votan.

V. El debate que le debemos al país

En 1993, Gabriel García Márquez participó en la Misión de Sabios y propuso algo que todavía no hemos sido capaces de hacer realidad: una educación «desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva». Treinta años después seguimos citando esa frase. Pero la realidad es que los jóvenes ya están dando señales de que el sistema no les habla: piden carreras más cortas, formación por pertinencia, certificaciones ágiles que respondan a un mercado dinámico con nuevas demandas laborales.

Julián De Zubiría ha planteado la necesidad de currículos más flexibles y un sistema universitario real, donde las treinta y cuatro universidades públicas del país funcionen articuladas, compartan capacidades, construyan intercambios genuinos con las grandes instituciones del mundo. Moissés Wasserman, en su lectura de la historia universitaria, recuerda que esta institución lleva más de mil años y que su longevidad no es garantía de actualidad. Tienen razón. Para alcanzar esa meta, hay que resolver el problema de base: una educación media que no expulsa, que prepara, que les habla a los jóvenes de este siglo.

No necesitamos más promesas pensadas para ganar elecciones (500.000 nuevos cupos-construir 100 universidades). Se necesita una política educativa pensada para formar ciudadanos y para construir futuro. El político colombiano que logre entender esto tiene en sus manos la agenda más revolucionaria que este país haya visto en décadas. Para alcanzarlo hay que entender que la agenda académica no es la agenda electoral: Pensemos la educación no para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Las universidades necesitan debate riguroso, rectores elegidos por mérito y estudiantes que sean interlocutores exigentes del sistema, no combustible de campaña. La estrategia de los paros y las asambleas no busca consensos, sino dispersión. Con el cierre de las aulas, la comunidad universitaria que ve la educación como proyecto de vida y no campo de combate ideológico, regresa a sus hogares y ciudades de origen, dejando vacío el campus universitario que capturan los activistas políticos.

* Académico, exrector de la Universidad Nacional de Colombia y exsenador de la República.

Fuentes citadas: Ruiz Patiño, J., Navia J., Bernal G. y Maldonado D. «Las implicaciones de la inacción en la educación media en Colombia», ICESI-Javeriana-Los Andes, enero de 2026. — Ministerio de Educación Nacional, datos de deserción 2023. — Observatorio de Política China, «La tasa de cobertura de educación obligatoria en China». — Misión de Sabios, Informe final (1993).