Hace poco, Jorge Alberto Betancurt Raigoza presentó una denuncia contra Carlos Mario Marín (alcalde de Manizales) y Matilda González (secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Manizales). Según Jorge Alberto, la prueba piloto lanzada desde la Secretaría para virtualizar el trabajo sexual en Manizales “promueve la explotación sexual con recursos públicos”. Con esta denuncia, asumo, pretenden que Marín y González reciban una sanción penal (¿cárcel?). Este me parece un buen ejemplo para invitar a una discusión más amplia sobre la utilización del derecho penal para acabar con ciertos problemas que afectan a las mujeres. Particularmente, la utilización del derecho penal para “salvar” personas que, se asume, “necesitan ser salvadas”.
Las instituciones del Estado, particularmente la Policía, violentan a quienes ejercen el trabajo sexual una y otra vez. Cuando la ley clasifica el trabajo sexual como una actividad que tiene “efectos nocivos para la sociedad”, también impone un valor menor a las vidas de quienes lo ejercen. Para el Estado y para la ley, la vida y los cuerpos de quienes ejercen el trabajo sexual valen menos. Por eso hay que esconder esos cuerpos, segregarlos a las “zonas de tolerancia”, y castigarlos cuando se salen de ahí. Puedes trabajar, pero donde no te vea el Estado.
En este contexto, vale la pena preguntarnos si abogar por la utilización del derecho penal y del poder punitivo del Estado resultan efectivas para oponernos a la violencia que quienes ejercen el trabajo sexual viven día a día. ¿A quién beneficia la denuncia instaurada por Jorge Alberto? ¿Hay alguna persona que ejerza el trabajo sexual que verá un beneficio en sus condiciones materiales de vida? Pareciera que, a veces, el derecho más bien responde a una lógica de mercadeo, de apariencia. A pesar de que los efectos simbólicos de la ley resultan relevantes en muchos sentidos, no son suficientes y, en el caso del trabajo sexual, terminan por afectar más a quienes supuestamente está tratando de beneficiar.
Y sí, seguramente habrá personas que ejercen el trabajo sexual que preferirían tener otro trabajo. En un país (y en una región) en donde la precarización del trabajo es la regla, este entonces no es una preocupación exclusiva en cuanto a las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Las experiencias de las trabajadoras del hogar, de las mujeres que trabajan en maquilas, también están mediadas por la necesidad y pobreza. ¿De qué manera podemos, entonces, utilizar el derecho para promover una igualdad sustancial? Una que vaya más allá del discurso, del castigo, y de la cárcel. Una que proporcione herramientas a las mujeres para resistir a la pobreza que el mismo Estado impone sobre sus cuerpos día tras día. Para mí es poco claro cómo la Fiscalía y la Procuraduría tienen la capacidad (y la intención) de lograr eso.
Estoy en contra de la violencia, pero no estoy interesada en mandar (más) gente a la cárcel. Me interesa es pensar cómo podemos oponernos, efectivamente, a la violencia. Me interesa desmantelar los sistemas que precarizan el trabajo de las mujeres. Me interesa una igualdad radical, una que valore a todas las vidas por igual.