En un país anestesiado por la violencia e indolente ante la muerte, llamar a la cordura como mecanismo para hacer cumplir la ley es como pretender frenar el COVID-19 por decreto.
Colombia está en mora de una gran cruzada nacional por la cultura ciudadana. Este país no se gobierna sin un profundo cambio de cultura, no solo política e institucional, sino sobre todo social. Una cultura que recupere el valor de la vida y, con ella, la capacidad de autorregularnos.
En otras palabras, que la muerte deje de ser el paisaje cotidiano en que se convirtió por efecto de todas las violencias y recuperemos el asombro de estar vivos, así sea en medio de la anarquía y el desgobierno en que algunos nos mantienen: por un lado, los desadaptados, y, por el otro, quienes deberían controlarlos, los gobernantes, que ostentan la legítima autoridad.
Da grima, aunque a algunos les produce risa, escuchar decir a un alcalde de ciudad capital que “es iluso e ingenuo” pedir que se decreten medidas restrictivas para frenar el aumento de los contagios del COVID-19 en momentos en que se juega una final de fútbol, porque “los fanáticos se tirarán a la calle y provocarán un caos que no será posible detener”. Entre la anarquía y el desgobierno.
Y, claro, el reconocido mandatario, hincha furibundo de uno de los equipos en la final, se va lanza en ristre contra el personal médico, de paso víctima del anarquismo y el desgobierno, para justificar lo injustificable: nos volvimos salvajes por cuenta de una sociedad que hizo de la burla a la ley su modus vivendi.
Esos gobernantes no son la causa, son la consecuencia. Como lo serán cientos de miles de jóvenes que ahora se juegan la vida en las calles, en una especie de anarquía de la muerte, porque en sus propias casas reina el desgobierno como respuesta a una cultura donde los hijos ordenan y los padres obedecen, cuando debería ser al contrario.
El país, desde hace décadas, padece la tragedia de los comunes. Es hora de un gran acuerdo en lo fundamental: la protección de la vida como derecho superior y la defensa de la institucionalidad como prerrequisito para la convivencia en sociedad. Ambas tareas parten de una gran cruzada por la cultura ciudadana, esa que es capaz de asegurar el equilibrio entre deberes y derechos, dos fundamentos que casi siempre están en las antípodas de nuestra sociedad.
Para lograrlo, dentro de un proceso largo y continuo, primero hay que recuperar la legítima autoridad y la confianza en la institucionalidad.
La ciudadanía no es la causa, es la consecuencia. Pero debemos comenzar por algo y esta crisis pospandemia debería ser el punto de partida para convertir nuestro sistema educativo y democrático en el gran laboratorio social donde hallemos una vacuna eficaz contra todas las violencias o, lo que es lo mismo, contra la anarquía de unos y el desgobierno de otros, antes de que la muerte nos siga diezmando hasta por decreto.
Por Luis Fernando Ospina V.
