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4 May 2022 - 11:56 p. m.

Vivienda y hábitat para las familias más pobres

Catalina Velasco Campuzano

Durante los últimos treinta años, la política pública de vivienda social en Colombia ha sido concebida principalmente como un motor económico. Se ha construido un modelo de mercado con un sistema de financiación que conjuga subsidios, créditos y ahorro con el fin de impulsar la demanda, y se han diseñado diferentes esquemas de habilitación y gestión de suelo ciertamente insuficientes, para dotar a la industria de este insumo básico que le permita producir vivienda social y, además, impulsar el empleo, el crédito y la actividad productiva a lo largo de diferentes cadenas de insumos.

La demanda de viviendas para clases medias está siendo atendida; la industria de la construcción ha hecho su aporte importantísimo a la economía y, en perspectiva, la dinámica marcha y debe seguir marchando. Sin duda, el punto más débil de esta política de vivienda corresponde no al producto mismo, a la vivienda, sino al entorno en el que se implanta: es constante la carencia de infraestructura vial y de servicios, la insuficiencia de equipamientos dotacionales y la segregación socioespacial.

Sin embargo, a esa ecuación le hace falta un componente fundamental: ofrecer vivienda para las familias más vulnerables, que no tienen acceso a un crédito ni capacidad para el ahorro; que derivan su sustento de la economía popular y que habitan áreas rurales y la ciudad informal sin títulos ni licencias, en construcciones precarias y en entornos segregados. La industria de la construcción no ha llegado a este segmento de la demanda ni llegará, básicamente por razones de precio y de escalas de producción. Es aquí donde hace énfasis y acierta la propuesta de Gustavo Petro en materia de vivienda y hábitat.

Así como es necesario diferenciar la economía formal de la informal, reconociendo a esta última no como insuficiente ni dañina, sino como diferente, es indispensable analizar de manera distinta la vivienda formal y la informal, porque la vivienda informal es una realidad para millones de personas, porque a pesar de todos los esfuerzos del Estado no se satisface la demanda creciente de vivienda, y porque es posible y necesario detonar procesos que garanticen que las familias tengan sin dilación un lugar digno para vivir.

Las familias que habitan asentamientos precarios, muchas con mujeres a la cabeza, necesitan de manera urgente un espacio digno, que se garantiza a través de tres componentes: mejoramiento, titulación y ampliación.

Los programas de mejoramiento de vivienda concentran con buen tino sus esfuerzos en pisos, techos, baños y cocinas, por tener el mejor efecto costo-beneficio sobre la salud pública. El reto de masificar a nivel nacional las acciones de mejoramiento de vivienda, que esporádica o en pequeña escala hacen los gobiernos locales, pasa en primer lugar por destinar suficientes recursos públicos a través del Plan Nacional de Desarrollo, así como por diseñar un esquema de gestión y operación de subsidios, en coordinación con las autoridades locales, que promueva la vinculación de mano de obra profesional y no calificada de la comunidad, la utilización de proveedores locales y la implementación de mecanismos de contratación y control ágiles y eficientes. Esta acción sería insuficiente si no se acompaña de un programa nacional masivo de titulación de vivienda. Finalmente, bajo esquemas de microcrédito, se complementa el programa a través de la promoción de la ampliación de las viviendas con habitaciones adicionales para la comodidad de las familias o la construcción de nuevas unidades, tomando como ejemplo el plan terrazas, que permite la independencia de nuevos hogares de la familia extensa o la generación de ingresos por la vía del arrendamiento.

La política pública de vivienda social necesita recuperar su objetivo fundamental que es proveer vivienda para las familias más pobres, al tiempo que debe dar a las mujeres prioridad en el acceso al crédito, los subsidios y la titulación. Además, el mejoramiento y la legalización de los asentamientos de origen informal tendría la virtud de evitar el desarraigo que causa la construcción de vivienda social en los extramuros de las grandes ciudades, aprovechando la inversión que por décadas se ha venido haciendo en materia de servicios públicos, equipamientos sociales y desarrollo comunitario.

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