Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El primer activo que debe entregar Colombia a los inversionistas es su seguridad jurídica y normas claras para garantizar la activación de mecanismos de contratación a largo plazo.
En días pasados, el Consejo de Estado declaró la nulidad del decreto 570 de 2018 que habilitaba las convocatorias a subastas de contratos de largo plazo de fuentes no convencionales de energía renovable. Esto en la práctica implica que no se podrá utilizar nuevamente este mecanismo para comercializar energías renovables.
Con base en este decreto, el Gobierno lanzó tres subastas de contratos de largo plazo, de las cuales dos fueron adjudicadas; una de ellas salió al mercado en 2019 y la otra en 2021. Estas atrajeron el apetito de inversionistas locales y extranjeros que lo vieron como una oportunidad para ingresar al mercado con contratos de largo plazo y con los beneficios tributarios de la ley 1715 de 2014. Ahora, con la nulidad del decreto, este mecanismo de contratación no podrá usarse de nuevo, hasta que salga un nuevo decreto.
El caso preocupa. Los mecanismos de largo plazo afianzan a los inversionistas porque garantizan ingresos por 15 o 20 años, activan el sector, son el combustible clave para que la maquinaria de la generación eléctrica no se apague y para el ingreso de nuevos actores, que aumentan la competencia, lo cual ocasiona precios más bajos para los usuarios.
Ahora bien, la decisión del Consejo se dio por fallas de procedimiento; urge entonces implementar nuevos mecanismos para la comercialización de energía limpia, para lo que resulta indispensable un trabajo mancomunado entre las entidades regulatorias y las empresas del sector.
El llamado es entonces a que el Gobierno expida un nuevo marco normativo. El primer activo que debe entregar Colombia a los inversionistas es su seguridad jurídica y normas claras.
El desarrollo de los proyectos necesita de contratos que sustenten el capital que se requiere. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo se expone que los comercializadores de energía deben contar en su portafolio con una participación importante de energías provenientes de estas fuentes, con lo que se debe agilizar este proceso comercialización, esto ayuda a la implementación de esta tecnología, a las empresas a cumplir con su obligación de ley, y con las metas del Gobierno nacional de tener 6GW al final del periodo del presidente con el objetivo de cumplir con lo establecido en la hoja de ruta desde el Gobierno de Duque.
El Gobierno que iza la bandera de la transición energética desde su campaña, debe enfilar todas sus baterías para impulsar la reactivación sostenible y consolidar los primeros pasos hacia la consecución de los primeros 6 GW de energía limpia en Colombia.
Gracias a la última subasta de largo plazo de energía renovable el país ganó porque surgió el potencial de incluir 796 MW a través de nuevos actores que aportaron dinamismo al mercado. Estos proyectos están avanzando a pesar de algunos retrasos. En su momento, Canadian Solar Energy, EDF, Enel Green Power, Solarpack, y Urra S.A., los cinco nuevos agentes que se sumaron desde la orilla de SER Colombia, hace dos años, asumieron la responsabilidad de evitar la emisión de 465.000 toneladas de CO2 por año. Ya es hora de que se presenten nuevas oportunidades para inyectar energía limpia.
Los 11 proyectos adjudicados a nueve empresas generadoras y 44 comercializadoras en la pasada subasta requieren de un presupuesto de $3,3 billones para la generación de energías limpias. Con su ejecución, podría generar alrededor de 4.700 empleos directos e indirectos. Esta dinámica no debería cesar.
Lo cierto es que el camino es largo e implica retos. Constituye una carrera contra reloj. Por esto mismo, resulta fundamental que los procesos de licenciamiento ambiental y de conexión, se logren en los tiempos adecuados para que no se presenten retrasos y se logre cumplir con los compromisos que cada uno de los agentes adjudicados adquirieron bajo este mecanismo.
*presidenta ejecutiva SER Colombia.