Análisis: La infinita espiral de la crisis en Perú

Contra todos los pronósticos, Pedro Castillo acaba de cumplir un año al frente del gobierno peruano, pero llega con una profunda ingobernabilidad, una desaprobación enorme y vientos de adelanto de elecciones.

¿Hasta cuándo continuará Perú en su espiral de crisis política? Para ensayar una respuesta es necesario recordar que la fase más crítica de la crisis empezó en junio de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski logró la presidencia frente a la heredera del fujimorismo, Keiko Fujimori, por apenas 41 mil votos. Desde ese momento hasta hoy, el Perú no ha podido construir gobernabilidad ni asegurar la paz política.

En 2016, la decisión del fujimorismo de ejercer una especie de gobierno parlamentario y convertir el programa de gobierno de la candidata derrotada en una realidad a través de leyes aprobadas por la mayoría aplastante que logró el fujimorismo (73 de 130 congresistas en un congreso unicameral) hizo que, en la práctica, el Perú se convirtiera en un país ingobernable. En el marco de la confrontación y en medio de la investigación del caso Lava Jato cayó el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Asumió su vicepresidente aupado por el fujimorismo, pero muy rápido se enfrentó a ellos y luego disolvió el Congreso, pero el parlamento que lo sucedió destituyó a Vizcarra por acusaciones de corrupción que aun ni siquiera lo tienen en juicio. Su sucesor estuvo cinco días en el poder y tuvo que dimitir en medio de un estallido en las calles. Lo sucedió Francisco Sagasti, que fue apenas un breve interregno entre una crisis y otra.

(Quizás le interese: Perú, ¿un año en el limbo con Pedro Castillo?)

En medio de una profunda decepción ciudadana y de una gran desafección con los partidos políticos, en la recta final de la primera vuelta presidencial surgió el fenómeno Pedro Castillo. Fue un candidato sin maquinaria política, sin visibilidad en medios y con un discurso popular y efectivo: “no más pobres en un país rico”. La sorpresa de su tiquete a la segunda vuelta con Keiko Fujimori descolocó a la derecha que solo encontró un camino para luchar contra su popularidad, la insinuación de que tenía nexos con el terrorismo, lo que queda de Sendero Luminoso y sus brazos políticos en la semilegalidad. El ruido generado por la amenaza de que Perú se convirtiera en Venezuela y que Sendero Luminoso llegara a Palacio de Gobierno, sumado a una campaña de racismo en los medios masivos y las redes sociales provocó una radicalización que terminó beneficiando a Castillo.

Contra todos los pronósticos, Castillo acaba de cumplir un año al frente del gobierno. Muchos creían incluso que no cumpliría siquiera seis meses, pero llega con una profunda ingobernabilidad, una desaprobación que va entre 67 y 76 por ciento según la encuestadora y sobre todo con una opinión mayoritaria a favor del adelanto de elecciones. Castillo ha demostrado que, no solo no estaba preparado para gobernar, permanentemente protagoniza episodios bochornosos cuando improvisa discursos o incluso cuando lee los que le escriben, sino que además ha hecho nombramientos muy cuestionables como el de una superintendente con antecedentes penales por robar en supermercados o ministros con antecedentes por homicidio, robo agravado y maltrato intrafamiliar. Despide a sus ministros con mensajes de Twitter y no les contesta a otros el teléfono y ha mantenido en sus cargos a ministros contra quienes pesan serias acusaciones de corrupción que también lo involucran a él.

La fiscal de la Nación ya ha iniciado seis indagaciones contra el presidente Castillo por delitos que van desde el plagio hasta la pertenencia a organización criminal, el tráfico de influencias y la colusión agravada. El círculo judicial se cierra a su alrededor: su ex secretario general ha pedido ser colaborador eficaz y sus declaraciones, aun sin corroborar, lo señalan como responsable de graves delitos de corrupción; su cuñada, a quien Castillo crió como una hija, está con detención preventiva, uno de sus sobrinos está fugitivo y también huye de la justicia su ex ministro de transportes. Hasta su esposa está siendo investigada. La irracionalidad de la oposición, que tenía listos planes de vacancia incluso antes de que Castillo asumiera la presidencia, es la que hoy le permite seguir negándose a enfrentar las graves acusaciones y los fuertes indicios de corrupción y simplemente decir que todo hace parte de una conspiración, que quienes hoy piden su renuncia siempre se negaron a aceptar su triunfo y el “triunfo del pueblo”.

(Le puede interesar: Radiografía del escándalo: ¿por qué Fiscalía de Perú investiga a Pedro Castillo?)

Si solo se mira la situación de Castillo, parece relativamente fácil salir de la crisis, en un país que ya probó que vacar presidentes a través del Congreso no es difícil. El problema es que, aunque parezca increíble, el Congreso tiene peor imagen que el presidente. La aprobación de la gestión del Legislativo llega apenas al 10 por ciento de la población. Por esa razón, la opinión mayoritaria de los ciudadanos rechaza una fórmula en la que se va el presidente, pero se queda el Congreso, que es lo que pretende un sector de la oposición. El periodo de presidente y Congreso termina el 28 de julio de 2026, lo que es una eternidad para seguir viviendo en esta agonía.

Los líderes de los partidos políticos que fueron candidatos en las pasadas elecciones, empezando por Keiko Fujimori, se han mostrado a favor del adelanto de elecciones generales, pero los congresistas de sus bancadas han demostrado que no están dispuestos a abandonar las mieles del poder y prefieren perpetuar la crisis mientras puedan seguir sacándole provecho a su posición, pues en Perú no existe la reelección parlamentaria. Castillo no ha sabido gobernar, pero tampoco se ha dejado sacar. El costo lo ha pagado el país con leyes que debilitan al estado y con repartijas del presupuesto para obras en las regiones. Para vacar al presidente se necesitan 87 votos y el Congreso ya ha intentado dos veces la vacancia sin éxito. Incluso los más audaces de la oposición calculan que tendrían apenas 73 votos a favor de una eventual vacancia. El único camino viable es el adelanto de elecciones con una transición ordenada y con unas mínimas reformas políticas. No parece viable porque nadie se quiere ir, aunque el barco cada vez se hunde más.

Contra todos los pronósticos, Pedro Castillo acaba de cumplir un año al frente del gobierno peruano, pero llega con una profunda ingobernabilidad, una desaprobación enorme y vientos de adelanto de elecciones.

¿Hasta cuándo continuará Perú en su espiral de crisis política? Para ensayar una respuesta es necesario recordar que la fase más crítica de la crisis empezó en junio de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski logró la presidencia frente a la heredera del fujimorismo, Keiko Fujimori, por apenas 41 mil votos. Desde ese momento hasta hoy, el Perú no ha podido construir gobernabilidad ni asegurar la paz política.

En 2016, la decisión del fujimorismo de ejercer una especie de gobierno parlamentario y convertir el programa de gobierno de la candidata derrotada en una realidad a través de leyes aprobadas por la mayoría aplastante que logró el fujimorismo (73 de 130 congresistas en un congreso unicameral) hizo que, en la práctica, el Perú se convirtiera en un país ingobernable. En el marco de la confrontación y en medio de la investigación del caso Lava Jato cayó el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Asumió su vicepresidente aupado por el fujimorismo, pero muy rápido se enfrentó a ellos y luego disolvió el Congreso, pero el parlamento que lo sucedió destituyó a Vizcarra por acusaciones de corrupción que aun ni siquiera lo tienen en juicio. Su sucesor estuvo cinco días en el poder y tuvo que dimitir en medio de un estallido en las calles. Lo sucedió Francisco Sagasti, que fue apenas un breve interregno entre una crisis y otra.

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En medio de una profunda decepción ciudadana y de una gran desafección con los partidos políticos, en la recta final de la primera vuelta presidencial surgió el fenómeno Pedro Castillo. Fue un candidato sin maquinaria política, sin visibilidad en medios y con un discurso popular y efectivo: “no más pobres en un país rico”. La sorpresa de su tiquete a la segunda vuelta con Keiko Fujimori descolocó a la derecha que solo encontró un camino para luchar contra su popularidad, la insinuación de que tenía nexos con el terrorismo, lo que queda de Sendero Luminoso y sus brazos políticos en la semilegalidad. El ruido generado por la amenaza de que Perú se convirtiera en Venezuela y que Sendero Luminoso llegara a Palacio de Gobierno, sumado a una campaña de racismo en los medios masivos y las redes sociales provocó una radicalización que terminó beneficiando a Castillo.

Contra todos los pronósticos, Castillo acaba de cumplir un año al frente del gobierno. Muchos creían incluso que no cumpliría siquiera seis meses, pero llega con una profunda ingobernabilidad, una desaprobación que va entre 67 y 76 por ciento según la encuestadora y sobre todo con una opinión mayoritaria a favor del adelanto de elecciones. Castillo ha demostrado que, no solo no estaba preparado para gobernar, permanentemente protagoniza episodios bochornosos cuando improvisa discursos o incluso cuando lee los que le escriben, sino que además ha hecho nombramientos muy cuestionables como el de una superintendente con antecedentes penales por robar en supermercados o ministros con antecedentes por homicidio, robo agravado y maltrato intrafamiliar. Despide a sus ministros con mensajes de Twitter y no les contesta a otros el teléfono y ha mantenido en sus cargos a ministros contra quienes pesan serias acusaciones de corrupción que también lo involucran a él.

La fiscal de la Nación ya ha iniciado seis indagaciones contra el presidente Castillo por delitos que van desde el plagio hasta la pertenencia a organización criminal, el tráfico de influencias y la colusión agravada. El círculo judicial se cierra a su alrededor: su ex secretario general ha pedido ser colaborador eficaz y sus declaraciones, aun sin corroborar, lo señalan como responsable de graves delitos de corrupción; su cuñada, a quien Castillo crió como una hija, está con detención preventiva, uno de sus sobrinos está fugitivo y también huye de la justicia su ex ministro de transportes. Hasta su esposa está siendo investigada. La irracionalidad de la oposición, que tenía listos planes de vacancia incluso antes de que Castillo asumiera la presidencia, es la que hoy le permite seguir negándose a enfrentar las graves acusaciones y los fuertes indicios de corrupción y simplemente decir que todo hace parte de una conspiración, que quienes hoy piden su renuncia siempre se negaron a aceptar su triunfo y el “triunfo del pueblo”.

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Si solo se mira la situación de Castillo, parece relativamente fácil salir de la crisis, en un país que ya probó que vacar presidentes a través del Congreso no es difícil. El problema es que, aunque parezca increíble, el Congreso tiene peor imagen que el presidente. La aprobación de la gestión del Legislativo llega apenas al 10 por ciento de la población. Por esa razón, la opinión mayoritaria de los ciudadanos rechaza una fórmula en la que se va el presidente, pero se queda el Congreso, que es lo que pretende un sector de la oposición. El periodo de presidente y Congreso termina el 28 de julio de 2026, lo que es una eternidad para seguir viviendo en esta agonía.

Los líderes de los partidos políticos que fueron candidatos en las pasadas elecciones, empezando por Keiko Fujimori, se han mostrado a favor del adelanto de elecciones generales, pero los congresistas de sus bancadas han demostrado que no están dispuestos a abandonar las mieles del poder y prefieren perpetuar la crisis mientras puedan seguir sacándole provecho a su posición, pues en Perú no existe la reelección parlamentaria. Castillo no ha sabido gobernar, pero tampoco se ha dejado sacar. El costo lo ha pagado el país con leyes que debilitan al estado y con repartijas del presupuesto para obras en las regiones. Para vacar al presidente se necesitan 87 votos y el Congreso ya ha intentado dos veces la vacancia sin éxito. Incluso los más audaces de la oposición calculan que tendrían apenas 73 votos a favor de una eventual vacancia. El único camino viable es el adelanto de elecciones con una transición ordenada y con unas mínimas reformas políticas. No parece viable porque nadie se quiere ir, aunque el barco cada vez se hunde más.