Por Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde
Darío Acevedo, el polémico Director del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- , exhibe con orgullo sus credenciales académicas. No es ninguna novedad. También el "historiador" francés Paul Rassiner, en los años 40 del siglo pasado hizo gala de sus títulos intelectuales mientras creaba y promovía "el negacionismo". Tanta indignación produjo aquella torcida pretensión pseudo académica de Rassiner en negar el holocausto nazi que el negacionismo terminó tipificado como delito en toda Europa por considerarse una inaceptable afrenta contra las víctimas. Como grande es la indignación, guardada las proporciones, que generan las tesis de Acevedo y sus áulicos que niegan en nuestros contextos la existencia del conflicto político armado interno y sus millones de víctimas.
(Pacto por la Implementación, por Antonio Sanguino)
Acevedo, como los negacionistas europeos, alega que sus opiniones sobre la negación del conflicto y sus víctimas pueden ser esgrimidas legítimamente porque corresponden a la órbita de la libertad de pensamiento y de opinión. Argumento bastante discutible tanto en el debate académicos como en la deliberación pública. Las instituciones de Derechos Humanos de la Unión Europea, de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano han aclarado en abundante jurisprudencia y pronunciamientos que la libertad de pensamiento y opinión tienen como límite los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En otras palabras, no se puede hacer uso de la libertad de opinión para ofender la dignidad humana y menos aún, la dignidad de las víctimas de delitos atroces. Es ese el fundamento de la tipificación como delito de actitudes y comportamientos negacionistas.
Pero el asunto se pone más grave cuando las tesis defendidas por Acevedo trascienden el marco de sus disparates "académicos" y amenazan la fundamental tarea del Centro de Memoria Histórica en la construcción de un relato que reivindique los derechos de las víctimas y que sea garantía de no repetición de los horrores de un conflicto de más de cinco décadas. Porque, aceptemos en gracia de discusión, que Acevedo es libre de ventilar opiniones que pisotean la dignidad de las víctimas y que ello aún en Colombia no se considere un delito. Lo que no puede ser permitido es que lo haga desde la institucionalidad del Estado y mucho menos desde la entidad que tiene como finalidad construir una memoria desde los testimonios de los victimarios y desde el dolor de quienes fueron sus víctimas.
Acevedo, como funcionario publico, actúa con el inocultable propósito de obstruir el ejercicio de construcción de memoria que el CNMH venía adelantando en cabeza de su antiguo director, el reconocido académico Gonzalo Sánchez. Ya sabemos de su orden para eliminar el libreto del futuro Museo de las Memoria, construido con todas las víctimas. Ahora nos enteramos de la manipulación que pretende hacer y del riesgo que corren los voluminosos y valiosos archivos del conflicto que reposan bajo custodia del Centro de Memoria. Hasta el 2018 la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos contaba con un equipo de 26 personas encargadas del minucioso registro de las violaciones a los Derechos Humanos y al DIH, desmantelado por Darío Acevedo que lo redujo a tres personas.
Pero lo más grave es que en este gobierno se avance en borrar la memoria del paramilitarismo. Se ha cambiado o despedido el equipo de la Dirección de Acuerdos para la Verdad que, en virtud de la Ley 1424 del 2010 y de la Ley de Víctimas, venía cumpliendo la función de subsanar el limbo jurídico identificado por la Corte Constitucional de 19 mil ex paramilitares desmovilizados en la era Uribe Vélez y construir la memoria del fenómeno paramilitar a partir de la verdad de victimarios y de los testimonios de sus víctimas. En la administración anterior se publicaron 3 de 12 informes que dan cuenta de la acción y el impacto de igual número de estructuras regionales de las Autodefensas Unidas de Colombia, mientras que Acevedo impuso un freno de mano a los 9 informes restantes que ya estaban terminados y validados. Llama la atención que uno esos informes corresponde a loa Bloques Metro y Cacique Nutibara, vinculados a las investigaciones de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia que se llevan contra miembros de la familia Uribe Vélez.
(Lea aquí noticias sobre política)
Por supuesto que hay faltas disciplinarias muy graves cometidas por Darío Acevedo que ya están en conocimiento de la Procuraduría General. Pero urge, en el marco de la prórroga de la Ley de Víctimas cuya vigencia expira en el 2021, precisar el carácter autónomo y el estatus académico del Centro de Memoria Histórica, para evitar que su director sea una ficha del Presidente de turno que, como en este caso, imponga una postura ideologizada en la construcción de los relatos históricos que dan cuenta de nuestro conflicto y sus horrores. Una Ley que establezca la política pública de la memoria, resulta necesaria para la no repetición de estos episodios y para penalizar, como en Europa, el negacionismo criollo que pisotea la dignidad de las víctimas.
Por Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde
Darío Acevedo, el polémico Director del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- , exhibe con orgullo sus credenciales académicas. No es ninguna novedad. También el "historiador" francés Paul Rassiner, en los años 40 del siglo pasado hizo gala de sus títulos intelectuales mientras creaba y promovía "el negacionismo". Tanta indignación produjo aquella torcida pretensión pseudo académica de Rassiner en negar el holocausto nazi que el negacionismo terminó tipificado como delito en toda Europa por considerarse una inaceptable afrenta contra las víctimas. Como grande es la indignación, guardada las proporciones, que generan las tesis de Acevedo y sus áulicos que niegan en nuestros contextos la existencia del conflicto político armado interno y sus millones de víctimas.
(Pacto por la Implementación, por Antonio Sanguino)
Acevedo, como los negacionistas europeos, alega que sus opiniones sobre la negación del conflicto y sus víctimas pueden ser esgrimidas legítimamente porque corresponden a la órbita de la libertad de pensamiento y de opinión. Argumento bastante discutible tanto en el debate académicos como en la deliberación pública. Las instituciones de Derechos Humanos de la Unión Europea, de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano han aclarado en abundante jurisprudencia y pronunciamientos que la libertad de pensamiento y opinión tienen como límite los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En otras palabras, no se puede hacer uso de la libertad de opinión para ofender la dignidad humana y menos aún, la dignidad de las víctimas de delitos atroces. Es ese el fundamento de la tipificación como delito de actitudes y comportamientos negacionistas.
Pero el asunto se pone más grave cuando las tesis defendidas por Acevedo trascienden el marco de sus disparates "académicos" y amenazan la fundamental tarea del Centro de Memoria Histórica en la construcción de un relato que reivindique los derechos de las víctimas y que sea garantía de no repetición de los horrores de un conflicto de más de cinco décadas. Porque, aceptemos en gracia de discusión, que Acevedo es libre de ventilar opiniones que pisotean la dignidad de las víctimas y que ello aún en Colombia no se considere un delito. Lo que no puede ser permitido es que lo haga desde la institucionalidad del Estado y mucho menos desde la entidad que tiene como finalidad construir una memoria desde los testimonios de los victimarios y desde el dolor de quienes fueron sus víctimas.
Acevedo, como funcionario publico, actúa con el inocultable propósito de obstruir el ejercicio de construcción de memoria que el CNMH venía adelantando en cabeza de su antiguo director, el reconocido académico Gonzalo Sánchez. Ya sabemos de su orden para eliminar el libreto del futuro Museo de las Memoria, construido con todas las víctimas. Ahora nos enteramos de la manipulación que pretende hacer y del riesgo que corren los voluminosos y valiosos archivos del conflicto que reposan bajo custodia del Centro de Memoria. Hasta el 2018 la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos contaba con un equipo de 26 personas encargadas del minucioso registro de las violaciones a los Derechos Humanos y al DIH, desmantelado por Darío Acevedo que lo redujo a tres personas.
Pero lo más grave es que en este gobierno se avance en borrar la memoria del paramilitarismo. Se ha cambiado o despedido el equipo de la Dirección de Acuerdos para la Verdad que, en virtud de la Ley 1424 del 2010 y de la Ley de Víctimas, venía cumpliendo la función de subsanar el limbo jurídico identificado por la Corte Constitucional de 19 mil ex paramilitares desmovilizados en la era Uribe Vélez y construir la memoria del fenómeno paramilitar a partir de la verdad de victimarios y de los testimonios de sus víctimas. En la administración anterior se publicaron 3 de 12 informes que dan cuenta de la acción y el impacto de igual número de estructuras regionales de las Autodefensas Unidas de Colombia, mientras que Acevedo impuso un freno de mano a los 9 informes restantes que ya estaban terminados y validados. Llama la atención que uno esos informes corresponde a loa Bloques Metro y Cacique Nutibara, vinculados a las investigaciones de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia que se llevan contra miembros de la familia Uribe Vélez.
(Lea aquí noticias sobre política)
Por supuesto que hay faltas disciplinarias muy graves cometidas por Darío Acevedo que ya están en conocimiento de la Procuraduría General. Pero urge, en el marco de la prórroga de la Ley de Víctimas cuya vigencia expira en el 2021, precisar el carácter autónomo y el estatus académico del Centro de Memoria Histórica, para evitar que su director sea una ficha del Presidente de turno que, como en este caso, imponga una postura ideologizada en la construcción de los relatos históricos que dan cuenta de nuestro conflicto y sus horrores. Una Ley que establezca la política pública de la memoria, resulta necesaria para la no repetición de estos episodios y para penalizar, como en Europa, el negacionismo criollo que pisotea la dignidad de las víctimas.