El abogado penalista Francisco Bernate reflexionó sobre la posibilidad de que la Corte Constitucional abra la puerta para que en Colombia exista el aborto libre. Asegura que sería una decisión beneficiosa, no solo para la administración de justicia, sino también para el avance de la protección de los derechos sexuales, reproductivos y de la salud de las mujeres.
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Siguiendo los pasos de México, un país con profundas convicciones católicas y conservadoras, Colombia sentaría un valiente precedente de modernidad legal al reivindicar el derecho a la vida y a la salud de las mujeres que eligen interrumpir su embarazo sin que esto las condene a la medieval hoguera de la inquisición o a la clandestinidad.
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Si la Corte falla a favor del proceso D-13586 (una demanda que estudia el despacho del magistrado Alberto Rojas Ríos), que propone que se declare inconstitucional el artículo 122 de la Ley 599 de 2000 por ser “injusto con las mujeres más vulnerables, ineficiente para proteger el derecho a la vida y violatorio de los derechos de las mujeres y niñas, así como del personal de salud”, abrirá el camino para que el aborto sea por fin tratado como lo que es: un problema de salud pública y no un asunto que atañe al ya recargado aparato judicial.
Si bien en el 2006 gracias a la sentencia C-355 de la Corte Constitucional nuestro país tomó un pasó importante al legalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que estableció su despenalización bajo las causales de peligro a la vida o salud de la mujer; malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero y embarazo producto de abuso, violación, incesto; transferencia de óvulo o inseminación no consentida, la realidad no refleja lo que dice el papel. Parece que tampoco han sido efectivas las ratificaciones de esta sentencia para robustecer su legalidad, pues, hoy en día, quienes buscan interrumpir su embarazo de forma legal en casos de violación o peligro a su vida, se enfrentan a múltiples barreras legales, que las obliga a acudir al sistema judicial para solicitar la aplicación de un derecho, muchas veces en una carrera contra el tiempo.
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Según el informe de la Criminalización del Aborto en Colombia realizado por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, cerca de 400 casos de aborto se llevan cada año ante la justicia penal. Además, son las mujeres y niñas en condición de vulnerabilidad las que tienen mayor probabilidad de ser criminalizadas. Para hacer estas cifras aún más preocupantes, el informe estima que el 13 % de los casos de aborto perseguidos por la justicia en el país corresponden a adolescentes entre los 14 y 17 años y un 24 % de los casos en que se condenan son menores de edad.
El miedo a ser denunciadas por funcionarios de las Comisarias de Familia y trabajadores de la salud hace que muchas mujeres se practiquen abortos inseguros (a pesar de que cumplan con una o varias de las tres causales protegidas por la ley) que pueden provocar serios problemas de salud e incluso la muerte. Según Human Rights Watch, cada año en Colombia ocurren alrededor de 450.000 abortos ilegales, en su mayoría por parte de niñas y adolescentes.
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Recargar al sistema judicial con procesos para criminalizar el aborto es un despropósito que lamentablemente es producto de nuestra incapacidad para generar otras soluciones para las mujeres que se enfrentan ante un embarazo no deseado o riesgoso. No hemos entendido el por qué del aborto y ante esa ignorancia, preferimos el castigo mediado por creencias religiosas o filosóficas que obvian completamente los derechos y libertades de las niñas y mujeres en Colombia.
Si la Corte Constitucional toma la decisión correcta y sabia de despenalizar por completo el aborto, Colombia ganará en muchos frentes. Comenzará un debate para reflexionar como sociedad alrededor de políticas sociales y de salud pública que ofrezcan garantías de cuidado, apoyo y acogida a mujeres y personas gestantes; educación sexual a hombres y mujeres por igual en todos los sectores de la sociedad; revaluar el rol de los trabajadores de la salud en el problema del aborto cuando se niegan a garantizar la salud o violan el secreto profesional al hacer denuncias. Las posibilidades son infinitas.
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Además, un fallo en este sentido repercute de manera directa en el ágil desempeño de las funciones de la propia Corte Constitucional. Al disminuir la congestión del sistema judicial, también se podrían reducir los problemas que vienen con ella: mora, inseguridad jurídica y barreras de acceso a la justicia. Esto, sin contar que sería una aliada fundamental en la implementación de la transformación digital y modernización de la justicia gracias al préstamo millonario concedido por el BID en pro de una justicia más eficiente, oportuna y cercana a los ciudadanos.
Espero que nuestra Corte esté a la altura de las circunstancias y que podamos hacer eco de las poderosas, emotivas y humanas palabras del ministro de la Suprema Corte y autor del proyecto de despenalización del aborto en México, Luis María Aguilar: “Nunca más una mujer ni una persona con capacidad de gestar deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo”.
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