La llegada de Colombia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no es un hecho aislado. Se inscribe en una serie de acciones para defender el multilateralismo en uno de los momentos más determinantes de la historia. De forma simplista se ha llegado a la conclusión engañosa de que la ONU está en crisis y en el colmo de la injusticia algunos la responsabilizan de las tragedias humanitarias que golpean el Medio Oriente o el África Subsahariana. Si hay guerra civil en Sudán o genocidio en Gaza y Kivú, se preguntan “¿y dónde están las Naciones Unidas?”. Sugieren su clausura haciéndoles el favor, sin saberlo, a movimientos, partidos y líderes políticos reaccionarios que han hecho del discurso antiderechos un atractivo mantra electoral. La pregunta cuando se asesina a inocentes en Gaza no debería apuntar al paradero de Naciones Unidas, sino a los ejecutores del genocidio. Si se persiguen migrantes, los estigmatizan y los despojan de sus derechos, se debe señalar a quienes irresponsablemente agitan la bandera de la xenofobia y no a un sistema que en buena medida ha sido protagonista de las conquistas en materia de derechos en los últimos 80 años.
Partiendo de esta base y desde su tradición, Colombia empezó un período como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad (2026 -2027). Este mes le corresponde la presidencia del órgano encargado de la seguridad y orden mundiales. Por eso, el pasado 10 de junio el presidente Gustavo Petro dejó de manifiesto el compromiso de Colombia con el derecho internacional, los derechos humanos y el multilateralismo, principios que no son capricho de este gobierno, sino que reflejan valores que por décadas el Estado colombiano ha defendido con pocas excepciones (los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque). Los más escépticos dirán que de poco sirve nuestra participación en el Consejo, pues el proceso de toma de decisiones parecería condenado al bloqueo estéril por el veto del que gozan los cinco permanentes (China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia), norma no escrita que ha puesto en evidencia la necesidad de reformar el sistema, como el propio presidente colombiano ha señalado con justificada vehemencia.
Ahora bien, nuestra presencia no será ni anecdótica ni intrascendente. Bajo el liderazgo de Petro y Francia Márquez, Colombia se ha ganado un espacio como voz legítima del sur global, reivindicando principios y valores extraviados en una convulsa situación internacional con el retorno de la guerra a Europa, la exacerbación de conflictos en el África Subsahariana, el escalamiento de la violencia en Medio Oriente y el genocidio en Gaza y Cisjordania. En medio de tantas calamidades, el país ha mantenido los canales para la cooperación sur-sur, el acercamiento estratégico entre América Latina y el Caribe con el África, una participación activa en foros regionales y posturas consistentes en los distintos espacios del sistema ONU. Colombia llega con margen de maniobra al Consejo.
Este esfuerzo debe entenderse bajo una articulación con el Consejo de Derechos Humanos, en el que por primera vez tenemos un asiento que nos ha permitido poner en evidencia las graves violaciones, las infracciones al DIH y proponer marcos más robustos de defensa desde el multilateralismo. El liderazgo de Gustavo Gallón, de conocida trayectoria en el campo de los derechos humanos, ha convertido a Colombia en un referente global para el mantenimiento y ampliación de las garantías. Es normal indagar por el impacto real de estas posturas en un mundo de una geopolítica tan hostil frente a lo humanitario. La respuesta es clara, el imperativo categórico de mantener la promesa de la posguerra de un sistema internacional basado en normas nos obliga a copar todos los espacios en defensa de un derecho internacional bajo asedio. El sur global es quien marca la pauta para defender los derechos de los migrantes, condenar las nuevas formas de colonialismo y supremacismo, avanzar hacia una descarbonización sin mayores dilaciones y proteger los Objetivos de Desarrollo Sostenible frente a la andanada en contra de la igualdad, diversidad e inclusión. No es una pelea fácil, pero al sistema de Naciones Unidas le debemos reconocer la visibilidad que estos temas tienen en la política global. Difícilmente se les daría la relevancia que tienen sin la existencia de una red de agencias que en toda latitud se la juegan por los más desfavorecidos.
Colombia ha defendido una reforma al sistema de Naciones Unidas, conscientes de que la estructura del Consejo de Seguridad refleja anacronismos; se ha insistido en un balance geográfico, la superación de un veto que en el último tiempo ha obstaculizado medidas concretas de cara al genocidio en Gaza y mayor consistencia a la hora de señalar situaciones de tensión que pongan en jaque la seguridad internacional. Pero estas críticas no pueden hacer eco de los discursos antiderechos que ven en Naciones Unidas una institución permeada por una ideología en particular. La defensa de derechos no es cosecha de ninguna plataforma ideológica, se trata de conquistas de la humanidad. Mi generación se formó con el trauma de la Resolución 1441, instrumentalizada por el entonces gobierno de George W. Bush para legitimar la guerra ilegal contra Irak. Sin embargo, se requiere una lectura renovada del papel de las resoluciones del Consejo en la realidad colombiana. Vale la pena señalar la relevancia de la 1325 sobre mujeres, paz y seguridad y la 2250 sobre jóvenes, paz y seguridad. Ambas han sobrepasado el plan abstracto y se han convertido en planes de acciones que serán un reto y una responsabilidad para el Estado colombiano. Señalan un derrotero para que el país siga avanzando en la garantía de derechos y acercarnos a la promesa del 91 de contar con un Estado social de derecho.
Defenderemos el sistema multilateral porque creemos en la vida, en el derecho y condenamos la preocupante tendencia de poderes superpuestos a las normas. Es la única forma de mantener vigente la promesa que como humanidad nos hicimos en la posguerra.
*Viceministro de Asuntos Multilaterales
Por Mauricio Jaramillo Jassir
