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La captura de Maduro es impactante, pero no sorprendente. Impactante por la forma como fuerzas militares de élite de los Estados Unidos intervinieron el espacio aéreo y terrestre venezolano, en su capital, en su corazón, Caracas, poblada por civiles desprovistos de una defensa militar suficiente. Sin embargo, no es causa de ninguna sorpresa, porque Trump simplemente hizo lo que anunció que iba a hacer. Este es el claro caso de crónica de una “captura” anunciada. Miremos la forma como se desenvolvieron los hechos hasta llegar al 3 de enero.
Una vez iniciado su nuevo periodo en la Casa Blanca, Donald Trump generó roces diplomáticos con el líder venezolano. Luego, las relaciones diplomáticas se cortaron y se escalaron a una controversia política internacional.
Los Estados Unidos, o más concretamente el gobierno Trump, calificaron a Nicolás Maduro de narcotraficante. Posteriormente, dijo que, en la medida en que el narcotráfico financia el terrorismo, el calificativo se aumenta a aquel de narcoterrorista. Luego de estos apelativos de derecho y política internacional, los Estados Unidos iniciaron el despliegue de fuerzas militares navales por el mar Caribe. Posteriormente, los mismos se reforzaron con mayor fuerza de pie y sobrevuelos militares sobre la zona.
Comenzó el primer bombardeo a lanchas pesqueras que supuestamente cargaban narcotráfico. Vino la segunda lancha, la tercera, el primer muerto, el segundo, y ya van, con reportes que oscilan entre más de sesenta hasta ciento diez personas fallecidas en distintos ataques. A continuación, comenzaron los ataques a buques cargueros de petróleo, se confiscó el petróleo y se hizo un bloqueo económico absoluto a Venezuela y a Nicolás Maduro, mientras se reitera con cada intervención la calidad de narcoterrorista del líder chavista. Luego vinieron agentes encubiertos en tierra y, finalmente, la madrugada, las 2 de la mañana del 3 de enero de 2026. Como se denota, impactante, mas no sorprendente.
¿Esto lo permite el derecho internacional?
Definitivamente no. La captura de Nicolás Maduro en Caracas es un acto, a todas luces, contrario al derecho internacional. El derecho internacional contemporáneo está fundado bajo una norma esencial como la prohibición del uso de la fuerza y la no intervención en las relaciones internas de un Estado. Esto incluye la prohibición de la intervención tanto armada como de cualquier otro tipo.
En otras palabras, el derecho internacional, bajo ninguna circunstancia, permite que un Estado interfiera en otro, ni siquiera bajo alegaciones de violaciones jurídicas. Está claro que el régimen de Nicolás Maduro era y es totalmente ilegítimo, sobre todo en su última elección, la cual fue contraria a todas las reglas democráticas, violatoria también del derecho internacional y propiciatoria de una situación continua de violaciones masivas a los derechos humanos en el territorio venezolano. Sin embargo, ni siquiera esto, de entrada, justifica la apertura para una intervención en un Estado.
Siendo la intervención prohibida en el derecho internacional, sus excepciones son muy concretas y gozan de procedimientos muy rigurosos. La primera excepción es la legítima defensa, cuando ya hay un ataque activo o inminente, y dicha defensa debe ser inmediata al ataque y proporcional al mismo. La segunda excepción es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emita una resolución a la luz del Capítulo Séptimo de la Carta de las Naciones Unidas, es decir, bajo un procedimiento muy riguroso que permita la intervención armada.
Sobra decir que esta intervención debe requerir la aquiescencia explícita de todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, incluidos Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra. Cualquier posición en contrario de alguno de los mismos vetará y hará inefectiva dicha resolución.
Así las cosas, es evidente que este ataque de la madrugada del 3 de enero no contaba con ninguna de las posibles excepciones que establece el derecho internacional para la intervención. Tan evidentemente es contrario al derecho internacional que las primeras declaraciones de mandatarios europeos, así como de organismos internacionales, reivindicaban precisamente la vigencia del derecho internacional. Sin embargo, y pese a que el acto fue contrario al derecho internacional, es un acto político que, a todas luces, ha quedado ejecutado.
¿Está Estados Unidos por fuera del derecho internacional?
Desde un punto de vista realista, la respuesta es, sin lugar a dudas, sí. ¿Por qué? Pese a que Estados Unidos es parte de la ONU y, de hecho, ofrece en Nueva York la sede de la propia organización, lo cierto es que Estados Unidos no hace parte de ningún órgano de solución pacífica de controversias. En otras palabras, es un Estado que no puede ser demandado prácticamente ante ningún tribunal, con algunas excepciones en el organismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio.
Asimismo, y por otro lado, y pese a ser parte de la ONU, en la medida en que es un miembro permanente del Consejo de Seguridad, tiene la capacidad de vetar cualquier decisión que considere inoportuna para su política internacional. Por otro lado, y pese a las alegadas violaciones de derecho internacional, las medidas restantes son de naturaleza política, militar o económica.
Sin embargo, en ninguno de estos tres frentes o áreas existe Estado alguno u organización internacional alguna que pueda darse pulsos de poder con la potencia número uno, los Estados Unidos. Cualquier intento de llevar la contraria podría implicar graves consecuencias de naturaleza militar, política o incluso económica.
¿Sigue Petro?
No sabemos si el siguiente en la lista de Trump es Petro, eso es algo que solo él lo sabe. Lo que sí sabemos es que la gestión de Donald Trump en la Casa Blanca durante el año 2025 nos muestra que Trump tuvo la capacidad de ejecutar todo lo que previamente anunció. Presentó a Nicolás Maduro como un narcoterrorista, fortaleció las medidas militares y, finalmente, lo capturó.
Debemos tener presente que un proceso análogo ha ido corriendo con Gustavo Petro. Todo se inició con el incidente de los inmigrantes colombianos retornados a Colombia desde los Estados Unidos, los cuales Petro se negó a aceptar por no venir en condiciones de humanidad. Luego de eso siguieron las controversias suscitadas en las redes sociales y, no menos importante, la aparatosa aparición de Petro en Nueva York con su visita oficial a las Naciones Unidas, donde en su discurso formal no solamente despotricó todo lo que pudo en contra de Donald Trump, sino que posteriormente y usando un megáfono decidió hacerse partícipe de protestas públicas en las calles de Manhattan, en las cuales, entre otras cosas, invitó a soldados estadounidenses a que desobedecieran al primer mandatario americano, el presidente Donald Trump. Luego de esto vino la descertificación de Colombia, el anuncio de Gustavo Petro como narcotraficante y, finalmente, su determinación como narcoterrorista, por supuesto, a los ojos de Estados Unidos.
En la mañana del 3 de enero, justo unas horas después de que Nicolás Maduro fuera sacado a la fuerza de su propio dormitorio, Donald Trump se refirió a Gustavo Petro como “un tipo malo, un tipo muy muy muy malo”. Así mismo, ha mencionado que es una persona que simplemente dirige un cartel de drogas al cual los Estados Unidos no está dispuesto a tolerar. ¿Sigue Petro? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Trump ha ejecutado todo lo que ha prometido. Este es tal vez el momento de que el Estado colombiano se tome más en serio las advertencias de Donald Trump. Este es un llamado para que la rama judicial y la rama legislativa se sienten a conversar al respecto de las probables consecuencias que pueda tener para Colombia, para su territorio, el innegable aumento de las zonas de producción de droga en el territorio colombiano, así como de los grupos armados. Al parecer, esto es algo que no genera el mayor agrado de Trump y, en medio, está todo el pueblo colombiano.
* Fabián Cárdenas es profesor de planta en Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Javeriana. @fbncardenas
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