Así como el 9 de febrero de 2023, el mundo se levantó este jueves con la noticia de un nuevo grupo de personas presas políticas que había salido de Nicaragua en la madrugada, sin ningún tipo de registro. Esta vez, el gobierno de Estados Unidos anunció la “liberación” de 135 hombres y mujeres que tras una incierta negociación política llegarían horas más tarde a Guatemala, mientras el presidente Bernardo Arévalo les daba la bienvenida.
Lo que tanto Estados Unidos como Guatemala anunciaron como una liberación es en realidad un destierro. Otro acto violatorio de los derechos humanos que se suma a la larga lista de acciones represivas del gobierno contra su pueblo. Recordemos que estas 135 personas fueron detenidas, en su inmensa mayoría, de forma arbitraria por manifestarse de alguna manera contra el régimen y que tras el destierro seguramente vendrá la desnacionalización exprés aprobada por un congreso de bolsillo.
Definitivamente es mejor que estén afuera de Nicaragua y no en cárceles como el Chipote, uno de los centros carcelarios más hostiles del mundo y donde a diario se violan todo tipo de derechos a las personas reclusas. Sin embargo, esta medida solo profundiza la crisis de derechos humanos que vive el país y enfatiza la postura del gobierno frente a la oposición política y las voces alternativas: o te callas o dejas de ser nicaragüense.
Las 222 personas desterradas por el gobierno el año pasado, y que fueron trasladadas forzosamente a Estados Unidos, han pasado por todo tipo de obstáculos: el impacto emocional de la pérdida de nacionalidad y de identidad nicaragüense, la dificultad de vivir en un país que cada vez más endurece las medidas migratorias, la imposibilidad de seguir luchando por la libertad y la democracia en su país y el ostracismo al que los condena Ortega y su régimen.
Seguramente estas 135 personas pasarán por el mismo proceso mientras ese gobierno sigue usando a las presas y los presos como moneda de cambio para salir del ahogo político de cara al Examen Periódico Universal de Naciones Unidas y a sus intenciones de préstamos por parte de fondos internacionales.
Mientras tanto, de puertas para adentro, Ortega seguirá reprimiendo. Según el Mecanismo de Presos y Presas Políticas de Nicaragua, entre la excarcelación de los 222 en 2023 y el 31 de julio de este año, el gobierno detuvo arbitrariamente a 114 personas, lo que daba una suma total de 151 presos y presas por razones políticas. Con la medida de hoy, permanecen en las cárceles de ese país 16 personas presas políticas de las que se tiene registro.
Las detenciones arbitrarias se suman a otras prácticas represivas del gobierno, como el cierre de más de 3000 organizaciones en los últimos años, entre fundaciones humanitarias, organizaciones médicas, congregaciones religiosas y personas que ejercen el derecho a la asociación. Esto en medio de la cooptación de los poderes por parte del ejecutivo, de la concentración del poder en la dupla Ortega-Murillo y el exilio masivo de nicaragüenses hacia Costa Rica y otros países de la región.
Todo esto sucede ante la mirada de la comunidad internacional. A pesar de las sanciones económicas a funcionarios y a empresas nicaragüenses por parte tanto del Departamento de Estado de EE. UU. como de la Unión Europea, la restricción de visas y las más de ocho resoluciones condenatorias del Parlamento Europeo a las violaciones de derechos humanos, el régimen sostiene un sistema que asfixia a su pueblo.
Por eso tanto la sociedad civil que desde el exilio sigue luchando por Nicaragua, así como las organizaciones internacionales que trabajamos por la defensa de los derechos humanos en ese país llamamos a que se endurezcan las posiciones que condenan las arbitrariedades de ese gobierno, en particular de actores de la región; que tanto los gobiernos como los organismos multilaterales exijan al régimen respetar la vida y la seguridad de activistas, periodistas, abogados y personas que defienden los derechos humanos en Nicaragua.
De igual manera, que se amplíe la solidaridad del mundo frente a las desterradas y los desterrados, con acciones concretas en materia de migración, visados y trámites de regularización; y espacios y recursos para que puedan seguir su trabajo por los derechos humanos y la democracia en su país desde el exilio. Y que los ojos de la justicia internacional permanezcan en el país.
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