Los argumentos que el presidente Uribe ha esgrimido para apoyar el hundimiento de la ley de víctimas ponen de relieve un aspecto preocupante de la política de Seguridad Democrática.
La conciliación en el Congreso que permitía a las víctimas del Estado recibir reparación por vía administrativa, al igual que las víctimas de grupos armados ilegales, fue rechazada por el Presidente porque, según él y como consta en la página web de este diario, “nivelaba a los soldados y policías de Colombia con los terroristas”, y eso constituía un “golpe muy grande a la Seguridad Democrática”. Desgraciadamente para las víctimas de los crímenes de Estado en Colombia y sus familias, el presidente Uribe se equivoca. La ley de víctimas era para las víctimas, no para los victimarios. Los “soldados y policías de Colombia” que han incurrido en crímenes de Estado, entre los que sobresalen las terribles ejecuciones extrajudiciales, son amenazas para la democracia colombiana, iguales o peores que los terroristas que la atacan todos los días. Cualquier política de seguridad que tenga algo de democrática abogaría, primero que todo, por que los encargados de combatir la ilegalidad con la fuerza se mantuvieran siempre y ante cualquier situación dentro de la legalidad. El respeto por la ley es un fundamento axial de un Estado democrático y, desafortunadamente, pareciera que la consabida política con que el Gobierno busca proteger nuestra democracia se fundamentara sobre crímenes de Estado. Si el Gobierno no reconoce a las víctimas de las aberraciones de la Fuerza Pública, estaría confirmando que la Seguridad Democrática es la supuesta defensa de la legalidad desde la ilegalidad. Porque en el juego de la democracia los medios corrompen los fines.
Simón Ganitsky White. Bogotá.
Fe de erratas
Ofrecemos excusas a nuestros lectores por un error involuntario en la fotografía que ilustra la nota “En el limbo $26.000 millones”, publicada el viernes 19 de julio en la sección judicial. Aunque la nota trata sobre operaciones irregulares de la firma Probolsa con recursos de los municipios del país, la fotografía es de la Bolsa de Valores de Colombia, entidad que nada tiene que ver con la firma cuestionada. El uso de la fotografía equivocada podría inducir al lector a asociaciones entre una y otra cuando la empresa Probolsa no es una sociedad comisionista de bolsa y por tal motivo tampoco está entre los intermediarios regulados de este mercado o ni en la BVC.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
