Aborto y cadena perpetua

Quisiera reaccionar frente a los planteamientos hechos por el investigador Francisco Gutiérrez en su columna titulada “Duro con ellos (y ellas)”, publicada el día viernes 10 de octubre.

En ella, sugiere que apoyo la propuesta de monseñor Libardo Gutiérrez de castigar con pena de muerte el aborto. Frente a tal afirmación, señalo que mi posición pública siempre ha sido la de respetar y acatar la sentencia C-355 de 2006, proferida por la H. Corte Constitucional, que despenalizó el aborto en tres eventos puntuales: i.) Cuando esté en riesgo la vida de la mujer, ii.) Cuando exista grave malformación del feto y iii.) Cuando el embarazo haya sido producto de incesto, de violación o de inseminación artificial no consentida.

De otra parte considero que, contrario a lo que piensa el columnista, la postura política de crear en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de que un juez imponga hasta la cadena perpetua para violadores, asesinos y secuestradores de niños (as), no responde a lo que de manera inapropiada denomina “estimulación de las malas pasiones sicariales”, sino que es producto del análisis de la crítica situación que afronta nuestro país en ese tema y de la plena convicción de que por mandato constitucional, los niños (as) y en general las personas que se encuentran en manifiesta situación de inferioridad requieren de un cuidado y protección adicional por parte del Estado.

Finalmente, quisiera recordar al columnista Gutiérrez que pertenezco a un grupo significativo de ciudadanos denominado “Por el País que Soñamos”, ejemplo claro de pluralismo político y no a un “grupito” como de manera peyorativa lo enuncia, en desmedro de la calidad y diversidad democráticas que desde la academia él dice defender.

 David Luna Sánchez. Representante a la Cámara por Bogotá.

Colegios en el Distrito

A través del informe titulado “¿Plagio de denuncias?”, publicado en la edición del viernes, se insinúa que en mi calidad de representante a la Cámara por Bogotá copié o plagié las denuncias de un concejal de Bogotá sobre contratación en el reforzamiento de colegios del Distrito.

No sólo rechazo tal insinuación, que carece de cualquier sustento y del rigor periodístico que se requiere en señalamientos tan delicados. Además, estoy en capacidad de asegurar, con documentos en mano, que el periodista incurrió en una seria ligereza que pone en duda el trabajo que con el equipo venimos desarrollando sobre este tema desde hace dos meses.

Desde agosto pasado se le requirió a la Secretaría de Educación el suministro de información detallada sobre los contratos de reforzamiento de los colegios. Producto de ese requerimiento, con oficio número 110842 de fecha 27 de agosto, firmado por el secretario de Educación, Abel Rodríguez, el funcionario solicita 15 días adicionales para dar respuesta a las inquietudes que ya había planteado ese mismo mes.

El 29 de septiembre la Secretaría de Educación finalmente hizo llegar a mi despacho la información. Como podrán darse cuenta, todo esto ocurrió mucho antes del debate en el Concejo, que fue realizado el martes 7 de octubre.

 Simón Gaviria Muñoz. Representante a la Cámara por Bogotá.

La justicia en Colombia

El paro de la Rama Judicial en Colombia pone sobre la mesa el tema de la aplicación de justicia en nuestro país, pero más que analizar el contexto y los detalles jurídicos del fenómeno, quiero hacer algunas observaciones sobre la forma como se integran el funcionamiento del Ejecutivo y el Poder Judicial.

Cornelius Castoriadis plantea en su obra La crisis de las sociedades occidentales, que los individuos pertenecen a su sociedad porque participan en su estructura de significados sociales en sus normas, valores, mitos, ideas, tradiciones, proyectos, etc. Y porque ellos comparten la voluntad de pertenecer a un orden social. Esto implica que la institución “sociedad” está determinada por el compromiso hacia un orden normativo legalmente estatuido, orden que parece ser, según la actual crisis, en Colombia no se ha logrado consolidar; porque no se entiende de otra forma que después de 39 días de inoperancia de la justicia en un país de 45 millones de habitantes, el Gobierno siga ejerciendo sin algún tipo de alteración. La industria, los partidos políticos, la Iglesia, la cultura, los movimientos sociales, el mercado siguen funcionando de manera “natural”, y el gobierno democráticamente elegido sigue ejerciendo sus funciones.

Si planteamos que el sistema político colombiano es por “naturaleza” democrático, la pregunta del millón de dólares sería si a un gobierno legalmente instituido por una democracia le es posible mantener el aparato del Estado con un paro del sistema judicial que lleva ya más de un mes sin funcionar. Creo que es imposible, de hecho no hay registro de un cese de actividades tan largo en ningún país en las últimas décadas, porque a la luz del nuevo orden mundial, el principal papel del Estado es el del mantener el orden social. ¿Cómo se mantiene el orden si no hay quién aplique justicia? La respuesta a esta pregunta queda a la imaginación de cada uno de los lectores, pero, lo que se deja ver en la actual crisis, es que efectivamente el país está sumergido en una profunda crisis de legalidad y de justicia, por lo menos de legalidad y justicia institucional; la actual crisis plantea que por un lado van las acciones políticas del Gobierno, y por el otro las necesidades y prioridades del pueblo.

 Hermman Eduardo N. Medellín.

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