He leído con mucha expectativa el editorial “¿Qué hacer con los parafiscales?”, publicado el domingo 2 de mayo, en donde se hacen consideraciones sobre los recursos parafiscales que administran el Sena, ICBF, Cajas de Compensación Familiar y su justificación económica en cuanto sean destinados en forma prioritaria o exclusiva a mejorar el bienestar de los trabajadores de las empresas aportantes.
Reconocemos que “los parafiscales sólo tienen sentido económico en la medida en que los recursos obtenidos sean destinados de forma prioritaria o exclusiva a prestar servicios a las empresas aportantes y a mejorar el bienestar de los trabajadores”. Sin embargo, déjeme precisar otros aspectos que ha tocado el editorial en especial en lo que tiene que ver con la financiación de los aportes parafiscales.
Para cada una de las instituciones se hacen reflexiones en relación con su destinación; en el caso específico de las Cajas de Compensación Familiar, no obstante reconocer que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de la población en general, se afirma que no son exclusivos del sector laboral.
Concretándonos al caso de las Cajas de Compensación Familiar, es importante recordar que su origen data de 1954 cuando empresarios antioqueños crearon la primera Caja con el propósito de aliviar las cargas familiares de los trabajadores. En 1957, se estableció la obligación para los empresarios de constituirla en las distintas regiones del país.
Desde entonces, las Cajas han cumplido una labor excepcional de redistribución del ingreso, de motores del desarrollo social en las regiones y de actores importantes en la política social del Estado. Los recursos del 4% tienen por disposición legal, destinaciones específicas para salud (Fosyga), subsidio de vivienda, atención integral a la niñez, jornada escolar complementaria, subsidio al desempleo, subsidio en dinero, educación, capacitación, recreación, entre muchos otros.
La población beneficiaria del subsidio en dinero y servicios son los trabajadores que devengan hasta cuatro salarios mínimos, operando así el sistema de compensación que permite que el aporte por trabajadores de mayores ingresos beneficie a aquellos de menores.
Teniendo en cuenta estas variables, debemos decir que sustituir la fuente financiación de la parafiscalidad de privada a pública implicaría renunciar a un instrumento de política social desde el sector privado, y se produciría la desconexión total entre el sector empleador y los trabajadores, con enormes consecuencias en las relaciones entre estos dos importantes sectores en la productividad, competitividad y el empleo.
Un cambio de fuente de financiación de la parafiscalidad debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: la problemática asociada al sistema tributario; la eficiencia y la focalización de los programas de las Cajas; y la labor excepcional que han cumplido las Cajas de redistribución del ingreso, de ser motores de desarrollo social en las regiones y de ser actores primordiales en la política social del Estado.
Lo anterior significa que remover la parafiscalidad no es un imposible político sino un imposible social porque se pretende aliviar la crisis de empleo nacional acabando con uno de los pocos instrumentos redistributivos que aún conserva el país.
Según estudios de centros de investigación económica, como el del Observatorio del Mercado de Trabajo del Externado, La parafiscalidad laboral en Colombia, han demostrado que suprimir los parafiscales “sólo permitirían la creación de 180.000 empleos, por una sola vez”.
El mismo documento contempla, por ejemplo, que una financiación diferente de los servicios prestados por el ICBF, el Sena y las Cajas de Compensación se daría a costa de un empeoramiento de la redistribución del ingreso nacional.
En gracia de discusión, podemos inferir que en países, como Suecia, donde han sido documentados los resultados ocupacionales de dos episodios de disminución diferenciada a nivel regional en los impuestos a la nómina, el primero en 1984 y el segundo en 2002, en ninguna de las dos circunstancias se encontró evidencia estadísticamente significativa a favor de un aumento de la ocupación. Un experimento similar de exención regional diferenciada en los impuestos al trabajo se dio en Finlandia en 2003 con hallazgos idénticos al caso sueco en materia de empleo. En América Latina, la experiencia de Chile, que en 1981 redujo sustancialmente las contribuciones a seguridad social, en este caso la disminución en los gravámenes laborales resultó en mayores salarios, sin efectos importantes sobre los niveles de empleo.
Quienes acusan a los aportes parafiscales de afectar el empleo, sospechosamente no mencionan que desde 1985 hasta 2010, los costos asociados a la nómina con cargo a los empleadores por concepto de salud se han casi que duplicado, pasando del 4,7 al 8,5%, en pensiones se han triplicado, pasando del 4,3 al 12,0%, mientras que los denominados parafiscales no se han incrementado desde su establecimiento, en el caso de las Cajas desde 1957. Desconocemos cuál es la razón para que en algunos centros de pensamiento se omitan estos análisis.
Como argumento adicional, permítanme citar algunas cifras sobre la importancia social de las Cajas: el año pasado entregaron a los trabajadores afiliados, con hijos menores de 18 años, cerca de 48 millones de subsidios en dinero por valor de $899.709 millones; asignaron un total de 47.791 subsidios para vivienda, por un monto de $460.415 millones; en los centros de educación de las Cajas se educan 82.260 hijos de trabajadores; y las Cajas han asignado, desde 2003, 378.649 subsidios al desempleo por un monto de $225’825.435. Además, de todos los programas que ofrecen las Cajas se benefician 14’583.337 trabajadores colombianos con sus familias; y si incluimos los programas de atención integral a la niñez, la tercera edad, los adultos mayores, atención a los desplazados y otros programas adicionales que ofrecen las Cajas a no afiliados, la cobertura de servicios asciende a 22’868.507 colombianos, es decir, casi el 50% de la población nacional.
Cambiar el sistema de financiación o reducir el aporte empresarial a las Cajas representaría para los trabajadores pérdidas en subsidios de vivienda de interés social, subsidio monetario, educación, recreación, capacitación, crédito, porque no habría cómo reemplazar estos aportes.
Álvaro José Cobo Soto. Presidente Ejecutivo, Asocajas. Bogotá.
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